Entidades empresarias critican la suma fija de $60.000 y cuestionan que sea “una imposición del Estado”
La CAME, que reúne a las pymes, rechazó las medidas y defendió el rol de las paritarias; en el mismo sentido se manifestó la Cámara Argentina de Comercio; la UIA, también disconforme
LA NACION
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a cientos de Pymes, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) criticaron la decisión del Gobierno de imponer el pago de un bono de $60.000 en concepto de suma fija para compensar la devaluación y la escalada inflacionaria. Destacaron que son las paritarias el ámbito para definir las remuneraciones y que el Gobierno no debería intervenir como lo está haciendo.
“Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, señaló la entidad empresaria en un comunicado, en el que destacó el rol de las paritarias como ámbito de negociación entre empleadores y empleados.
La CAC sostuvo que los anuncios le generaban una “profunda preocupación”, y, en el mismo sentido que la CAME, esta tarde afirmó: “Las paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, conciliando las pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de cada sector”.
Fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijeron a LA NACION que los industriales también creen que cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias y que aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas. Hasta el momento, la UIA no hizo declaraciones oficiales sobre el anuncio del Gobierno.
El ministro de Economía indicó el domingo que la suma fija para el sector privado será de 60.000 pesos divididos en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Le corresponderá esta suma a 5,5 millones de trabajadores con salarios netos de hasta 400 mil pesos mensuales y el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de 100% para las microempresas y de 50% para las pequeñas empresas. Lo mismo rige para empleados públicos nacionales. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, detalló hoy que las empresas a partir de 100 o 110 trabajadores, de acuerdo al sector, deberán asumir por sí solas el bono.
La CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.
“En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, agregó la CAME en su comunicado. Y agregó: “La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
Incumplimiento
La ministra de Trabajo advirtió que “actuarán de inmediato” sobre las empresas que no paguen la suma fija, pero remarcó que los gremios deberán garantizar que haya fiscalización para ver si la medida se cumple. Asimismo dijo que los trabajadores podrán hacer denuncias anónimas.
Al respecto del impacto de esta decisión en la paritaria y el aguinaldo, la funcionaria enfatizó en que todo se definirá entre trabajadores y empleadores. “La paritaria es libre, no podemos imponer una determinada decisión dentro de ese marco de negociación”, se despegó.
Quejas en la UIA
Fuentes de la UIA dijeron que esta asociación empresaria considera desacertada la batería de medidas tomadas por el Gobierno. Sostuvieron que la industria argentina cuenta hoy con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios. Dijeron que una “decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidos libremente por las partes en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas, económicas y negociales diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”.
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