Un juez federal contrató en su juzgado al hijo del contador de un poderoso jefe narco

ROSARIO.- El juez federal Nº4 de Rosario Marcelo Bailaque está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por su desempeño en una causa emblemática, que tuvo como principal protagonista a Esteban Alvarado, uno de los narcos más importantes y peligrosos de Rosario. El magistrado está acusado de haberlo favorecido. LA NACION corroboró además que Bailaque compartió contador con Alvarado y que contrató en su juzgado al hijo de ese contador.

El magistrado está cuestionado por haber rechazado pedidos para intervenir teléfonos de este jefe criminal y su entorno en 2013, algo que tuvo un efecto directo y derivó en que la investigación que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se demorara, y recién fuera procesado nueve años después, en 2019, cuando Alvarado había caído en desgracia y estaba prófugo de la justicia provincial, acusado del homicidio de un prestamista y de manejar una organización que se nutría del tráfico de drogas. El tiempo para un narcotraficante es dinero. En esos nueve años Alvarado acumuló una fortuna incalculable y provocó decenas de crímenes en Rosario. El gobierno le adjudica a este criminal estar al frente de los ataques “terroristas” que conmocionaron a la ciudad a principios de marzo.

A la par de este cuestionamiento en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque, que está siendo analizado y tuvo avances durante las últimas semanas, LA NACION pudo confirmar que por una amistad que el juez tiene con el contador de Alvarado, Gabriel Mizzau, que firmó balances de las empresas del narco, el hijo abogado de Mizzau entró a trabajar en 2017 al juzgado federal que investigaba en ese momento al narcotraficante más poderoso de Rosario. Incluso, el contador de Alvarado también se ocupa de llevarle la contabilidad personal al juez. ´

Bailaque aseguró a este diario que “desconocía” que Gabriel Mizzau se desempeñara como contador del narco que él investigó y procesó por tráfico de drogas recién en 2019. El magistrado dijo que se enteró de esta situación por la consulta periodística que se realizó para esta nota. Sin embargo, esta información circula por los tribunales federales de Rosario desde hace tiempo. Por ese motivo, evaluaron fuentes judiciales, Sebastián Mizzau, que era sumariante en el juzgado federal Nº4 fue ascendido y desde hace un mes y medio pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal Nº3. Es una práctica común en los tribunales rosarinos que cuando un funcionario está cuestionado la salida sea un ascenso para sacarlo del foco del problema.

Sebastián Mizzau confirmó a LA NACION que desde 2017 ingresó como contratado al juzgado de Bailaque y que tres años después fue nombrado por la Cámara Federal. Reconoció que su padre tiene una antigua amistad con el juez. Bailaque y Gabriel Mizzau, padre del sumariante, fueron compañeros de la secundaria en el colegio Dante Alighieri y tienen una relación cercana, hasta de disfrutar momentos de placer como la visita que el magistrado, junto con un grupo de amigos, hacen de manera frecuente a una casa en Yacanto, en las sierras de Córdoba, que es propiedad del Mizzau.

Bailaque dijo que desconocía que su contador hubiera firmado, entre otros, los estados contables correspondientes al 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017 de la empresa Logística Santino SRL. Según la causa, Mizzau figura además como quien gestionó la habilitación municipal de empresa Sagrado Corazón de María SRL. Estas firmas estaban en manos de testaferros del jefe narco, pero además figuran en la propia causa federal que tramitó el juez.

El propio Bailaque cuando procesó a Alvarado en 2019 señaló en el fallo que las firmas Toia y Logística Santino “están vinculadas a Alvarado, quien de hecho resulta ser quien las dirige”. El contador de Logística Santino, según figura en los documentos que obtuvo LA NACION, era Gabriel Mizzau.

Dos años antes de que el juez procesara por primera vez al jefe narco, el 24 de noviembre de 2017 la policía de Río Negro interceptó a unos 15 kilómetros de la ciudad de General Roca, sobre la ruta provincial 6, un camión que tenía como destino la localidad de Cinco Saltos. El camión fue requisado y así se encontraron, en una baulera metálica ubicada en la parte inferior del semirremolque y en la cabina del rodado, más de 300 paquetes de marihuana con un peso total de 493 kilos.

