Cristina Kirchner recusó a los jueces que deben revisar su condena y uno de ellos se apartó del caso

Cristina Kirchner pidió hoy apartar a los tres jueces de la Cámara de Casación que revisarán su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. Uno de ellos, Javier Carbajo, ya había decidido antes excusarse porque ya se pronunció en la causa en la que fue condenado a diez años de prisión el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero.

Ahora se sorteará el reemplazante de Carbajo y se decidirá si los otros dos camaristas recusados por la vicepresidenta, que son Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala IV del tribunal pueden seguir interviniendo en el caso.

Las razones por las cuales Cristina Kirchner recusó a Borinsky y a Hornos fue porque visitaron a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada. En el caso de Carbajo se excusó de intervenir porque ya se pronunció en la causa en la que fue condenado a diez años de prisión el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. Según la Justicia, parte de esos fondos fueron obtenidos con las obras que se juzgaron en el caso de Vialidad, con prácticas corruptas de sobreprecios y mayores costos.

Cristina Kirchner, con dos escritos de su abogado Carlos Beraldi, aludió a las mismas razones para pedir el apartamiento de Carbajo, que ya había sido efectuado por el propio magistrado a primera hora de hoy.

Pero la vicepresidenta hizo un pedido adicional: que sean sorteados tres nuevos jueces para decidir sobre las recusaciones, ya que entiende que como Borinsky y Hornos están recusados no pueden decidir sobre la excusación de Carbajo. Y solicitó que ese sorteo se realice en presencia de sus abogados.

La Sala IV del tribunal que debe revisar al condena está integrada por Hornos, presidente, Borinsky y Carbajo. Pero ahora la integración del tribunal quedó en duda hasta que se resuelvan las recusaciones y excusaciones.

En el escrito de 25 páginas en el que Cristina Kirchner pidió apartar a Borinsky y a Hornos, el abogado Beraldi señaló que los magistrados ya haba intervenido antes en el proceso dando un “juicio de verosimilitud” con relación a la acusación contra la vicepresdienta, pues rechazaron susplanteos de nulidad y confirmaron su procesamiento.

Además argumentó la vicepresidenta que “se vulneró gravemente su derecho de defensa en juicio” porque el tribunal rechazó más del 80 por ciento de las pruebas ofrecidas y sin evidencia alguna tuvieron por acreditadas las mismas circunstancias fácticas que pretendían ser refutadas por medio de las pruebas denegadas”.

“Hornos, Borinsky y Carbajo se encuentran inmersos en la causal de recusación” prevista en el código procesal pues “ya han expresado su opinión sobre distintos aspectos dirimentes que deben ser definidos en esta instancia de revisión de la sentencia”, dijo Beraldi.

Incluso señaló que “la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal jamás debió haber tomado intervención en este expediente, cuyas causas conexas contaban con radicación previa ante la Sala I del Tribunal. Los ocho decisorios [que firmaron los jueces] fueron dictados en forma ilegal, y lo propio ocurrirá si los magistrados vuelven a arrogarse el conocimiento de una causa que no les corresponde”.

Asimismo argumentó que los jueces Borinsky y Hornos actuaron con “falta de independencia e imparcialidad”. El abogado Beraldi dijo que en el caso no contaron con jueces imparciales y se remotó a la intervención de Julián Ercolini, a quien mencionó como uno de los visitantes de Lago Escondido con ejecutivos de Clarín. También dijo que en el caso intervinieron los camristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladado s la Cámara Federal durante el gobierno de Macri.

Reiteró los cuestionamietnos al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrígo Gimenez Uriburu por haber compartido un partido de futbol en el mismo equipo en un torneo desarollado en la quinta de Macri y las visitas de Hornos y Borinsky al expresidente. Todo estos planteos ya efecuados en el pasado fueron analizados y rechazados. Puede que ahora ocurra lo mismo.

Por otro lado, el juez Carbajo, al excusarse, sostuvo que cuando resolvió en el caso conocido como “la ruta del dinero K”, contra Báez, por lavado de dinero, tuvo que adentrarse en el estudio del delito precedente, que es justamente el que se juzgó en el caso de Vialidad. Allí, Báez también fue condenado a seis años de cárcel.

Dijo Carbajo que ya sostuvo que había conexión entre el blanqueo y los contratos de obra pública. Recordó que confirmó el fallo por el cual la responsabilidad de Báez se construyó sobre lo atinente a la obra pública, en el requerimiento fiscal de elevación a juicio presentado en la causa Vialidad. Entendió que la culpabilidad de Báez se centraba en la existencia de una organización criminal “con intervención de diversos funcionarios nacionales y provinciales, que se hicieron de fondos públicos mediante la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz”, que implicaron 46 mil millones de pesos.

También opinó que “los responsables de tal matriz de corrupción escogieron la obra pública vial como un medio propicio para obtener el dinero del Tesoro Nacional y, por ello, convirtieron en empresario de la construcción a alguien que no lo era y no lo había sido anteriormente: Lázaro Antonio Báez”.

Señaló además que en “la acusación fiscal se visualizó que la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos, en materia de obra vial, tuvo un único destino, a saber, la provincia de Santa Cruz”. Por eso es que dio por probado que Báez “instrumentalizó a la firma Austral Cosntrucciones S.A. para recepcionar fondos públicos y desviarlos, debiendo entonces echar mano a herramientas de lavado de activos con el propósito de darle apariencia de legalidad al dinero”.

Carbajo dijo que al llegar a su estudio la apelación de Báez contra la condena a 6 años que recibió en el caso de Vialidad, observó que “se trata del mismo hecho, obra pública”. Afirmó que hay un nexo en los hechos y en el análisis jurídico en ambos casos y que “existen elementos de prueba” que ya valoró en el caso de la ruta del dinero K.

Para evitar “poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado” el juez decidió excusarse. Dijo que era su obligación hacerlo “para no comprometer, irremediablemente, el deber de imparcialidad” que tiene como juez constitucional, “atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo”.

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