Se abre un extenso e imprevisible proceso entre los dos países

Washington puede rechazar los pedidos, nunca responderlos o aportar datos valiosos
Hugo Alconada Mon
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14 de noviembre de 2014  

La justicia argentina lanzó una botella al mar. Le pidió a Estados Unidos que le informe si el empresario Lázaro Báez, su familia y sus colaboradores poseen bienes, sociedades o cuentas bancarias en ese país. Es muy difícil que así sea. O que la operatoria de Báez en la superpotencia sea tan evidente. O, incluso así, que Washington alguna vez responda ese pedido.

¿Por qué son tan bajas las expectativas? Porque dependerá de múltiples factores. El más relevante de todos, que Báez y su entorno hayan cometido algún error grosero.

Estados Unidos es la meca última de los lavadores -sin que esto implique incluir a Báez entre ellos-, aquella a la que todos los piratas quieren llegar, coinciden los expertos antilavado consultados por LA NACION. Pero la mayor economía del mundo es atractiva sólo como destino final de esos fondos, una vez que ya han sido blanqueados en otros países, incluidos miembros del G-7 en Europa. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, como escala intermedia en pleno proceso de lavado y planchado.

Circular fondos negros a través de Estados Unidos es demasiado riesgoso. Basta con recordar qué pasó con Siemens. El gigante alemán debió reconocer ante la Comisión de Valores (SEC), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia que pagó coimas en distintos países.

¿Por qué Siemens -como antes y después otras multinacionales de todas partes del mundo- debió inclinarse ante Estados Unidos aún cuando sus negociados eran, por ejemplo, en la Argentina? Porque la legislación norteamericana establece que si una empresa, no importa su país de origen, opera en una Bolsa estadounidense o incluso si los fondos negros pasaron de algún modo por su sistema financiero, queda de manera automática sujeta a su legislación.

El "caso Siemens" expone también cuán complejo puede resultar investigar delitos de "cuello blanco". Sólo la operatoria clandestina para los pagos por el Proyecto DNI abarcó reuniones en Miami, Madrid, Munich, Berlín, Punta del Este, Buenos Aires, Zurich y Nueva York. Y el uso de cuentas bancarias y/o sociedades en, por lo menos, la Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo, Dubai, China continental y Hong Kong. Sólo verificar cada uno de estos pasos implica, para la justicia argentina, un farragoso esfuerzo de exhortos diplomáticos que muchas veces jamás son respondidos.

Opciones en danza

¿Qué puede ocurrir, entonces, con los exhortos que libró el juez federal Sebastián Casanello?

La primera opción es que Estados Unidos jamás lo conteste. Como nunca respondió múltiples consultas en el "caso Antonini". O que se los rechace por cuestiones formales. Así ocurrió también con múltiples rogatorias que se enviaron a Suiza sobre el ex presidente Carlos Menem. Aunque, vale aclarar, varios de esos exhortos parecieron redactados mal a propósito, para quedar bien ante la opinión pública, pero diseñados para que los suizos los rebotaran.

La segunda opción es que el Departamento de Justicia sí conteste. Pero responda que nada tiene sobre Báez, sus familiares y "asociados". Sea porque en efecto es así -algunas, muchas o todas las 123 sociedades de Nevada podrían no pertenecerle-, o porque Báez y su entorno no hayan registrado nada a su nombre. Para eso están, al fin y al cabo, las sociedades pantalla.

¿Tercera opción? Que Estados Unidos sí le conteste a la Justicia local para pedirle mayores precisiones -así le ocurrió al juez federal Julián Ercolini cuando solicitó datos sobre una consultora en Estados Unidos vinculada a la "embajada paralela" con Venezuela-. O incluso que le detalle que algo hay. Pero que la información que aporte sólo lleve a Casanello hasta el siguiente eslabón de la cadena. Como la de Siemens. O, aunque sin tanta sofisticación, como la que rodea al avión de US$ 4,2 millones que usó como propio el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, cuyo rompecabezas incluyó piezas en Utah -Estados Unidos-, España, Costa Rica y las Islas Vírgenes Británicas.

Por supuesto, siempre está la cuarta, última y devastadora opción: que Estados Unidos sí le conteste a la Justicia argentina, que informe que Báez o su entorno sí registra allí bienes, sociedades o cuentas -algo que una y otra vez sus voceros desmienten de manera categórica-. Y encima que Estados Unidos exponga que Lázaro ha sido tan torpe como para dejar sus dedos pegados. Pero es casi imposible. Aunque nunca se sabe.

Erusalimsky y Molinari apelan procesamientos

  • Los empresarios Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky apelaron los procesamientos dispuestos en su contra la semana pasada en el caso Báez. Ambos están acusados de haber colaborado con maniobras de blanqueo de fondos de origen ilícito de Leonardo Fariña. El juez Casanello consideró que Molinari y Erusalimsky participaron "en la orquestación de diversas operaciones" tendientes a "posibilitar la legitimación de fondos" de Fariña.
  • Esta semana, las defensas presentaron apelaciones que serán elevadas ahora a la Cámara Federal para que revise los procesamientos, informaron fuentes judiciales. Según el juez, Molinari habría ayudado a Fariña, que tenía "un patrimonio casi nulo declarado", a blanquear los fondos "provenientes de actividades ilícitas" con los que pagó su casamiento con la modelo Karina Jelinek, viajes en aviones privados y la compra de una Ferrari.
  • En cuanto a Erusalimsky, participó de una operación de compra de una estancia en Mendoza que Fariña declaró adquirir "en comisión" en 2010, por 5 millones de dólares, y que le transfirió a Erusalimsky, dos años después, por 1,8 millones de dólares. Según el juez, esta transacción forma parte de "un universo de sombrías vinculaciones comerciales entre ambos".

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