Un camarista federal de La Rioja denunciado por acoso designó en los tribunales a la hija del juez que lo investiga

CÓRDOBA.- La designación en un cargo jerárquico de la Justicia de La Rioja de la hija de un juez federal clave de la provincia abrió un conflicto que combina cuestionamientos a la carrera judicial, sospechas de favoritismo y una causa penal por presunto acoso sexual y violencia laboral.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó un recurso para que se revise la designación y anticipó que, si no obtiene una respuesta favorable, llevará el planteo a la Corte Suprema.

Hace diez días, mediante el Acuerdo 18/2026, los jueces Mario Eduardo Martínez y Jorge Gamal Abdel Chamía, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, dispusieron la designación interina de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe como jefa de Despacho. Ella es hija de Daniel Herrera Piedrabuena, el juez federal de La Rioja, cargo de mucho peso político en la provincia. El tercer integrante del tribunal, José Camilo Quiroga Uriburu, votó en disidencia.

La impugnación de la UEJN no solo es por entender que la decisión “vulneró el escalafón” y dejó de lado a empleados con mayor antigüedad, sino porque el padre de la empleada designada debe investigar a Chamía por una causa por violencia laboral y acoso sexual contra una empleada.

Entre los empleados de más antigüedad está Nicolás Rolando Alvares, escribiente que trabaja en el tribunal desde 2007 y que acumula 18 ascensos interinos sin acceder a la titularidad del cargo. El trabajador presentó un recurso de reconsideración con representación de la UEJN.

“Hay una especie de paracaidista que ingresa arriba del escalafón y vulnera su carrera”, sostiene Juan Pablo Tripputi, secretario general de la UEJN para las seccionales de Córdoba y La Rioja, a la vez que aclara que el cuestionamiento “no apunta a la capacidad profesional” de la designada, sino al procedimiento utilizado para nombrarla.

La polémica se profundiza porque Chamía fue denunciado por la oficial María Emilia Galván por presuntos episodios de violencia laboral y acoso sexual que habrían ocurrido en 2023. La denuncia se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, pero quedó a cargo de Piedrabuena, padre de la funcionaria designada. Galván, por su carrera, podía aspirar al puesto, pero no fue considerada por sanciones que tuvo este año.

Fuentes judiciales dicen que el juez Herrera Piedrabuena se apartaría si la causa contra Chamía avanzara. El abogado del magistrado denunciado rechazó las acusaciones.

Galván había recibido sanciones por sus ausencias y consiguió una medida cautelar que le permite prestar servicios de manera remota desde Buenos Aires. El conflicto entre la empleada y el tribunal derivó en actuaciones administrativas y judiciales que todavía no tienen una resolución definitiva.

Consultado por LA NACION, Herrera Piedrabuena dijo que él no participó de la designación de su hija y que en la resolución están los fundamentos del tribunal que decidió.

Sobre la denuncia de la empleada, dijo: “No he sido notificado. Es totalmente espurio lo que dice. No existe nada de eso. Incluso mucho antes de la designación de mi hija, yo había tramitado un amparo a favor de esa empleada para que pueda seguir cobrando cuando trabaja desde CABA”.

En 2024, una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya había apuntado al juzgado de Herrera Piedrabuena por la presencia de familiares y allegados entre su personal.

La UEJN reclama que el tribunal riojano reconsidere la decisión y advierte que, si la impugnación es rechazada, recurrirá a instancias superiores, incluida la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

---

Conforme a