Transporte: un ministerio “caliente” que no logra resolver sus conflictos recurrentes

La anunciada salida de Alexis Guerrera del Ministerio de Transporte-su salud ya venía dando señales de cuidado en las últimas semanas-dejará en manos de su sucesor (el hasta hoy secretario de Transporte, el rosarino Diego Giuliano) una serie de conflictos que el hasta ahora ministro viene gestionando, con suerte dispar, en áreas sensibles como subsidios para las provincias, la Hidrovía, los servicios públicos y el vínculo con los sindicatos.

“Es un ministerio muy estresante. Chocan muchos intereses”, se lamentaron cerca del ministro de Economía, Sergio Massa, que controló el Ministerio de Transporte desde el inicio del gobierno de Frente de Todos, primero con el fallecido Mario Meoni, y hasta estos días con Guerrera. El propio Giuliano es, también, parte de la “tropa” que el tigrense desplegó en un ministerio clave, con manejo de fondos y tensiones internas y externas.

Uno de los nudos de intereses cruzados es la Hidrovía Paraná-Paraguay, el curso de agua por el que pasa cerca del 80 por ciento de la producción exportable del país, y que desde el año pasado controla de modo provisorio la Administración General de Puertos, manejada por el Instituto Patria, mientras la licitación para un nuevo concesionario se demorará, casi con seguridad y según coinciden desde distintos sectores, hasta el final del actual gobierno de Alberto Fernández.

En agosto, la salida de Ariel Sujarchuk (hoy funcionario a las órdenes de Massa), de la presidencia del Ente de Control de Vías Navegables (Ecovi), dejó a esa entidad (que conforman 15 miembros, entre representantes de siete provincias, y participación de los ministerios de Transporte, Interior y Producción) sin titular, con la conducción temporaria del entrerriano Hernán Orduna, cercano al gobernador Gustavo Bordet.

Sin el Ente funcionando a pleno (es el presidente Alberto Fernández quien debe nombrar un nuevo titular) es la Administración General de Puertos (AGP) la encargada de administrar el cobro del canon (en dólares) a las embarcaciones que pasan con su mercadería por el río Paraná. La anterior concesionaria, la empresa belga Jan de Nul, sigue a cargo del mantenimiento de la Hidrovía, ya lejos de su sociedad con la argentina Emepa, para encargarse del dragado y balizamiento del recorrido fluvial.

Las empresas belgas insisten ante los funcionarios en la necesidad de “avanzar en la preparación de la licitación a largo plazo”, un escenario que hoy parece no estar en las prioridades del oficialismo. El control de los puertos es, también, un escenario de disputa, con empresarios ligados al oficialismo como Cristóbal López (actual socio de Emepa) y grupos kirchneristas que pugnan por “estatizar” distintos puertos y vías navegables.

Los subsidios al transporte público son, desde hace meses, motivo de renovados tironeos entre Transporte y distintas provincias del Interior, nucleadas en la denominada liga de gobernadores, que piden “una distribución justa y equitativa de los subsidios al transporte público de pasajeros y de la energía”. Apuntan, sobre todo, a los subsidios que reciben las empresas en el área metropolitana, que controlan el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde Transporte reconocen que se trata de un conflicto “recurrente”, y anticipan que en los próximos días habrá aumentos en el precio de los colectivos, lo que permitiría bajar el monto de los subsidios a las empresas del Amba.

En el medio, Guerrera trabó acuerdos con intendencias opositoras como la de Rosario, que encabeza Pablo Javkin, para “exportar” el uso de las tarjetas SUBE. “Esperemos que ahora con el cambio de ministro siga todo igual”, ironizaron desde la intendencia rosarina.

La disputa con los sindicatos del transporte público, en tiempos de inflación creciente, también viene levantando temperatura. La reciente medida de fuerza encabezada por el sindicato ferroviario La Fraternidad, en reclamo de aumentos salariales, derivó en la intermediación del Ministerio de Trabajo, incluyó colectivos y ferrocarriles, conductores de trenes, taxistas, remiseros, trabajadores de puertos y también de las torres de control en la aviación civil. Un verdadero polvorín que tuvo resolución parcial, luego de que el sindicalista ferroviario Omar Maturano acusara a Massa y Guerrera de no dar “una solución a lo que veníamos planteando”. “Ese conflicto está resuelto, pedían un bono para jubilados”, relativizaban desde el edificio de la calle Balcarce.

“Estamos ahí, en el pelotón de los ministerios más ordenados”, resumieron con ironía en la sede del ministerio, aún convulsionado por la veloz transición que se da por estas horas.