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Seguridad: preocupa al gobierno porteño el incremento de la violencia en los delitos
Lo atribuye al avance de la droga y del narcotráfico; no hay plan de coordinación entre la Nación y la Ciudad a largo plazo
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El cuádruple crimen en la villa 1-11-14 es tanto una anormalidad como una señal. El riesgo narco está presente en la Capital. Condiciona las sensaciones y realidades de la seguridad pública. Los funcionarios nacionales y porteños reconocen que el factor droga aumentó la violencia en los delitos comunes. Y los vecinos toman nota: en 2014 una encuesta de victimización realizada por el gobierno porteño arrojó que para el 90% de la gente la situación de seguridad era al menos grave.
Desde entonces el delito no bajó. Tampoco subió, afirman quienes acceden a estadísticas reales. Muta en sus formas de acuerdo con las reacciones policiales: va de las entraderas al robo automotor, replegándose al compás de las respuestas a un crimen en particular. Los datos están reservados sólo a los funcionarios. Desde 2007 no se difunden. Sí, en cambio, se comparten entre los gobiernos nacional y porteño.
En los últimos meses creció, por ejemplo, el robo de vehículos en la zona sur de la ciudad. Poco antes ese delito se había afirmado en los barrios de Saavedra y Núñez. Se reforzó el patrullaje y el robo se trasladó a otras calles. En general ocurre eso, un movimiento de acción y reacción. Un círculo que parece no poder cortarse pese a que en la ciudad se concentran las fuerzas federales y la Policía Metropolitana.
Creada por el gobierno de Mauricio Macri, la Policía Metropolitana cuenta con unos 6000 agentes y cada año se incorporan unos 800. Se encuentran en las comunas 4, 12, 15, el microcentro, las autopistas y los subtes. La Policía Federal tiene unos 45.000 uniformados, aunque para la prevención del delito callejero habrá que tomar en cuenta sólo los 15.000 que integran la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Gendarmería y Prefectura aportan 1500 efectivos en el operativo que se conoce como Cinturón Sur y en Puerto Madero. Divididos en tres turnos de trabajo, vacaciones y licencias médicas, unos 7000 agentes están disponibles en cada momento para enfrentar desde el motochorro hasta el "trapito", pasando por las múltiples variedades del delito.
El traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la ciudad quedó postergado en estos años. En Pro afirman que Macri dará ese paso en caso de ganar la Presidencia. "La seguridad es una demanda de los ciudadanos y es una de nuestras prioridades como política de Estado. Estoy convencido de que Macri como presidente profundizará las políticas a corto, mediado y largo plazo en esta materia", comentó el legislador porteño Daniel Presti, presidente de la Comisión de Seguridad.
Por ahora puede destacarse como positivo que, pese a las pujas políticas, los mandos operativos de las fuerzas federal y porteña lograron una coordinación de acciones. Las algo más de 4000 cámaras de vigilancia distribuidas por los gobiernos nacional y porteño son observadas por dos centros de control que intercambian información.
De todas formas, el delito se mantiene estabilizado sin quebrar la curva de suba sostenida desde hace años.
Los delitos más complejos tienen, a su vez, una fuerte penetración en el mundo del hampa. El narcotráfico muestra su poder de fuego en una incipiente lucha interna por controles territoriales en asentamientos. Para Germán Garavano, de la ONG Unidos por la Justicia y ex fiscal general de la Capital, "más allá de la violencia callejera, lo inusual es la violencia en los lugares más pobres; el Estado no logra hacer pie allí". Y agregó: "La Nación tiene una responsabilidad primaria en materia de seguridad en la Capital. Sin embargo, no coordina, como debería, una política pública en ese sentido".
Narcotráfico
El desafío de frenar el avance narco en las villas
La justicia federal dio importancia al combate contra la venta de paco; las autoridades de seguridad tanto nacionales como porteñas tienen en claro la peligrosidad que representa el dominio narco en algunas zonas de las villas; se focalizó el trabajo sobre drogas sintéticas. Asimismo, hay una mayor coordinación entre las fuerzas nacionales y porteña en operaciones puntuales.
Preocupa el crecimiento del narcomenudeo
El incremento del narcomenudeo preocupa por la falta de reglamentaciones claras para su combate judicial. Asimismo, se observa que el sicariato en la lucha entre bandas hace más violento el delito. Por otra parte, se observa un aumento del consumo de drogas en la población en general y, además, un mayor nivel de violencia en los delitos comunes por el uso de estupefacientes.
