Tras 22 años, en Río Tercero aún esperan las indemnizaciones

CÓRDOBA.- El gobierno nacional prometió que pagará las indemnizaciones por daño moral a unas 10.000 personas afectadas por las explosiones, hace 22 años, de Río Tercero . Pero envió a la Justicia el borrador del decreto reglamentario que deja a la mayoría de las víctimas fuera del pago. Y se desató la polémica.

El decreto cosechó el rechazo de todo el arco político cordobés (incluido Cambiemos). Después de las reacciones del gobernador Juan Schiaretti y el pedido unánime de la Legislatura de que se pagaran las indemnizaciones, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió con el legislador provincial Adolfo Somoza del Frente Cívico y le dijo que el borrador de decreto enviado al tribunal "solo fue un borrador y que fue utilizado maliciosamente y con clara intencionalidad política por diversos actores".

El 3 de noviembre de 1995 se inició el fuego en un tambor de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de Río Tercero; minutos después fueron 20 las explosiones que volaron los depósitos de expedición y suministros y dejó a la ciudad cubierta de esquirla y latones. Murieron siete personas, hubo 300 heridos y decenas de casas fueron destruidas.

La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista. Los condenados, hasta ahora, no incluyen a los responsables políticos.

Entre 1996 y 1999, el Estado pagó por vía administrativa resarcimientos a cientos de personas por daños materiales y a las familias de los siete muertos. Aparte, hay 10.000 demandas por daño moral y psicológico que gestiona el abogado Mario Ponce, quien en el 2005 denunció al Estado argentino ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por no dar respuestas a esa gente.

En 2007 el Gobierno -en el marco de una audiencia de conciliación- ofreció una ley de indemnizaciones similar a la que se usó para la explosión de la Amia; a cambio pidió suspender los procesos judiciales.

Hubo varios borradores, pero nunca se terminó de reglamentar. A inicios de 2016, el entonces ministro Julio Martínez prometió una reglamentación "urgente". "Como el año pasó sin novedades interpusimos un amparo", explicó Ponce a LA NACION.

El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, a cargo de la causa, ordenó que en un plazo de 60 días se definiera la reglamentación. A pesar de todo, el 2017 transcurrió sin reglamentación. El mes pasado, el Estado presentó el "borrador" de decreto, que despertó la polémica. Establecía que pagará a los titulares de causas que "fueron instadas en los seis meses previos la sanción de la ley" y se indica que se deben pagar honorarios a peritos (lo que no está en la ley).

"De aprobarse, nadie cobraría, ningún expediente cumple esa exigencia", dijo Ponce. Schiaretti, de excelente vínculo con el presidente Mauricio Macri, consideró "injusto" que por un decreto no se paguen las indemnizaciones.

Además, por unanimidad de todos los legisladores de la Unicameral cordobesa (incluyendo los de Cambiemos), aprobaron una declaración pidiendo a la Nación que cumpla con el pago de las indemnizaciones.

• El 3 de noviembre de 1995 se produjeron 20 explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero.
• Murieron siete personas, hubo 300 heridos y decenas de casas fueron destruidas.
• La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista. Entre los condenados por el Tribunal Federal Oral N° 2 de Córdoba no hubo responsables políticos.

Por Gabriel Origlia

• Río Tercero

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