Tras dos años de debate, los jueces bonaerenses darán a conocer su patrimonio después de la feria

Casi 12.500 jueces, fiscales y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires darán a conocer sus declaraciones juradas después de la feria judicial. Sin dar mayores precisiones sobre el plazo final, así lo indicaron desde la Suprema Corte bonaerense a LA NACIÓN, al cumplirse un año desde que el tribunal se comprometió a que sus funcionarios den cuenta de su patrimonio y más de dos años después de haber comenzado a analizar la posibilidad, tras la presión del gobierno bonaerense.

La Justicia es el único poder del Estado provincial que no da cuenta de la evolución patrimonial de sus funcionarios. La gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros comenzaron a hacerlo en 2016, junto a 25.900 funcionarios del Poder Ejecutivo, incluidos más de 14.000 policías y 5700 agentes del servicio penitenciario. En agosto de este año se sumaron los 92 diputados y 46 senadores provinciales, junto a otros funcionarios legislativos.

Pero los tribunales se mueven con otros tiempos. Hace exactamente un año, la Suprema Corte firmó el Acuerdo N° 3880, que aprobó un reglamento que obliga a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales y del Ministerio Público a renovar sus declaraciones juradas antes del 31 de agosto de cada año, cada vez que modifiquen su patrimonio y cuando abandonen el cargo.

El plazo del 31 de agosto no se cumplió este año, por demoras en la implementación del sistema. La Corte, entonces, firmó una extensión –que se cumplió el viernes pasado- para que los magistrados y funcionarios presenten sus DDJJ en dos versiones: una reservada y otra sintética.

La primera, que se preserva por motivos de seguridad, contiene los datos precisos de los bienes y deudas de los magistrados y sus cónyuges. La segunda consigna solamente el valor de esos activos y pasivos y es la que será accesible en la web. Después de la feria judicial, sin fecha precisa. Eso sí: cuando suceda, los jueces bonaerenses tendrán un régimen de transparencia más avanzado y más accesible que sus pares del fuero federal.

El largo derrotero judicial se comprende mejor si se tiene en cuenta que la Corte bonaerense se había comprometido a elaborar un cambio en el régimen de publicidad patrimonial de los jueces y fiscales hace dos años, el 7 de diciembre de 2017, mediante el Acuerdo N° 3828. Y que había comenzado a analizar ese cambio el 28 de febrero de 2017.

La puja entre Vidal y la Corte

En los tribunales platenses le quitan relevancia a esas demoras, pero lo cierto es que detrás de cada paso y cada espera hubo un tironeo con Vidal, que buscó acelerar los cambios a través del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand. La victoria de Cambiemos en 2017 parecía haber terminado de inclinar la balanza para "apurar" a los jueces. Pero no tanto.

Esta tensión entre los jueces supremos y el jefe de los fiscales quedó evidenciada también en cómo avanzaron por separado el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Los dos se rigen por el mismo Acuerdo N° 3880, pero Conte Grand apuró el sistema dentro del Ministerio Público: el 90% de los fiscales y funcionarios bajo su órbita presentaron sus declaraciones juradas en agosto. El jefe de los fiscales indicó a LA NACIÓN que, de los 4458 sujetos obligados, 471 no enviaron la documentación. Comenzaron a ser intimados esta semana.

"En nuestro proyecto institucional, el sistema de DDJJ públicas y renovadas anualmente es un elemento fundamental para mejorar la imagen y el prestigio del Ministerio Público y, por extensión, de la Justicia. Es central que la sociedad confíe en sus jueces y fiscales, pero más aún cuando se observa el descrédito social existente por la tarea de los magistrados", dijo Conte Grand a LA NACIÓN.

El jefe de los fiscales agregó que, una vez en funcionamiento, el sistema permitirá generar alertas de manera automática cada vez que un juez, fiscal o funcionario introduzca una modificación a su patrimonio. "Costó mucho, pero estamos muy conformes con este proceso. Va en serio, ya se instaló culturalmente", completó.

Esa interna entre la Suprema Corte y Conte Grand se reeditó en la última semana. Para el jefe de los fiscales bonaerenses, si bien todavía no están disponibles en internet, las DDJJ de los ministros de la Corte y la suya propia pueden ser solicitadas personalmente en el Registro. Sin embargo, LA NACIÓN intentó el trámite el viernes sin suerte.

Plazos cumplidos y sanciones a jueces y fiscales

La medianoche del viernes 14 se cumplió el plazo establecido para que 12.439 jueces, fiscales y funcionarios judiciales carguen por internet su declaración jurada en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales creado por la Suprema Corte. A la tarde del viernes, 1139 funcionarios no lo habían hecho.

A quienes no cumplan se les abrirá un trámite disciplinario que, llevado al extremo, puede desencadenar dos situaciones: para los magistrados (jueces y fiscales), el juicio político; para los funcionarios de menor rango, la cesantía.

Nadie puede darse por no enterado. Además de las comunicaciones formales de los acuerdos, en los últimos meses era imposible entrar a los sitios web que dependen de la Suprema Corte bonaerense sin pasar antes por una pantalla que indicaba los plazos para presentar las DDJJ.

Además de las intimaciones, en el Registro comenzará a analizarse esta semana el contenido de las DDJJ presentadas. Con las Fiestas y la feria judicial en ciernes, esa tarea continuará recién en febrero. Los más de 12.000 documentos (en sus dos versiones) serán examinados por menos de diez funcionarios. De ahí las demoras para completar el trabajo y poder publicar las DDJJ en internet.

El procedimiento, de todos modos, no puede extenderse demasiados meses: es que en abril de 2019 los jueces, fiscales y funcionarios judiciales bonaerenses deben comenzar a cargar la actualización anual de sus DDJJ.