Un pacto que dividió réditos entre opositores y concentró los costos en el oficialismo

Bajo la luz potente de las cámaras de televisión, el kirchnerista Héctor Recalde se abrió paso entre los periodistas que rodeaban la mesa ya ocupada por media docena de referentes de la oposición. "¿Dónde me siento?", preguntó, algo incómodo, detrás de Oscar Romero y Victoria Donda , sentados en las sillas del centro. Después de un instante de resistencia, la diputada se corrió para dejarle el asiento. "Todo sea por la unidad", le susurró, entre risas.

La postal parlamentaria incluyó, como nunca antes, a referentes de las principales bancadas de la oposición. El cambio de escenario, más vinculado a las elecciones de 2017 que a las de 2015, y la preocupación que esto le genera al oficialismo quedaron expuestos durante la misma conferencia. Fue casi en el final, cuando Cornelia Schmidt Liermann, diputada de Pro, interrumpió desde un costado. "¿Cómo lo van a pagar?", preguntó a los gritos. Nadie le respondió.

La imagen, que mostró codo a codo a Recalde, Donda, Romero, Graciela Camaño, Alicia Ciciliani, Leonardo Grosso, Facundo Moyano, Sergio Zilliotto (Bloque Justicialista), Alcira Argumedo y Federico Masso (Libres del Sur), fue el capítulo final de tratativas intensas, con una trastienda agitada. Nadie quería salir perdiendo. Nadie quería regalar su parte de la victoria. Se negoció cada detalle, hasta la distribución de las sillas.

La ausencia más notoria fue la de Sergio Massa , uno de los artífices del acuerdo. Habló con cada uno de los actores, hasta con Néstor Pitrola, del PO. "La intención era hacerlo lo más plural posible", argumentaron sus voceros. Fue un recurso para no aparecer junto al kirchnerismo, en una postal colectiva que hubiera diluido su figura de presidenciable. No evitó, sin embargo, recibir en su despacho a Máximo Kirchner. "Es un acuerdo a favor de los trabajadores y no en contra del Gobierno", repetían cerca de Massa, preocupados por la lectura negativa que el oficialismo quería darle al acuerdo.

No fue la única reunión del día. La primera se hizo a las 9.30 en el despacho de Romero. Se acordó la noche anterior, después de varias conversaciones entre Marco Lavagna, Axel Kicillof y Diego Bossio, otro que evitó mostrarse con el kirchnerismo. Más tarde, Lavagna y Bossio visitaron en su despacho a Miguel Pichetto, jefe de los senadores del Frente para la Victoria (FPV), que les pidió que trataran de aprobar el mejor proyecto, dado que no hay mucho margen para hacer cambios en el Senado.

Mientras transcurrían las negociaciones, el oficialismo se mostraba rendido. No hubo gestiones de último momento ni intentos de frustrar la sesión. La orden había llegado de la Casa Rosada: no había nada para negociar. Parte de la explicación radica en la distancia enorme entre el proyecto del Gobierno y la propuesta de la oposición y en el costo fiscal que hubiese significado ceder ante los reclamos.

Otra lectura surge de los discursos del oficialismo en el recinto. De manera más clara o más elíptica, los diputados de Cambiemos denunciaron un intento de desestabilización. "El PJ, que perdió las elecciones, le impone un programa económico a un presidente que recién el sábado cumple un año de gestión", fue el mensaje unificador. La victimización podría ser el primer paso para preparar el terreno para un veto presidencial. Por lo pronto, el oficialismo cerró el año parlamentario de la peor manera. Con una derrota fiscal. Con una derrota política.