Bussi: un militar que defendió la represión hasta último momento

Nacido en Entre Ríos, en 1926, Antonio Domingo Bussi cursó la carrera de las armas sin mayores inconvenientes. Había ascendido a general de brigada a fines de 1975, cuando quedó a cargo del Operativo Independencia, implementado contra la guerrilla del ERP en los montes tucumanos.

Bussi desplegó su tarea con extremo rigor. Jefe del área militar y gobernador de Tucumán después de marzo de 1976, durante su paso por el Ejecutivo, crecieron exponencialmente las víctimas de tortura, vejaciones y desapariciones, de homicidios y de atentados intimidatorios, hasta un punto quizá no registrado en ningún otro lugar del país durante el proceso militar.

Aberraciones reiteradas y aun la probable intervención directa del militar en ellas, originaron después de 1983 la apertura de más de 800 causas judiciales en que se lo incriminaba y que dieron origen a un trámite interrumpido por la ley de Punto Final y por el indulto de Menem, y que se cerró sólo en 2008 cuando fue sentenciado a presión perpetua, con reclusión domiciliarias debido a la edad.

Pero también estuvo encargado de la administración civil de Tucumán. En esa función, resaltaban medidas como la supresión de las protestas gremiales y la expulsión de los mendigos, arrojados manu militari -y aquí la expresión tiene alcance literal- en medio del campo, en jurisdicción catamarqueña. O el camuflaje de las villas miseria mediante la erección de muros en su contorno.

Bussi dejó el cargo de gobernador en 1980 con fama de hacedor entre sus simpatizantes. Por eso, en 1987, se convirtió en diputado provincial. Luego de esa elección, se convirtió en un referente político de la provincia.

En la siguiente elección, Bussi se presentó como candidato a gobernador, pero fue superado por Ramón "Palito" Ortega, aliado del entonces presidente Carlos Menem. Cuatro años después, en 1995, logró su objetivo: fue electo gobernador, pese a estar incriminado en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad.

La gobernación de Bussi fue blanco de muchas críticas. Acorralado por el gremialismo y ante un fuerte deterioro de la economía, fue acusado de peculado y hasta suspendido por la sustanciación de un juicio político.

En un osada jugada política, intentó aproximarse a sectores liberales y luego pasó a promover el proyecto re-reeleccionista de Menem. En 1999 propuso como candidato a gobernador a su hijo Ricardo, pero éste fue derrotado y Tucumán volvió a tener un gobierno peronista

En esas mismas elecciones, Bussi fue electo diputado nacional. Pero nunca pudo asumir su banca. El cuerpo le rechazó su diploma, decisión revisada por la Corte Suprema, cuando ya el mandato del legislador se había extinguido.

La violación de los derechos humanos y los horrores cometidos en el pasado no le dejaría levantar cabeza. En 2003 fue elegido intendente municipal de San Miguel de Tucumán y nuevamente se le impidió asumir.

Con una grave afección cardíaca a cuestas enfrentó el juicio por delitos de lesa humanidad. En 2008, Bussi fue finalmente condenado por el secuestro y la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

En silla de ruedas y con oxígeno, defendió en 2010, su rol durante la dictadura militar en medio del proceso judicial que enfrentó por delitos de lesa humanidad contra 22 personas detenidas entre 1975 y 1976. "Las Fuerzas Armadas llevaron adelante una verdadera epopeya", reivindicó Bussi.

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