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Santa Fe, con un escenario inédito en el país: una crisis política forzada por el poder del narcotráfico
Las bandas generan un estado de conmoción que desestabiliza al gobierno de Omar Perotti, quien ya cambió cuatro ministros y diez jefes policiales; ahora, la desconfianza política con la Casa Rosada suma otro elemento para profundizar la crisis
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.-La crisis política que golpea a Santa Fe plantea un escenario inédito en la Argentina: grupos narcos generan un estado de conmoción, en base a crímenes y ataques a balazos a edificios públicos en Rosario, que socaba la estabilidad del gobierno santafesino, que ante la ausencia de un plan para enfrentar el crimen organizado sólo cambia las piezas de la conducción de la seguridad -cuatro ministros y diez jefes de policía de Rosario en tres años- sin encontrar un horizonte, a pesar de contar con un refuerzo de más de 3000 efectivos de fuerzas federales.
El gobierno de Omar Perotti, que cuando asumió prometió cortar con el delito, bajo su eslogan “paz y orden”, quedó debilitado tras los sucesivos fracasos. Esa debilidad la aprovechan los grupos criminales, que desde hace tiempo traman atentados que en otros países serían considerados como terroristas.
La falta de un plan de seguridad que por ahora no aparece se trasluce en los perfiles disímiles de funcionarios que pasaron por el manejo de la seguridad en Santa Fe. Marcelo Saín, un experto en el tema, alineado con el kirchnerismo, fue quien intentó moldear una reforma policial sin éxito y priorizó la investigación sobre las mafias. Terminó fuera del gobierno tras varios exabruptos que protagonizó por las redes sociales e imputado en una causa por espionaje ilegal, que él dice que fue armada. Le siguió Jorge Lagna, un funcionario peronista sin ninguna experiencia, que terminó por ser desplazado tras cambiar varias veces los jefes policiales que no le respondían. En su lugar, asumió el excomisario Rubén Rimoldi, un hombre oriundo de la localidad de Casilda, desconectado del problema de la seguridad hace casi una década. También fracasó. Y ahora lo sucede el excomandante de Gendarmería Claudio Brilloni, que fue el encargado de coordinar el trabajo de las fuerzas federales en Rosario, durante parte de la gestión de Patricia Bullrich cuando estaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad de la Nación, no mira con buenos ojos los movimientos en Santa Fe. Desconfía del excomandante por sus vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Elisa Carrió. El ministro de Seguridad nacional advirtió que no pretendía involucrarse en las decisiones de Perotti, pero evitó dar un respaldo a la nueva gestión. Fernández se molestó con las declaraciones del gobernador santafesino y del nuevo ministro, que pidieron mayor respaldo del gobierno nacional. “No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones”, afirmó Fernández, que se reunió el miércoles en medio de la crisis en Santa Fe con el presidente Alberto Fernández.
Al asumir, Brilloni pidió mayor compromiso de la Nación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Del otro lado, desde la Nación, respondieron: “No saben lo que quieren”. En Rosario hay actualmente unos 3000 gendarmes en Rosario, de los cuales 1000 están en un destacamento que se creó especialmente para patrullar la ciudad.
“El problema es que no le responde la policía al gobernador”, ensayan desde la Municipalidad de Rosario. El intendente Pablo Javkin, que tenía una buena relación con Perotti, decidió el miércoles salir con los tapones de punta, luego de que tuvo que suspender la inauguración de una ciclovía porque habían baleado un distrito municipal en el sur de la ciudad. Javkin evalúa ser candidato a gobernador dentro del llamado “frente de frentes”, una alianza extra large entre diez partidos, entre ellos Juntos por el Cambio y el socialismo, y debe marcar el terreno para evitar que la crisis también lo lleve por delante.
Un día antes, desde la Justicia habían salido a advertir sobre la gravedad de la situación, sobre todo con la policía, que nadie parece poder controlar. El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, aseguró que “no puede haber una provincia sin policía”. Un concepto similar dejó sobre la mesa el jefe de la Unidad de Criminalidad Organizada, el fiscal Luis Schiappa Pietra, que destacó las complicidades que aparecen en cada investigación entre policías y narcos.
Una investigación judicial, que está aún en proceso, muestra cómo altos jefes policiales de Santa Fe son proveedores de cocaína de los narcos rosarinos. La droga llega a Rosario del conurbano bonaerense, y las armas que comercializan estos uniformados en el mercado negro provienen de Paraguay. La escalada de violencia puede romper nuevos límites, cuando el Estado se ve perforado por altos niveles de corrupción. Por eso, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, plantea como solución más viable la intervención de la policía. Es una estrategia que intentó poner en marcha en 2016 después de las multitudinarias marchas bajo el lema “Rosario sangra”, pero en la gestión de Mauricio Macri no estaban convencidos, y el entonces gobernador Miguel Lifschitz logró convencer al presidente.
En las últimas semanas eclosionó un conflicto feroz dentro de la banda de Los Monos, que desde hace tiempo maneja la barrabrava de Newell’s. El miércoles de la semana pasada secuestraron a Lorenzo Altamirano, un joven de 29 años, músico y artista callejero, que fue levantado cuando caminaba por la calle después de salir de una sala de ensayo. El muchacho fue acribillado a unos metros del estadio de Newell’s, y –de acuerdo a la investigación– su cadáver se usó como una especie de envoltorio para pasar un mensaje. Dentro de uno de los bolsillos del pantalón se encontró un papel con los nombre de dos miembros de Los Monos que dirigen un sector de la barra de Newell’s: Carlos “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, condenados por homicidios y narcotráfico, que actualmente están detenidos en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. A estos narcos, otros dos presos, que están alojados en la cárcel de Rawson, en Chubut, que también son de Los Monos, como Leandro Vilches y Eric Masini, les reclaman 1,5 millones de dólares por un cargamento de cocaína que se “perdió”. A su vez, en la puja influye que estos dos narcotraficantes se pasaron a las filas de Esteban Alvarado, también preso en Ezeiza, y rival de Los Monos.
En menos de una semana Los Monos atacaron cuatro comisarías, con balazos y bombas molotov, hubo tres atentados a dos sindicatos y también disparos contra una cárcel y un edificio municipal. A eso se suman ocho homicidios en ocho días, todos llevados adelante con sicarios. Y los sucesivos ataques a los medios de comunicación y periodistas. Tres ataques a balazos contra un canal de televisión, algo que elevó la preocupación de las asociaciones de periodistas y medios, como ADEPA y Fopea. Esta última desarrolló dos misiones a Rosario ante las alertas que se habían encendido: en octubre pasado apareció un cartel en un canal de TV que advertía que grupos narcos iban a “matar periodistas”.
Era complicado que el ministro de Seguridad Rimildi pudiera seguir en el cargo en este contexto. Esta nueva escalada de violencia se suma a un 2022 que batió el récord de homicidios, con 288 asesinatos, una cifra superior a los crímenes que se sucedieron en 2013, cuando estalló la guerra de venganzas narco, que protagonizaron Los Monos.
Rosario es una de las ciudades con mayor cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad del país. A los 4500 policías se suman 3500 efectivos de gendarmería. Pero nada parece alcanzar para prevenir hechos violentos que generan extrema conmoción, que son protagonizados por bandas criminales rústicas, marginales, cuyos líderes están todos presos, y manejan desde las prisiones estos estallidos de sangre.
