Caso $LIBRA | Reclaman a la Justicia que avance contra Milei por “negociaciones incompatibles” con su función de Presidente
Dos entidades de la sociedad civil plantearon que el delito ya estaría probado por ser “prácticamente flagrante” y le pidieron a la jueza María Servini que las acepte como querellantes
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LA NACIONHugo Alconada Mon
El horizonte judicial de Javier Milei por el caso $LIBRA sumó hoy una nueva complicación. Dos entidades de la sociedad civil se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py, pidieron ser aceptadas como querellantes y en el mismo escrito reclamaron que la Justicia avance contra el Presidente por haber incurrido en el delito “prácticamente flagrante” de negociaciones incompatibles con la función pública.
La presentación lleva las firmas de los directores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), Julián Alfie, y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Pedro Biscay. Juntos remarcaron que la “memecoin” $LIBRA representa “un caso excepcional de corrupción”. ¿Por qué? Porque se encuentra “ya acreditado casi en su totalidad” por las evidencias de “público conocimiento”, dijeron.
Alfie y Biscay remarcaron, además, que el fiscal federal Eduardo Taiano puede y debe avanzar sobre Milei por esas presuntas negociaciones incompatibles, mientras continúa con la pesquisa por supuesto fraude y otros delitos. “Cualquier dilación puede ser sintomática de un riesgo de impunidad”, destacaron, máxime cuando avanzar contra los funcionarios que delinquen representa “una obligación internacional del Estado Argentino”, como signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La petición de ambas organizaciones será evaluada por la jueza federal María Servini, quien definirá si las acepta como querellantes, una posibilidad que registra antecedentes en los tribunales. En 2018, la Cámara Federal de La Plata le abrió la puerta a la Fundación Poder Ciudadano en una investigación sobre una presunta defraudación al Estado nacional, por ejemplo, y en 2024, la Cámara Federal porteña habilitó a la ONG Contadores Forenses en la pesquisa sobre la cuestionada venta de la petrolera YPF.
La movida del Inecip y del Cipce representa otro eslabón en la cadena de derivaciones judiciales que afrontan Milei, el “empresario” estadounidense Hayden Davis y sus enlaces argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy desde el 14 de febrero pasado, cuando el jefe de Estado promocionó $LIBRA por la red social X y el criptoactivo movió cientos de millones de dólares durante unas horas, para luego colapsar.
Desde entonces, dos investigaciones criminales se abrieron en la Justicia federal argentina –una en manos de Servini y del fiscal Taiano; la otra, de la jueza Sandra Arroyo Salgado-, un estudio jurídico estadounidense inició una demanda colectiva (“class action”) ante la Corte estadual de Nueva York, la Audiencia Nacional de Madrid receptó otra denuncia penal para que se investigue en España lo ocurrido, y otro bufete jurídico de Manhattan anunció que avanzará con otra demanda colectiva, pero en el fuero federal.
Promoción presidencial
Al impulsar la acción penal en los tribunales de Comodoro Py, en tanto, el fiscal Taiano estimó que la pesquisa debe centrarse en cuatro presuntos delitos: abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Y decidió imputar a Milei, Davis, Novelli, Terrones Godoy, al CEO de la firma KIP Protocol, Julian Peh, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, pero excluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la que sumó días después.
En su presentación de 43 páginas, las entidades Inecip y Cipce avanzaron por una senda complementaria a la de Taiano. Plantearon que la Justicia federal debe avanzar contra Milei por negociaciones que serían incompatibles con su función como Presidente. Recordaron que el jefe de Estado recurrió a la red social X para difundir un emprendimiento privado –“Viva la Libertad Project”-. Es decir, que Milei “se interesó en un negocio de características privadas”, como el propio Presidente reconoció en la entrevista que concedió al periodista Jony Viale en la señal TN, el lunes 17 de febrero.
“El hecho ilícito imputado al Presidente de la Nación, Javier Milei, radica en haber promocionado públicamente un negocio comercial totalmente ajeno a los fines legítimos de la administración pública”, destacaron Alfie y Biscay. Esa acción, conllevó promover “una supuesta inversión basada en la colocación de ahorros del público en una memecoin, una práctica altamente especulativa y sin respaldo institucional”.
“La gravedad del hecho es evidente por sí misma: el Presidente utilizó su figura y alcance para impulsar un negocio privado, lo que demuestra un claro interés ajeno a la función pública”, abundaron los representantes del Inecip y del Cipce. “Este accionar no puede justificarse bajo el argumento de que la cuenta desde la que se realizó el posteo es ‘privada’ y no ‘oficial’. Tal distinción resulta irrelevante, pues el poder presidencial no se limita a actos formales de gobierno; su autoridad y peso simbólico influyen directamente en la conducta de los ciudadanos, los mercados y la economía del país”.
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