Un resumen del caso YPF para entender el fallo contra la empresa argentina

Una trama judicial que comenzó hace más de una década atraviesa sus capítulos más determinantes para el futuro de YPF y las finanzas nacionales. Las decisiones que tomen los tribunales de Nueva York pueden representar miles de millones de dólares en juego. La reciente orden de la jueza Loretta Preska para que el gobierno de Javier Milei entregue acciones de la petrolera como parte de pago intensifica la presión sobre la Argentina.

El conflicto judicial se origina en la forma en que el Estado argentino ejecutó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, mediante el incumplimiento de las normas internas de la compañía. El estatuto de la propia petrolera, una compañía con cotización en la Bolsa de Nueva York, exigía que cualquier cambio de control accionarial obligaba al nuevo dueño a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.

El gobierno argentino, con el entonces vice ministro de Economía Axel Kicillof como figura central, ignoró esta cláusula. La negativa a extender la oferta a los accionistas minoritarios constituyó el núcleo de la demanda. En su momento, Kicillof desestimó las advertencias legales con una frase que quedó para el registro.

“Tarad*s son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, cuestionó el ahora gobernador bonaerense en el Congreso. Esto resultó en la decisión de la jueza Loretta Preska, que consideró que el Estado argentino incumplió el contrato y lo sentenció a pagar una indemnización millonaria.

Los demandantes originales fueron los accionistas minoritarios perjudicados por la decisión de no realizar la OPA. Se trata de las empresas Petersen Energía Inversora SAU y Petersen Energía SAU, propiedad de la familia Eskenazi, que en conjunto poseían el 25% de YPF.

Estas compañías habían adquirido su participación con créditos bancarios que planeaban pagar con los dividendos de la petrolera. Cuando el Estado tomó el control y suspendió el pago de utilidades, las firmas del Grupo Petersen entraron en un proceso de concurso de acreedores en España.

El otro demandante fue el fondo Eton Park Capital, que poseía el 3,04% de las acciones de YPF. Ambos litigantes argumentaron que la Argentina, al no realizar la oferta pública, los privó de la posibilidad de vender sus tenencias en las mismas condiciones que Repsol, que finalmente recibió una compensación de US$5000 millones.

El fondo Burford Capital no era accionista de YPF. Su ingreso al caso se produjo a través de un mecanismo financiero y legal. En 2015, el síndico que administraba la quiebra de las empresas Petersen en España identificó que el único activo de valor era la posibilidad de iniciar un juicio contra la Argentina en Nueva York.

Para obtener fondos, el síndico subastó los derechos para financiar ese litigio. Burford Capital ganó la subasta con una oferta de 15 millones de euros. A cambio, acordó financiar todo el proceso judicial y, en caso de una sentencia favorable, recibir un porcentaje del cobro.

La participación de la familia Eskenazi en un eventual cobro es indirecta y no está garantizada. El acuerdo establece que Burford retiene el 70% de la indemnización. El 30% restante, que con la sentencia actual equivale a unos US$5100 millones, se destina a pagar a los acreedores de la quiebra de las empresas Petersen.

Según datos del expediente, la deuda de las compañías en el proceso concursal español, acumulada desde 2012 con intereses, ronda los US$5000 millones. Solo si existiera un sobrante después de cancelar la totalidad de esa deuda, el remanente iría a los accionistas de las sociedades españolas, es decir, a la familia Eskenazi.

La jueza Preska ordenó a la Argentina la transferencia del 51% de las acciones de YPF a una cuenta en el Banco de Nueva York Mellon en un plazo de 14 días, como pago parcial de la sentencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no puede cumplir esta orden directamente, ya que una ley del Congreso prohíbe la venta de ese paquete accionario. Preska sugirió dos caminos: cambiar la ley o negociar un acuerdo.

La Argentina presentó, en paralelo, una apelación al fallo de fondo ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, que debe resolver sobre el tema. La parte perdedora en esa instancia todavía tiene el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.