Contactos reservados en Santiago ante la crisis que se abrió con Chile por una crítica de Alberto Fernández

Pese a que la Cancillería y la Casa Rosada declinaron este jueves hacer comentarios sobre la inesperada crisis que se abrió con Chile luego de que Alberto Fernández estampara su firma en una carta del Grupo de Puebla que cuestionó el accionar de jueces y fiscales trasandinos, la diplomacia argentina inició contactos reservados con funcionarios del presidente Gabriel Boric para tratar de evitar una escalada de tensión entre Buenos Aires y Santiago.

Así lo revelaron a LA NACION fuentes diplomáticas, que enumeraron discretas conversaciones del embajador argentino Rafael Bielsa con la canciller chilena Antonia Urrejola y con otros funcionarios del área, a través de las cuales la administración Boric anticipó la postura que adoptaría el presidente trasandino, en el sentido de que el cuerpo judicial es “independiente” y no se verá influido por una carta en defensa del dirigente Marco Enriquez-Ominami, un aliado de Fernández en la región.

Según pudo saber este diario, el embajador Bielsa envió un cable diplomático a Buenos Aires para informar el contenido de las conversaciones al canciller Santiago Cafiero, aunque el Palacio San Martín no quiso emitir opinión sobre el incidente. “Sin comentarios”, dijeron voceros de la Cancillería más temprano.

Fernández firmó una carta del Grupo de Puebla en que se acusa al sistema judicial chileno por una causa que afecta al excandidato presidencial y fundador de la agrupación Enríquez-Ominami. La adhesión del Presidente generó malestar en el gobierno de Gabriel Boric. La carta que suscribe el Presidente denuncia una justicia “dilatada” en un proceso contra el amigo personal de Fernández.

En Santiago de Chile, el cortocircuito diplomático se produjo al mismo tiempo que el embajador Bielsa recibía un reconocimiento de la administración Boric por la colaboración argentina en el combate a los incendios que arrasan al centro-sur del país vecino.

No es el primer cortocircuito que se generó entre la Argentina y Chile. Hubo también un contrapunto reciente a partir de una intervención de Bielsa en el juicio de extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, condenado a nueve años de prisión por su participación en un ataque incendiario en 2013. Huala fue detenido en El Bolsón hace dos semanas y podría ser extraditado a Chile.

“Una justicia dilatada es una justicia denegada”, dice la carta del Grupo de Puebla sobre el llamado caso Sociedad Química y Minera en la que está imputado Enríquez-Ominami por delitos tributarios.

“Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, comienza el texto.

Al respecto, los firmantes opinan que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.

“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, dice el texto.

Además de Alberto Fernández, la carta está suscrita por otros líderes como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia). También firman el excanciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Beatriz Paredes; y la diputada chilena Karol Cariola (PC).

La relación política y personal entre Alberto Fernández y el dirigente chileno Enríquez Ominami viene desde hace dos décadas, cuando el actual Presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, entre 2003 y 2008. El referente trasandino tenía entonces un discurso similar al del kirchnerismo original, que salía del peronismo clásico y se ubicaba en el espectro progresista de la política argentina.

Fernández y Ominami mantuvieron la sintonía –ambos desde el llano en sus países- y cuando Alberto llegó a la presidencia, en 2019, lo convocó para dinamizar el Grupo de Puebla como una herramienta para proyectar su figura a nivel regional y continental. Fue el momento en el que Fernández buscó una alianza con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que luego se desdibujó cuando la diplomacia argentina emprendió el camino para que Fernández llegara a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Con Ominami, en cambio, la relación no se resintió, pese a que el chileno es considerado el cerebro político detrás del Grupo de Puebla y a que está involucrado directamente en los comunicados y los pronunciamientos de la organización.

LA NACION

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