Senado: Cristina Kirchner volverá a la carga con el nombramientos de jueces después de las elecciones

Un cartel imaginario cuelga de la puerta del Senado: cerrado por elecciones. Esa es la decisión que ha tomado el oficialismo después de haber conseguido, diez días atrás, ofrendarle a Cristina Kirchner la sesión en la que la vicepresidenta decidió abrir un conflicto de poderes con la Corte Suprema al darle un nuevo acuerdo a Ana María Figueroa aún cuando la exjueza de la Cámara de Casación Penal había sido jubilada por el máximo tribunal.

Aunque temas no faltan, de hecho, el oficialismo apura la aprobación en Diputados del programa Comprá Sin IVA para que Sergio Massa pueda seguir haciendo campaña electoral; lo cierto es que en el bloque del Frente de Todos de la Cámara alta aseguran que la orden es esperar hasta después de las elecciones para volver al recinto.

La decisión frustró los planes de Agustín Rossi, que durante la semana pasada buscó de manera insistente que el bloque que conduce José Mayans (Formosa) le abriera el recinto del Senado para dar el informe de Jefe de Gabinete y poder levantar así un poco el perfil en la campaña electoral como candidato a vicepresidente de Unión por la Patria.

Con casos de corrupción que salpican al kirchnerismo, como el de “Chocolate” Rigau por el cobro de haberes de empleados de la Legislatura bonaerense, y el viaje turístico de lujo de Martín Insaurralde, ahora exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, no hay margen para exponer al compañero de fórmula de Massa en el recinto de la Cámara alta por más que el rosarino sea un hábil declarante, fue el criterio que adoptó la conducción de la bancada oficialista.

La orden de volver a la parálisis legislativa también se entiende si se la mira con el prisma de Cristina Kirchner. La agenda judicial de la vicepresidenta ha quedado vacía por el momento.

Al menos hasta final de octubre, cuando se espera que la mayoría kirchnerista de la Comisión de Acuerdos esté en condiciones de firmar dictamen favorable a la nueva camada de pliegos judiciales que la vicepresidenta espera dejar como legado final de su mandato.

Se trata de un paquete de nombramientos judiciales entre los que se encuentran varios candidatos de indudables lazos con el kirchnerismo. El más notorio es el de María Laura Manín, joven abogada de estrecha relación política con Eduardo de Pedro: es subsecretaria de Gestión Administrativa en el Ministerio del Interior que conduce el referente de La Cámpora.

Los candidatos, son 16 en total, fueron citados a audiencia pública para el próximo 25 de octubre, es decir tres días después de las elecciones. Para esa fecha, el kirchnerismo ya sabrá si mantendrá el histórico tercer lugar al que cayó en las primarias de agosto o si tendrá una nueva oportunidad en el ballottage de noviembre.

Manín está nominada como vocal para sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial. Se trata de un tribunal estratégico en materia económica, ya que tiene a su cargo la definición de controversias vinculadas con el mundo empresarial al laudar en materia de fusiones y adquisiciones y determinar si hay posiciones dominantes, monopólicas u oligopólicas.

Se espera que la postulación de Manín sea impugnada ante la Comisión de Acuerdos porque su nominación por parte del Poder Ejecutivo no estuvo exenta de polémica. Su nombre fue extraído de una lista complementaria ya que finalizó undécima en el concurso.

Otro que también será cuestionado cuando su pliego se discuta en comisión es Juan Rafael Stinco, quien está postulado para un juzgado del fuero contencioso administrativo. El candidato fue asesor de Kicillof cuando el entonces ministro de Economía ocupaba una poltrona en el directorio de YPF y también integró el directorio de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Stinco es, además, protagonista de un hecho poco común. En 2021 fue designado juez civil y comercial con acuerdo del Senado. Por esta razón, un grupo de abogadas lo impugnó ante la justicia por considerar que no trascurrieron los tres años que un magistrado debe permanecer en un juzgado antes de aspirar a otro cargo.

La lista de candidatos tiene, al menos, otros dos casos que llaman la atención de oposición. Uno es el de Humberto Carlos Guardia Mendonca, nominado para el mismo tribunal que Manín y que fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que avaló la fusión de Cablevisión y Multicanal en el gobierno de Néstor Kirchner. El otro es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, nominado para el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora y que estaba a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) cuando se filtraron las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. ¿En la oposición se preguntan si Parrilli seguirá enojado por las filtraciones o si ya perdonó a Rodríguez Ponte, sobre todo ahora que es un protegido del juez federal Ariel Lijo?

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