Sebastián Mizzau entró a trabajar ese año con Bailaque, en un juzgado clave en materia de investigaciones de narcotráfico. El ingreso del abogado, que se había recibió ese año, fue por la relación que su padre tiene con el juez, que está cuestionado por su actuación en el inicio de la investigación contra Alvarado, condenado a prisión perpetua en el fuero provincial y sentenciado en 2022 a 15 años de cárcel por organizar el envío de un camión con más de 400 kilos de marihuana que fue incautado en Río Negro.

Lo que varias fuentes interpretan es que Bailaque procesó a Alvarado porque ya no tenía más remedio. El narco, que era un fantasma para la Justicia, había caído en desgracia en la causa que investigaban dos fiscales del fuero provincial, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. El 2 de febrero de 2019, Alvarado fue detenido en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba, donde se ocultaba. Al quedar rodeado, arrojó su Iphone al agua, pero un policía lo rescató. El teléfono se abrió en Estados Unidos, y reveló algunos mensajes comprometedores del narco a través de la aplicación Telegram.

El 10 de abril pasado, el Consejo de la Magistratura abrió un sumario disciplinario contra Bailaque, a raíz de que en el juicio en fuero provincial contra Alvarado los fiscales, que investigaron el entramado que había montado este jefe narco, señalaron que la justicia federal había negado varias medidas en 2013 que podrían haber terminado en ese momento con la carrera criminal de este hombre.

Emilio Lencina, jefe de la PSA en Rosario, presentó en 2013, según se reveló en el juicio, una serie de informes contra Alvarado y los nexos que tenía con el narcotráfico. Su socio en ese momento era Luis Medina, un narco que fue asesinado en diciembre de ese año. El juez federal al que le llegó la información era Bailaque, que procesó a Alvarado nueve años después. En concreto, Bailaque habría rechazado los pedidos de intervenciones telefónicas que eran clave para que la PSA avanzara en la investigación. Denegar las escuchas o la demora en la autorización era crucial en la investigación porque los narcos cambiaban todo el tiempo de líneas.

Ahora, el Consejo de la Magistratura citó a declarar a varios funcionarios tanto del fuero provincial como federal para que aclaren estos puntos difusos. Entre los convocados están Edery y Schiappa Pietra, el exfiscal federal Marcelo Di Giovanni, que fue quien en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses. También fue citada la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que avaló el pedido de investigación al juez federal, y también el titular de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal federal Santiago Marquevich.

A la par, el presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, dijo en la última sesión haber recibido un descargo que realizó Bailaque. El magistrado rosarino, que fue juez en Santa Cruz, fundamentó su defensa en que él delegaba la mayoría de los expedientes a los fiscales como si rigiera un modelo acusatorio pleno y que así ocurrió con el expediente de Alvarado. Señaló, además, que en esta causa respondió favorablemente a la mayoría de los pedidos del fiscal, los que detalló en su descargo, y que donde hubo negativas puntuales no fue por un motivo caprichoso sino cumpliendo su rol de juez de garantías. El magistrado consideró también que en ningún caso el fiscal recurrió a una instancia superior para que contradijera su postura. “El Ministerio Público Fiscal no presentó ni un solo recurso contra aquellas decisiones que no respondían a su interés”, apuntó Bailaque. También advirtió en el escrito que hubo una campaña orquestada por el exministro de Seguridad Marcelo Saín, que presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que fue desestimada. El juez destacó que él fue quien procesó a Alvarado y elevó su causa al tribunal oral para que fuera juzgado y condenado a 15 años.

En el nuevo sistema acusatorio, Bailaque se desempeña como juez de Garantías y tiene a su cargo las causas residuales del viejo sistema. Lo llamativo es que a pesar de que está siendo investigado por su actuación en una causa emblemática de narcotráfico lo designaron para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela, desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025.

Por Germán de los Santos

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