Sugestiva primera reacción del Gobierno ante la invitación de la OCDE
“Prudencia” fue la palabra elegida por fuentes del Poder Ejecutivo para hablar del proceso de adecuación previo a ingresar al organismo internacional; la situación de Argentina y la sombra de la deuda
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El gobierno nacional analizará los procedimientos para su posible adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de forma “prudente”, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo ante la consulta de LA NACION. Fue poco después de que se conociera la carta del organismo internacional dirigida al presidente Alberto Fernández para invitarlo a discutir la adhesión del país y evaluar la posibilidad de incluirlo como miembro. Además de la Argentina, fueron invitados Brasil, Croacia, Perú, Rumania y Bulgaria.
La reacción marcada por la cautela contrastó notablemente con el modo en que celebraron la invitación Mauricio Macri y otros referentes del gobierno de Cambiemos, que entre 2015 y 2019 empujó las negociaciones para que el país fuera aceptado por la OCDE.
La OCDE establece una hoja de ruta para la adhesión que determina las modalidades, las condiciones y el proceso que debe respetarse. Junto a eso, la institución lleva adelante un examen técnico para evaluar las políticas y las prácticas del país en comparación con las mejores prácticas de la OCDE: esa revisión va más allá de los parámetros económicos de desarrollo de país y se extiende también a sus prácticas institucionales.
Las fuentes consultadas por este diario hicieron referencia al proceso, que “consta de una serie de etapas que, normalmente, llevan varios años y combinan diversos análisis técnicos y la decisión política”. Agregaron que los países “que pretendan ingresar a la organización deben atravesar un proceso de revisión para adaptar su legislación, políticas y prácticas para que las mismas estén en línea con las prácticas de la OCDE”. Luego de lo cual, una vez que los países confirmen su voluntad de adhesión, se establecen los términos, condiciones y el proceso en una hoja de ruta para cada uno de los candidatos.
Las fuentes oficiales también hicieron referencia a que la OCDE debe realizar “un conjunto bastante amplio y profundo de revisiones técnicas para evaluar el estado de situación del país y su marco legal, de políticas y prácticas respecto de los estándares establecidos por la organización”. Luego de lo cual mencionaron que los costos de esas revisiones, que incluye varios informes, deben ser asumidos por el país y que “se trata de un proceso de varios años y que implica reformas profundas”. Y agregaron que “la Argentina se encuentra en una situación particular, debido a la deuda económica contraída por el último gobierno”, en alusión a la gestión de Mauricio Macri.
La reacción de Macri
El exmandatario fue uno de los que hoy se manifestó sobre el tema, tras conocerse la misiva de la organización, y aseguró: “Celebro que el trabajo de nuestro gobierno haya culminado con la decisión de la OCDE de abrir el proceso de adhesión para nuestro país. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Debe ser parte de un compromiso de Estado para toda la dirigencia política”.
Celebro que el trabajo de nuestro gobierno haya culminado con la decisión de la @OECD de abrir el proceso de adhesión para nuestro país. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Debe ser parte de un compromiso de Estado para toda la dirigencia política.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 25, 2022
“Es importante estudiar los requerimientos y las políticas que promueve la OCDE en cada uno de las áreas para evaluar las implicancias de los mismos”, insistieron desde el gobierno de Alberto Fernández.
En funcionamiento desde 1961, la OCDE se enfoca en trabajar en conjunto con las naciones miembro en pos de brindar soluciones de política pública que beneficien y conduzcan a un crecimiento económico. Está especializada en resolver dificultades económicas de las diferentes naciones y busca asesorar a los países en función de generar cambios positivos en términos políticos, de crecimiento, ambientales y sociales.
Si bien no otorga créditos o recursos para financiar inversiones, su función se centra en proveer asesoramiento para el mejoramiento de las políticas públicas y la promoción de la buena gobernanza.
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