Un empresario procesado y embargado está a punto de quedarse con una licitación millonaria

El gobierno de Mendoza se encamina a otorgarle un contrato por más de $188,5 millones a una empresa con la que lavó dinero el entonces secretario privado del presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y que se encuentra embargada por la Justicia, según surge de documentos oficiales de esa provincia y del Poder Judicial federal a los que accedió LA NACION.

El Ministerio de Seguridad mendocino cuenta ya con un dictamen administrativo que le da el visto bueno a la compra de 3300 chalecos antibalas a Armoring Systems, empresa que quedó bajo la mira en el “caso Cuadernos”, investigación en la fue embargada por $400 millones.

Armoring Systems no solo arrastra problemas por su vinculación a Daniel Muñoz, quien falleció en 2016. Su socio, Gustavo Dorf, también se encuentra procesado y embargado por $432 millones en el “caso Cuadernos”, decisión que confirmó la Cámara Federal, como miembro de una presunta asociación ilícita destinada a lavar millones de dólares.

Ahora, sin embargo, el gobierno de Mendoza evalúa comprarle 3300 chalecos a un costo de US$500 cada uno, aunque ese valor tiene varias salvedades. Entre ellas, que es su precio CIF, previo a la nacionalización, ya que deberán ser importados desde Estados Unidos, con los consiguientes costos adicionales.

Consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Seguridad mendocino indicaron que “no hay un ganador, todavía” y que “se estima que, en unos días, se sabrá el resultado”, sin confirmar, ni desmentir que las actuaciones administrativas beneficien a Armoring Systems.

Los vínculos de Dorf con los negocios de la política van más allá de Muñoz. Durante años se vanaglorió de sus contactos entre los kirchneristas –ante los que llegó a presentarse como “el Lázaro Báez de los chalecos antibalas”–, pero también entre los referentes y operadores de Pro y Juntos por el Cambio. En particular, en la ciudad de Buenos Aires. Para eso, invocó a Daniel “el Tano” Angelici, a quien aludía como su compadre.

Consultado por LA NACION, Angelici admitió en 2019 que su esposa y la exmujer de Dorf son íntimas amigas y comadres, pero adujo que el vínculo entre ellos era distante. “Nunca tuve una relación de amistad con él ni hago lobby por él ante nadie”, afirmó cuando lo negocios de Dorf salieron a la luz por primera vez. “Lo veo muy de vez en cuando y sí le he enviado mi camioneta para que la blinde. Pero si está invocando mi nombre, no es el único”, remarcó a este diario.

Ahora, Dorf tiene motivos para ilusionarse. El gobierno del radical Rodolfo Suarez impulsa el expediente EX-2021-00120469-GDEMZA-DLOG#MSEG para comprar 3300 chalecos antibalas con nivel de protección RB3 para sus policías y agentes penitenciarios. Para eso, dispuso una partida por $188.580.000 en abril de este año.

Un mes después, el Portal de Compras Públicas provincial consignó el “cuadro comparativo de ofertas”. Incluyó la que presentó Armoring Systems, junto a las de otras cuatro empresas privadas y la de Fabricaciones Militares.

Desde entonces, la licitación ya registró un dictamen administrativo de evaluación favorable a Armoring Systems, cuya copia obtuvo LA NACION. Incluyó variables distintas a las utilizadas en anteriores licitaciones, al analizar la cotización y el “trauma” considerado aceptable en los chalecos, según denunció el senador Marcelo Romano en la Legislatura provincial, el 22 del mes pasado.

De origen radical, pero enfrentado en duros términos a Suarez y al exgobernador Alfredo Cornejo, Romano denunció que Mendoza avanza hacia la adjudicación sin desarrollar las “pruebas balísticas” sobre esos chalecos, y pidió que se suspenda el proceso hasta que se complete ese peritaje. Pero la mayoría oficialista remitió su planteo a una comisión legislativa.

Para Dorf, obtener el contrato del Ministerio que lidera Raúl Levrino representaría pisar fuerte otra vez en el país tras dos años de ostracismo en los que también afrontó una investigación en Estados Unidos por presunto lavado de activos, según reveló LA NACION.

En la “causa Cuadernos”, en tanto, Dorf y Armoring Systems se encuentran embargados. También se dispuso una medida de no innovar que le impide vender bienes y acciones, se prohibió la distribución de dividendos y se congelaron las cuentas, cuyo levantamiento evalúa ahora el juez federal Julián Ercolini a pedido de la defensa, según corroboró LA NACION.

En ese expediente de los tribunales federales de Comodoro Py, además, dos arrepentidos complicaron la situación de Dorf: la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Ante el fiscal federal Carlos Stornelli, Manzanares confesó que Muñoz compró el 50% de Armoring Systems y que parte de ese pago se bancarizó. También destalló que el inmueble donde funciona la empresa es del fallecido y que ese activo se llegó a asentar en una declaración tributaria del hijo de Muñoz, Franco, quien trabajó en Armoring y cobró dividendos por la tajada de su padre.

La viuda de Muñoz, en tanto, aportó a la Justicia otro dato sobre cómo era la relación con Dorf: “Sé que la empresa Patagon Adventure [de Muñoz] compró el terreno de Armoring Systems, pero como inversión, para cobrar la renta”, confesó Pochetti. Por eso, la Justicia también bloqueó el predio de Vicente López donde funciona la empresa de blindajes. Pero, al pie de los Andes, Dorf vuelve a ilusionarse.

Por Hugo Alconada Mon

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