Socios de Cambiemos, críticos del blanqueo

El blanqueo de capitales que el Gobierno pretende instrumentar este año constituye el capítulo más controvertido del proyecto de ley de pago de la deuda a los jubilados que el Gobierno enviará hoy al Congreso. Hasta los propios socios de la coalición oficialista Cambiemos , la UCR y la Coalición Cívica, expresaron sus reparos, sobre todo a la posibilidad de que los funcionarios públicos también puedan blanquear sus acreencias en negro.

La UCR, en la voz de Mario Negri , jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, ya le trasladó por canales reservados al Gobierno las críticas que recibió de la bancada. Elisa Carrió , líder de la Coalición Cívica, hizo ayer público su rechazo mediante un comunicado del partido. Paradojas de la política, ambos socios oficialistas tienen en el Frente para la Victoria (FPV) un aliado en esta causa: el kirchnerismo ya anticipó que no apoyará un blanqueo en el que se beneficie a funcionarios públicos.

En la misma vereda se coloca el Frente Amplio Progresista (FAP). "El blanqueo de capitales es injusto por donde se lo mire y peor aún es que los funcionarios puedan beneficiarse de él. Sería muy poco ético", indicó Alicia Ciciliani (Partido Socialista).

El oficialismo planea arrancar pasado mañana con el debate de la iniciativa y confía en convertirla en ley en no más de 30 o 40 días. Así lo anticipó ayer el jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot. Sin embargo, el plazo aparece por demás exiguo para la cantidad de dudas que el proyecto de ley genera en la oposición. Si bien todos los bloques avalan que el Estado ponga fin a la deuda histórica que mantiene con los jubilados, algunas voces plantearon sus reparos respecto de cómo se financiará semejante iniciativa. Ésa será la discusión parlamentaria de fondo.

Según anticipó el Gobierno, la fuente principal de financiamiento será el Fondo de Garantía de Seguridad de la Anses (FGS) -que cuenta con unos 770.000 millones de pesos- y sus utilidades, que rondan entre los 75.000 y 100.000 millones anuales. Otra fuente será el blanqueo de capitales; en el oficialismo estiman un piso de recaudación de US$ 20.000 millones.

Pero los socios de Cambiemos quieren imponer límites; el más duro en este sentido fue el partido que lidera Carrió.

"La Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidos del beneficio de la ley de blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo, ya que constituiría un acuerdo de impunidad", sostuvo el partido en un comunicado.

Y agregó: "Esta decisión de la Junta Nacional de la CC ARI contiene la postura histórica del partido liderado por Elisa Carrió y es de carácter innegociable, ya que, de hacerse, constituiría una clara violación del tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país".

Más críticas

El viernes pasado, el FPV también rechazó esta posibilidad.

"Es importante que el blanqueo no alcance a funcionarios del Gobierno, como se deslizó en algunos medios. Para las personas jurídicas entendemos que la creación de una comisión bicameral de fiscalización en colaboración con la AFIP y la UIF sería un buen instrumento para controlar qué capitales ingresan, su origen y procedencia", enfatizó en un comunicado Héctor Recalde, jefe del bloque.

Recalde también cuestionó que ambos temas -el pago de la deuda a los jubilados y el blanqueo de capitales- integren el mismo proyecto de ley "ómnibus". Al conformar un solo paquete legislativo, el oficialismo se garantiza que, de la mano del pago de la deuda a los jubilados -una medida que genera apoyo unánime-, se apruebe también el blanqueo, una iniciativa más controvertida.

Tanto el FPV como el FAP reclamarán que ambas cuestiones se discutan por cuerda separada. En la misma línea se plantará el Bloque Justicialista, liderado por Oscar Romero y Diego Bossio, este último ex jefe de la Anses del kirchnerismo.

"No es saludable que el proyecto sea enviado por el PEN mediante una ley ómnibus, porque eso dificulta el debate y las incorporaciones que pueda hacer la oposición", sostuvo el diputado Recalde.