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La polémica por la morosidad: un gobernador del norte desafía a Milei y congela las ejecuciones de deudas prendarias
El riojano Quintela impulsó en su provincia una ley que ya fue aprobada; la complementó con un DNU que ampara a personas y pymes; busca diferenciarse del gobierno libertario
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.− La pelea económica y política entre el gobernador riojano Ricardo Quintela y el presidente Javier Milei es de larga data y ahora sumó otro capítulo. El mandatario, esta vez, buscó diferenciarse sobre el trato del endeudamiento de las familias. Mientras Nación sostiene que el problema surge y debe resolverse “entre privados”, el riojano decidió intervenir sobre la dificultad creciente de los hogares para pagar sus deudas.
El gobernador impulsó una ley que sancionó la Legislatura, que establece la suspensión por 180 días de las ejecuciones de garantías prendarias sobre bienes muebles, registrables o no, y créditos instrumentados cuando el deudor sea una persona humana o una micro, pequeña o mediana empresa radicada en la provincia.
La suspensión alcanza tanto a las nuevas ejecuciones como a los procesos judiciales que ya están en marcha.
El avance de los niveles de mora en el país desde fines de 2024 fue acelerado. En diciembre de ese año, la mora total (que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros) por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio llegó al 17,5%. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.
La norma aprobada en La Rioja contiene una precisión importante: la deuda no desaparece. Tampoco se modifica, condona o extingue la obligación. El acreedor conserva sus derechos y podrá volver a ejecutar la garantía una vez terminado el período de gracia.
Quintela, con la ley, declaró una emergencia económica y crediticia y decidió intervenir directamente sobre las ejecuciones. Un análisis realizado en la provincia por el contador Luis Herrera estima que los créditos prendarios representan apenas entre el 5% y el 7% del total de los créditos en mora. El grueso del problema estaría concentrado en préstamos personales otorgados por bancos, financieras y billeteras virtuales.
Esto significa que la suspensión puede ser significativa para una familia que está a punto de perder el automóvil o la moto que entregó como garantía, pero no constituye por sí misma una solución al problema general del sobreendeudamiento.
Para el gobierno nacional, la mayor mora no es la prueba de un fracaso del sistema financiero, sino que refleja que después de años de crédito prácticamente inexistente volvió a aparecer. Desde el Banco Central sostienen, además, que el sistema tiene capacidad para absorber las pérdidas potenciales: en junio, las previsiones cubrían 86,6% de la cartera irregular y la integración de capital llegaba a 29,8% de los activos ponderados por riesgo.
Quintela hace una interpretación diferente. A su entender, el problema no es solamente que las familias hayan tomado crédito y ahora tengan dificultades para devolverlo, sino qué tipo de crédito están tomando, a qué tasas y para qué.
El gobernador, además firmó un DNU por el que creó un régimen de protección de los usuarios de créditos de consumo y cuestionó las operaciones que, según su administración, contienen tasas y condiciones abusivas. Planteó que muchas familias ya no se endeudan para mejorar su situación sino para pagar deudas anteriores.
Más allá de La Rioja, el peronismo opositor hizo del endeudamiento familiar uno de los nuevos ejes de confrontación con Milei.
El bonaerense Axel Kicillof planteó que la morosidad no puede ser considerada simplemente un problema individual entre deudor y acreedor, y cuestionó que la regulación de las nuevas formas de crédito, particularmente las billeteras virtuales, quede fuera de los controles tradicionales.
Diputados del PJ Federal también pidieron investigar las condiciones de financiamiento ofrecidas por billeteras y financieras.
La medida de Quintela llega pocos días después de que La Rioja volviera a poner en circulación los “Chachos”, por $4000 millones, y comunicara que continuaría en default con sus acreedores. Milei lo cruzó y calificó la emisión de la cuasimoneda como un “Plan Platita 2.0”.
Quintela asegura que la crisis financiera provincial tiene como una de sus causas el conflicto con la Nación por los fondos que, según sostiene, dejaron de transferirse. En marzo, frente a los reclamos de los bonistas, el gobierno riojano volvió a responsabilizar a la Nación por el deterioro de sus finanzas.
