Suspenden a 110 policías por la muerte de los piqueteros

El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, ordenó anoche pasar a disponibilidad preventiva a 110 de los policías que se enfrentaron anteayer con piqueteros en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda, por considerar que existen indicios de que entre ellos están los responsables de la muerte de dos jóvenes durante la gresca.

"Hay fuertes elementos de prueba que pueden complicar a los policías", dijo Solá a LA NACION, y se mostró indignado con el comisario Alfredo Franchiotti, que comandó el desalojo de los piqueteros. "Me mintió", dijo.

Poco después, el secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, informó que el presidente Eduardo Duhalde había pedido que se detuviera a Franchiotti, aunque hasta anoche la Justicia todavía no había dictado ningún pedido de captura.

La sorpresiva reacción de las autoridades, después de haber sostenido durante todo el día la versión de que la policía sólo había usado balas de goma, respondió a los datos preliminares de la autopsia hecha a las dos víctimas: tenían impactos de proyectiles de acero de 8,6 milímetros, que se disparan con escopetas de calibre 12,70. Entre los efectivos al mando de Franchiotti había siete con armas de ese tipo, una de ellas en poder del propio comisario, según el informe de la fuerza.

El dato se conoció poco después de que terminó sin incidentes una marcha en el centro porteño, convocada por agrupaciones políticas y sindicales de izquierda en condena por la muerte de los dos piqueteros, Maximiliano Costequi, de 25 años, y Darío Santillán, de 21.

Unas 4000 personas, según la Policía Federal, se movilizaron al caer la tarde desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y se retiraron poco después de las 20.

Todo se desarrolló y terminó en paz, pese a las severas advertencias que había hacho públicas el Gobierno desde primera hora del día.

"Es posible que grupos minoritarios y violentos intenten repetir actos de vandalismo que pondrían en riesgo vidas y bienes materiales", anunció el Ministerio del Interior en un comunicado.

Unos 2000 policías fueron desplegados en el centro de la ciudad. El temor a un arranque de violencia -algunas agrupaciones piqueteras hablaban de "venganza para los muertos"- provocó que muchos comerciantes cerraran anticipadamente sus puertas. El Poder Legislativo, incluso, dio asueto a su personal pasado el mediodía.

Las dramáticas predicciones, sin embargo, no se cumplieron.

Y a medida que se desconcentraba la protesta en Buenos Aires, comenzaba a darse vuelta la historia oficial sobre el trágico desenlace de la revuelta de Avellaneda.

"Hay elementos para presumir una mala actuación policial", deslizó a LA NACION Jorge Matheus, vocero del gobierno provincial, pasadas las 21. El propio Solá, enojado, enfrentó las cámaras de televisión instantes más tarde para reconocer que los policías le habían mentido.

El gobernador había recibido durante todo el día informes desde el Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia provincial.

El jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Carlos Soria, y equipos técnicos de la Policía Federal habían remitido información al Ministerio del Interior en la que supuestamente quedaba en evidencia la responsabilidad de Franchiotti y de su gente en las muertes.

Una secuencia fotográfica podría demostrar que la policía disparó contra Santillán mientras éste intentaba asistir a Costequi, ya desangrado, en el hall de la estación de trenes de Avellaneda.

Esas imágenes -tomadas por reporteros de diarios- muestran cómo Santillán es arrastrado y herido en el cóccix por dos policías, que luego lo dejan sobre la vereda.

Franchiotti era titular del Comando de Patrullas de Avellaneda, y condujo anteayer un grupo de 110 agentes, 50 del cuerpo de infantería y 60 del grupo especial Marea.

Después de los sucesos, Franchiotti fue quien explicó oficialmente en una conferencia de prensa que la policía sólo había usado armas con balas de goma. Mostraba ya una herida en el ojo izquierdo, producto de los golpes que un piquetero le había propinado frente a las cámaras de televisión en la entrada del hospital Fiorito, donde habían sido trasladados los heridos.

Tarde de deliberación

Durante la tarde de ayer, Solá se reunió con el titular de esa cartera, Luis Genoud; con el jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, comisario inspector Sergio Introna, y con el propio Franchiotti.

Además de los informes policiales, Solá y sus colaboradores analizaron todos los testimonios recogidos por los medios de comunicación en las últimas horas.

La Justicia ya había ordenado el secuestro de todas las armas empleadas durante el operativo y terminaba el estudio preliminar de la autopsia.

Al promediar la tarde, Solá recibió en su despacho a un grupo de periodistas (entre los que estaba un cronista de LA NACION). Franchiotti estaba con él.

"No debemos prejuzgar, pero sí tenemos que actuar rápidamente frente a cualquier duda en la que se sospeche que un policía no haya cumplido con su deber", dijo Solá en ese momento.

El gobernador escuchó a Franchiotti, que desligó absolutamente a los uniformados de las muertes de los piqueteros y dio pormenores sobre la muerte de Santillán, a quien, aseguró, intentó auxiliar.

"Nos tiraban desde todos lados y nosotros sólo teníamos balas de goma", relató el comisario ante Solá y los periodistas.

La policía bonaerense entregó al gobierno provincial un informe en el que alega que los efectivos fueron atacados desde dos frentes sin posibilidad de disuadir a los manifestantes. También se insistió en que las armas no estaban cargadas con proyectiles de acero.

Además, se identificó entre los grupos que participaron del enfrentamiento en Avellaneda al Movimiento Trabajadores Desocupados (MTD), Barrios de Pie, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Territorial de Liberación, el grupo Aníbal Verón y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.

Pero todo cambió cuando llegaron a la Casa de Gobierno de La Plata los resultados de la autopsia. Solá montó en cólera, afirmaron fuentes de la Gobernación. Entonces se convenció de que le habían mentido, como reconoció públicamente por la noche.

Incluso llegó a decir que había dispuesto el arresto de los policías, pese a que la única medida administrativa dispuesta fue el pase a disponibilidad, que impide a los efectivos continuar en servicio hasta que se aclare la situación.

Tampoco descartó que hayan existido policías infiltrados entre los piqueteros, de acuerdo con algunos datos aportados desde la SIDE.