Un caso de más de diez años sin justicia

RIO GALLEGOS.- Eduardo Sosa ocupaba el cargo de procurador general de justicia desde 1990 cuando había sido designado por acuerdo de la Cámara de Diputados y su remoción, por lo tanto, sólo podía disponerse por medio de un jury de enjuiciamiento.

En 1995 se impulsó una reforma orgánica del Poder Judicial de la provincia, con una serie de medidas entre las que se incluyó la ampliación de tres a cinco miembros el número de vocales de la Corte provincial.

La reforma, concretada a través de la ley provincial 2404, fue impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner a través de sus espadas más duras en la Legislatura: los también entonces diputados provinciales Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Icazuriaga.

En esa reforma, se desdobló el cargo de procurador, que ocupaba Sosa, pero no se lo nombró en ninguna de las dos jefaturas creadas. Por esa razón, en noviembre de ese mismo año, se lo dejó fuera del sistema judicial santacruceño. Ese fue el punto de partida de esta carrera de largo aliento que protagoniza Sosa y que, como se puede ver, aún no termina.

Ante su desplazamiento, Sosa promovió una acción de inconstitucionalidad que ganó tanto en la instancia provincial como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos que respaldaron su reclamo, aunque con diferentes resultados efectivos.

La justicia santacruceña declaró inconstitucional la ley que lo apartó de la procuración, pero su fallo llegó hasta allí. En ningún momento, en realidad, avanzó en la decisión de reponerlo en el cargo.

Por el contrario, la Corte Suprema sí falló en el sentido de devolverle a Sosa su cargo. Lo hizo en dos oportunidades, en 1998 y en 2000. Ante el incumplimiento del mandato, el ex procurador inició entonces una demanda por desobediencia, otra vez ante el máximo tribunal.

El 2 de octubre de 2001, la Corte creó un precedente histórico y ordenó al Estado provincial cumplir con la reposición de Sosa en el cargo. Sin embargo, cumplido el plazo, la provincia solicitó que la Corte revisara el caso.

En abril de 2002, la Corte decidió no dar lugar al recurso elevado por la provincia y volvió a ordenar la restitución de Sosa en el cargo.

Pero en ese momento, la Corte provincial, presidida por Carlos Zannini, actual secretario legal y técnico de la Presidencia, dijo que no se podía sustituir a Sosa porque "no había partida presupuestaria para su cargo".

Como contrapartida, en 2005, se le ofreció a Sosa un resarcimiento económico de $ 1.216.182 por los casi diez años que pasó sin cobrar su sueldo como procurador. Sosa rechazó el ofrecimiento e interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema que aún no fue respondido.