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Sobreseen a Magnetto, Herrera de Noble y a Mitre en la causa Papel Prensa
Lo resolvió el juez Ercolini tras establecer que la venta de la empresa no fue bajo presión ni a precio vil
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LA NACION
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó ayer a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en la causa judicial vinculada la compra de la empresa Papel Prensa SA, propiedad del SA LA NACION y el Grupo Clarín.
El magistrado concluyó de manera rotunda en su fallo que no existió vinculación alguna entre la compra de la empresa y los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar sobre la familia Graiver, anteriores titulares de Papel Prensa, que se desprendieron de la firma en 1976. Ercolini argumentó que los Graiver vendieron Papel Prensa por las deudas que acorralaban a la familia, y negó, además, que la operación por las acciones de Papel Prensa hayan sido ejecutadas "a precio vil".
"No existen elementos objetivos que puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa SA, acaecida en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", sostuvo el juez. Las principales pruebas que tuvo en cuenta el magistrado para sostener esta hipótesis fueron las declaraciones de todos los testigos que habían participado del proceso de compra y los peritajes realizados sobre los documentos oficiales de Papel Prensa.
El juez negó que la familia Graiver haya sufrido presiones por parte de los compradores de Papel Prensa para desprenderse de la firma. "Si bien Lidia Papaleo [viuda de David Graiver] indicó en estos actuados que sufrió en ocasión de la reunión celebrada el día 2 de noviembre de 1976 en una gran sala del diario LA NACION S.A., presiones ilegítimas por parte de Héctor Magnetto para que firmara los documentos que posibilitaban el cambio de titularidad de la empresa, ese testimonio no pudo ser corroborado en este proceso por ningún tercero que hubiera estado presente en aquel acto; por el contrario, los testimonios brindados sobre aquella reunión relatan que nada inusual sucedió y que el clima fue cordial y relajado", resaltó Ercolini.
El magistrado detalló que "al momento de realizarse la operación comercial cuanto en tiempo de las negociaciones previas, todos los integrantes del Grupo Graiver asistieron en libertad, por sus propios medios, sea personalmente o por apoderados, para su concreción y formalización y continuaron en libertad hasta varios meses después de perfeccionada la operación comercial y su aprobación".
La denuncia que motivó la investigación judicial por la compra de Papel Prensa fue impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. El 24 de agosto de 2010 presentó un informe que acusaba a SA LA NACION y Clarín de haberse apropiado ilegalmente de la empresa durante la última dictadura militar basado en el testimonio de Lidia Papaleo, entre otros. Una semana después, el Ejecutivo remitió el informe a la Justicia que, seis años después, concluyó ayer la inexistencia de delito en la operación.
La presentación fue parte de una fuerte ofensiva del kirchnerismo contra los medios de comunicación independientes, que incluyó acciones judiciales y presiones públicas.
Ercolini dejó clara la "falta de conexión" entre la compra de Papel Prensa y la detención clandestina por parte de la dictadura militar de distintos miembros de la familia Graiver. "La falta de conexión se evidencia con claridad cronológica -lo cual supone también una desconexión lógica- con la circunstancia no controvertida de que luego de haberse firmado el documento por el que se transfirieron las acciones, transcurrieron varios meses hasta las detenciones", afirmó el juez.
Mientras que la venta se concretó el 2 de noviembre de 1976, Juan Graiver -el primer detenido de la familia- fue secuestrado en marzo de 1977 y Lidia Papaleo, en abril de aquel año. "Es más, no sólo la venta ya se había concretado, sino que había sido aprobada en la asamblea general celebrada el 18 de enero de 1977, conforme lo preveía el estatuto para las acciones clase A. Con ello se terminó de formalizar el traspaso de las acciones", agregó Ercolini.
Otro elemento que el juez incorporó como prueba para dictar el sobreseimiento es la documentación que constaba en Clarín desde 1972 -cuatro años antes de la compra- sobre los planes de la empresa de contar con una firma proveedora de papel. "Deben descartarse entonces que hubieran existido maniobras apresuradas y de interés repentino", concluyó Ercolini.
El magistrado ordenó también la realización de distintos peritajes para determinar si los valores de la operación fueron acordes a los precios del mercado en aquellos momentos. La denuncia sostenía que como parte de las presiones recibidas, los Graiver habían sido obligados a desprenderse de la firma a un "precio vil". Sin embargo, los peritajes arrojaron que "no se probó que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa".
"Hubo ofertas previas de compradores que estaban interesados en adquirir la empresa; el Grupo Graiver estaba necesitado de liquidez para hacer frente a las deudas que se habían generado en vida de David Graiver, cuyos acreedores hostigaban a su familia para que esa deuda fuera saldada; existieron días y días de negociaciones previas; era un emprendimiento pensado desde años antes por Graiver", concluyó.
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LA NACION
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