Un informe sobre el puerto de Ushuaia desató una fuerte pelea política en Tierra del Fuego en plena temporada de cruceros

USHUAIA. - Un informe del gobierno nacional que señaló irregularidades en el funcionamiento del puerto de Ushuaia desató una fuerte pelea política, con quejas del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que denunció un “avance” de la Nación en un área que no le corresponde.

Tanto Melella como el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, negaron que el puerto de la ciudad se hubiera cerrado, como sostenían rumores que corrieron en las últimas horas. “Hay un informe derivado de una inspección de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación con el que no coincidimos en absoluto; estamos trabajando desde todas las áreas para responder lo antes posible”, afirmó Murcia.

Según el informe de la Agencia Nacional de Puertos, al cual tuvo acceso LA NACION, las inspecciones detectaron “deficiencias estructurales, operativas y de gestión”. También “signos de desgaste” en el muelle y “un deficiente control de ingresos y egresos”.

“El diagnóstico técnico permite advertir que la administración provincial no ha cumplido de modo suficiente con la obligación de mantener las condiciones operativas”, concluye.

Murcia, desde la provincia, aseguró que “es un informe que hacen las áreas técnicas al administrador, no hay comunicación oficial de cierre ni nada similar, se está en una etapa de redacción de informes, y se va a contestar porque no estamos de acuerdo en lo que detalla, en absoluto: el puerto funciona perfectamente y está habilitado, trabajando en una excelente temporada de cruceros”.

Consultado sobre este tema, el gobernador Melella dijo que la “Nación no tiene motivos para avanzar” porque “el puerto es de la provincia”. El mandatario lo vinculó a las elecciones. “Son esas cuestiones que en este tiempo pasan, pero nosotros estamos muy tranquilos”, argumentó.

Sobre las irregularidades -derivadas de una inspección de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación-, las autoridades locales aseguran que la mayor parte del contenido del informe es erróneo y formaría parte de un ataque en medio de la contienda electoral de las próximas elecciones de medio término.

El informe nacional advierte que “la reiteración” de los incumplimientos" habilita “la imposición de las sanciones de suspensión o caducidad de la habilitación portuaria”.

Hace apenas unas semanas, en el inicio de la temporada de cruceros 2025-2026, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos había confirmado 516 recaladas proyectadas, una cifra similar a la de la temporada anterior. Se trata de un ingreso clave para la ciudad.

“Estamos preparando la respuesta [al informe del gobierno nacional] de cada una de las áreas, estamos haciendo muchas obras y vamos a esperar a que las áreas respondan”, dijeron en el gobierno provincial.

La pelea con los gremios

Por otro lado, Melella habló en medios locales de una ley que habilita el préstamo de fondos del puerto a la obra social provincial, hecho que, desde la sanción de la norme, fue fuertemente criticado por gremios y sectores portuarios.

“Es una mentira -dijo Melella-. No hay ninguna transferencia de fondos de la Dirección de Puertos a la OSEF [Obra Social del Estado Fueguino]. No hubo transferencia a la obra social ni la va a haber. Se está pidiendo la derogación de ese artículo de la ley y en eso estamos muy tranquilos. No afecta la temporada de cruceros, todo lo contrario, estamos a pleno para que vengan muchos más turistas a la provincia a través del puerto”.

Consultada sobre la situación entre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y el gobierno provincial, la Unión Ferroviaria -sindicato que representa a todos los trabajadores ferroviarios y ferroportuarios– difundió un comunicado en el que dijo: “Como sindicato ferroportuario UPSF hicimos las presentaciones correspondientes. Asimismo, hemos tomado la decisión de no salir a los medios luego de las declaraciones de Gustavo Melella, quien tomó esta situación a la ligera argumentando que son leyes nacionales y decretos muy viejos como si no estuvieran en plena vigencia. Es una situación a la que tomamos muy seriamente, ya que estamos hablando de muchas fuentes de trabajo y respetamos a cada uno de los portuarios como toda la comunidad de Tierra del Fuego que la principal base económica proviene de la actividad portuaria”.

Por Sol Agusti

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