Un tribunal clave, intérprete de la ley

Son los jueces destinados a cambiarle la cara al tribunal penal más importante del país. Son los intérpretes de la ley penal que sientan jurisprudencia. Asumieron todos a fines de 2011 para darle dinámica a un tribunal clave: la Cámara Nacional de Casación Penal, que es quien revisa las sentencias que le llegan de los tribunales penales de todo el país si es que han sido apeladas.

Este tribunal fue creado hace 20 años, durante la presidencia de Carlos Menem, en medio de un escándalo: León Arslanian, el ministro de Justicia de entonces renunció de un portazo cuando se conocieron los nombres que lo integrarían y los calificó como "esperpentos", una mácula que los acompañaría durante dos décadas.

Las vacantes de la Casación original fueron las de Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Amelia Berraz de Vidal, Alfredo Bisordi, Guillermo Tragant, Gustavo Mitchel y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso.

Bisordi se alejó por los cuestionamientos del kirchnerismo a sus posturas en los juicios de derechos humanos. Los demás estaban en edad del retiro. Aún quedan Pedro David, Gustavo Hornos, Raúl Madueño, Juan Fégoli, Liliana Catucci, Angela Ledesma y Eduardo Riggi.

Ahora se agregaron para renovar el cuerpo Alejandro Slokar, ex funcionario kirchnerista; Mariano Borsinky, ex fiscal de juicio oral, Ana María Figueroa, una ex funcionaria especialista en temas de derechos humanos y el catedrático Juan Carlos Gemignani,

Las vacantes se cubrieron con funcionarios elogiados como garantistas, honestos y críticos de la corporación judicial. Slokar fue subsecretario de Política Criminal y es discípulo de Eugenio Zaffaroni, con quien es coautor de un tratado de derecho penal. Sacó 97 puntos en su concurso. Los consultados destacan su formación, aunque señalan que nunca fue juez.

Borinsky, que obtuvo 91 puntos, fue el fiscal que pidió que Menem sea condenado por la venta de armas. Aguerrido y estudioso, es profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. Ana María Figueroa no proviene de la familia judicial. Trabajó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario e integra el área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su designación fue auspiciada por el oficialismo. Gemignani es un académico de Paraná.

La impronta de los recién llegados ya se nota. Slokar lidera algunas iniciativas de cambio, a tal punto que se enfrentó con algunos colegas que subrogaban en la Cámara.

Las salas de la Cámara comenzaron a trabajar adelantando audiencias y resolviendo causas que estaban paralizadas. La Sala I dictó 1730 resoluciones en 2011, 170 de los cuales fueron incidencias en causas de derechos humanos.

La crítica que hizo el Gobierno al tribunal en 2010 es su atraso en la resolución de estas causas. En algunos casos, las razones eran ideológicas, en otras era sólo morosidad.

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