Justicia
Avanza la investigación de los delitos menores
Desde que en 2011 el Congreso aprobó la transferencia de 27 nuevos delitos penales a la justicia de la ciudad, se aceleró la investigación de este tipo de hechos ilícitos, según indicó Germán Garavano, de la ONG Unidos por la Justicia y ex fiscal general de la Capital. Entre los delitos transferidos están los de lesiones, abuso de armas, violación de domicilio, incendio y cohecho.
El Código Procesal Penal, una señal de retroceso
Aún falta que se complete el traspaso de las competencias judiciales a la justicia de la Capital. Por otra parte, la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal, impuesto por el kirchnerismo en el Congreso, implicaría un serio retroceso en materia de persecución y castigo del delito en la Capital y en el resto del país, aseveró Garavano, para quien la nueva ley atenta contra la lógica de la persecución penal.
Coordinación
La Nación y la Capital, juntas en lo operativo
Mejoró la relación entre los funcionarios de seguridad nacionales y porteños y hay actuaciones coordinadas entre ambas fuerzas en operaciones puntuales. Esto incluye el intercambio de información sobre delitos, como la consolidación de una mesa operativa para coordinar acciones diarias de Policía Federal, Policía Metropolitana, Gendarmería y Prefectura.
No hay articulación en un plan a largo plazo
Los choques a nivel político de los gobiernos nacional y porteño obstaculizan acuerdos operativos de seguridad. Además, falta la incorporación de la policía bonaerense a la mesa operativa. No hubo avances en el traspaso de parte de la Policía Federal a la ciudad, como tampoco la elaboración de un plan coordinado en materia de seguridad a largo plazo entre la Nación, la Capital y las provincias.
Cámaras
Más de 6000 cámaras instaladas en la ciudad
El gobierno porteño instaló 2000 cámaras en las calles y 600 en los subtes (se proyectan 1600 aparatos en esas estaciones). Por otra parte, el gobierno nacional cuenta con otras 2000 cámaras. Entre los dos centros de control, las fuerzas de seguridad de las policías Metropolitana y Federal comparten el seguimiento en persecuciones tras la comisión de un delito.
Se requieren otras 2000 para mejorar la vigilancia
El gobierno de Mauricio Macri estima que se necesitan por lo menos otras dos mil cámaras para completar un circuito de vigilancia estratégica. Además, faltan cámaras que puedan leer patentes de vehículos en los pasos entre la ciudad y el conurbano. En la actualidad, no se coordina automáticamente la información que proveen las cámaras de seguridad con los municipios bonaerenses.
Puestos fijos
Corredores escolares y la Metropolitana en subtes
Se instrumentó un sistema de corredores escolares seguros con agentes públicos que tienen contacto con las fuerzas policiales emplazadas en la zona de escuelas. Además, se incorporó la Gendarmería a las fuerzas de seguridad que deben custodiar los partidos de fútbol. Por otra parte, la Policía Metropolitana asumió la vigilancia de subtes y autopistas.
Seguridad privada por falta de policías
Por falta de policías, se recurrió a la seguridad privada en los hospitales públicos (que antes vigilaba la Policía Federal).Se diseñó un sistema de respuesta policial a eventuales emergencias, pero aun así los empleados del hospital Rivadavia realizaron un paro por falta de seguridad. Se mantiene el esquema de contratación de agentes policiales -fuera de servicio- para custodiar negocios particulares.
Espacio público
La regulación de los "trapitos", en agenda
A fines de 2011, la Legislatura votó una ley que regulaba la actividad de los cuidacoches, pero Macri la vetó. El tema sigue en la agenda de los legisladores. Hay dos posiciones: el oficialismo busca prohibir esa actividad y la oposición procura reglamentar el trabajo de los llamados "trapitos". Si bien está paralizado ese debate legislativo, el macrismo no descarta reabrirlo.
No hay regulaciones para el comercio ilegal
Según la justicia contravencional, los damnificados por las bandas de "trapitos" presentan 200 denuncias por mes. No hay leyes específicas para anular a la mafia de los cuidacoches. Tampoco se encontró hasta ahora una solución al problema de los manteros y el comercio ilegal. Los cortes de calles proliferan sin que se reglamenten las condiciones para llevar adelante esa acción de protesta.
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