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Tapia intenta demorar su declaración por otra causa en Miami: pide que no sea grabado y que no se filtre a los medios
Una empresa que organizó dos amistosos de la Selección argentina en octubre demandó a la AFA y pide una compensación millonaria; Tapia reclamó que la declaración sea “confidencial”
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LA NACIONNicolás Pizzi
Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta otro frente judicial en Miami al margen del escándalo por las transferencias de Javier Faroni. El presidente de la AFA fue demandado antes de la Copa del Mundo por una empresa que organizó dos partidos amistosos de la Selección argentina en la ventana de octubre del año pasado. La firma VID Music Group asegura que tuvo que afrontar una pérdida millonaria por la ausencia de Lionel Messi en el primero de los encuentros, frente a Venezuela, algo que supuestamente estaba garantizado por contrato.
Esa causa comenzó a activarse recién cuando terminó la Copa del Mundo. Los abogados que demandaron a la AFA vienen reclamando hace tiempo que Tapia declare ante el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida por el supuesto incumplimiento del contrato. Durante el Mundial, pidieron que el presidente de la AFA sea citado, aprovechando su presencia en Estados Unidos. No lo lograron.
Los abogados de Tapia argumentan que “existe una moción de desestimación pendiente” y que “la etapa de descubrimiento de prueba acaba de comenzar”. Sobre el fondo de la demanda, argumentan que el demandante “no realizó el pago de US$5.000.000 requerido en virtud del contrato de junio de 2026, lo que dio lugar al derecho contractual de AFA de rescindir”.
Ahora se habla de una posible citación para el 2 de septiembre.
El lunes pasado, el estudio de abogados que contrató la AFA en Miami, Agentis, pidió que si se termina avanzando con un interrogatorio “se limite al conocimiento personal del Sr. Tapia sobre el contrato de octubre de 2025 y el contrato de junio de 2026″. También reclamaron que la declaración, en caso que finalmente se ordene, “no sea grabada en video o, alternativamente, que cualquier grabación y transcripción sean designadas como confidenciales, utilizadas únicamente en esta acción y no divulgadas a la prensa ni presentadas en ningún procedimiento extranjero sin una orden adicional de este Tribunal”.
El pleito, que tramita en el fuero civil, está vinculado a los dos amistosos de la Selección en la ventana de octubre. En ese momento, la Scaloneta enfrentó a Venezuela (1 a 0) y a Puerto Rico (6 a 0). El problema se dio porque la empresa exigía la presencia de Messi en ambos partidos para asegurase la venta de entradas.
La cláusula 1.2 del contrato, conocida ahora como la “cláusula Messi”, determinaba que “la participación de Lionel Messi constituye una condición esencial de este contrato y una de las razones principales por la que las partes lo celebran”. Solo estaba justificada su ausencia con un certificado médico, una suspensión de la FIFA o la Conmebol, o alguna circunstancia de fuerza mayor como una emergencia familiar o hasta una catástrofe natural. Nada de eso ocurrió.
Messi vio el primer partido desde la tribuna y al día siguiente dijo presente en el encuentro entre el Inter Miami y Atlanta, por la MLS. Ese partido era importante para su equipo porque le daba la ventaja de jugar en su estadio en la primera ronda de los playoffs.
La ausencia del capitán en el primer amistoso, según la empresa organizadora, provocó un fracaso comercial. “La ausencia de Messi en el amistoso contra Venezuela afectó directamente la asistencia, que se redujo a tan solo unas 15.000 personas", dice la demanda inicial. Además de Tapia, que firmó el contrato, la empresa incluyó en la demanda a Messi y a un agente FIFA identificado como Julian Capelan, a quien acusan de haber cobrado US$250.000.
“A pesar de que la licencia de agente de partidos de la FIFA de Kapelan estaba vencida en ese momento, se presentó ante el demandante como un intermediario autorizado en relación con la organización de los partidos de exhibición internacionales de la Selección Argentina”, cuenta la demanda.
Capelan había firmado un contrato con VID Music que establecía un pago adicional de otros USS100.000 si se vendían más del 85% de las entradas. Ante el fracaso comercial, terminó cobrando un fee de US$250.000. Todo en efectivo.
¿Por qué una empresa dedicada a los espectáculos musicales terminó involucrada en la organización de esos dos amistosos? Desde la empresa aseguraron a LA NACION que el intermediario que los acercó a Tapia fue Tomás Regalado, un experiodista que terminó cumpliendo el rol de “embajador de AFA en Miami”. En julio, por pedido de Tapia, Regalado se presentó en un Foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) para defender a la AFA y amenazar con sanciones. “Solo pedimos respeto por el debito proceso y la paciencia necesaria para que una justicia independiente haga su trabajo”, lanzó ese día.
“El embajador de AFA contactó al señor Javier Fernandez (dueño de VID Music) y le ofreció el negocio. ‘Usted puede promover esto por US$5 millones por partido’, le dijo. Fernández comenzó a hablar con el señor Tapia. Como resultado de esas conversaciones, le ofreció dos partidos a US$3,5 millones en octubre y dos partidos a US$5 millones en junio. Primero dijeron que iba a jugar con Brasil y faltando 40 días confirmaron que el primer partido iba a ser con Venezuela”, aseguró Ralph Patino, el abogado contratado por la empresa, en una conferencia organizada en Miami.
El segundo partido de la ventana de octubre también generó una controversia porque inicialmente se iba a jugar en la ciudad de Chicago. Al final se disputó en el estadio de Fort Lauderdale, muy cerca de Miami. Según la empresa VID Music Group, ese cambio de sede le generó otra pérdida de US$1.200.000 porque solo se vendieron 21.500 tickets.
La demanda civil apunta a Tapia y a la AFA pero también menciona a Messi. En una presentación reciente, sus abogados pidieron, con éxito, que no tenga la obligación de asistir a una audiencia inicial del caso. "No se requerirá que el demandado Messi asista personalmente a la conferencia inicial de gestión del caso“, dice una resolución firmada el 17 de julio por la jueza Lisa Sharon Walsh.
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