Una ex funcionaria kirchnerista controlará las escuchas telefónicas

La vieja Ojota, como se conocía a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE que realizaba escuchas telefónicas, perderá ese viejo secretismo del espionaje.

Fue rebautizada como Dirección de Captaciones Telefónicas y funcionará desde esta semana como un organismo transparente, monitoreado por organizaciones de la sociedad civil, según prometen en la Procuración General de la Nación, que manejará las pinchaduras oficiales.

La fiscal Cristina Caamaño, de máxima confianza de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y ex funcionaria del Ministerio de Seguridad, estará al frente desde esta semana de la nueva oficina.

Ese traspaso de las escuchas a la Procuración General está previsto en la reforma de la ley de inteligencia impulsada por el Gobierno y sancionada el 5 de marzo pasado, luego de que descabezó a la SIDE, le cambió el nombre por Agencia Federal de Inteligencia y echó al poderoso director general de Operaciones Jaime Stiuso.

La reforma fue criticada por un sector de la oposición que desconfía de la independencia de Gils Carbó respecto del Gobierno. Ese sector propuso que la facultad de intervenir teléfonos por orden judicial quedara en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero no prosperó.

Para dar transparencia a las escuchas telefónicas, la Procuración decidió formar una comisión de especialistas, integrada por el ex juez y ex ministro León Arslanian, el especialista en derecho penal Alberto Binder, el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, y el fiscal Félix Crous.

El equipo presentará en los próximos días un informe en el que evaluará cómo funciona el sistema actualmente y realizará sugerencias para su operación en el futuro.

Se prevé, dijeron a LA NACION fuentes de la Procuración General, que haya un equipo externo, integrado por organizaciones de la sociedad civil que puedan monitorear el funcionamiento de esta oficina. Se tratará de quitarle todo secretismo, opacidad y su pátina de espionaje, para convertirla en un organismo transparente, dijeron en el organismo que conduce Gils Carbó.

Dicap y no Ojota

La oficina, cuando estaba en manos de la vieja SIDE, se llamaba Observaciones Judiciales, pero era más conocida como Ojota, por su siglas. Hoy hasta el nombre le cambiaron para aventar todo rastro del pasado. Se llamará Dicap, que es la sigla de Dirección de Captaciones de Telecomunicaciones.

Esta oficina, en rigor, estará dentro de la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (Datif), que ya maneja Caamaño. Aún no se sabe quién manejará directamente las escuchas legales.

Caamaño se ganó la confianza de Gils Carbó, primero, y de la presidenta Cristina Kirchner, después, cuando trabajó en la investigación del crimen de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero muerto a tiros en el enfrentamiento con una patota del gremio ferroviario, el 20 de octubre de 2010. La investigación del crimen fue considerada un asunto de Estado por el ex presidente Néstor Kirchner, que murió una semana después, tras aportar una pista clave por la confidencia de un militante que permitió esclarecer el asesinato.

Caamaño realizó la investigación y acusó al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, de instigar el crimen. Hoy el veterano dirigente ferroviario cumple preso su condena, que está apelada ante la Cámara de Casación.

De allí, Caamaño pasó al Ministerio de Seguridad, con Nilda Garré, pero dejó el cargo, que ocupó Sergio Berni, ideológicamente en las antípodas de la funcionaria.

Tal es la confianza que Gils Carbó deposita en Caamaño que la eligió para que ocupara la fiscalía de José María Campagnoli cuando la Procuración suspendió al fiscal mientras lo sometía a juicio político, que más tarde terminó en nada.

Estos meses, equipos de la Procuración visitaron la supersecreta Ojota. Les hicieron firmar un compromiso de confidencialidad y pudieron ver lo que ocurría allí.

Se encontraron con oficinas administrativas que tramitan pedidos de escuchas telefónicas que envían los jueces. Nada de aparatos ni tecnología de espionaje. Es que el sistema está organizado de modo que sean las empresas de telefonía las que conectan a los abonados para realizar el espionaje.

Hubo casos en que funcionarios policiales o de la SIDE se valieron de una orden de un juez, simulando una investigación legal, y escuchaban las llamadas telefónicas de modo ilegal. Usaban, después, el producto de las conversaciones para sus clientes.

El espionaje telefónico paralelo se da mediante otras estrategias como equipos móviles, conocidos como valijas, que interceptan las comunicaciones de celulares, equipos de captación de mails o aparatos mas sofisticados, como el decomisado por la Justicia en Campana. Ese equipo era utilizado para conectar abonados sin la orden de un juez y para el espionaje político clandestino o, incluso, negocios comerciales.

Por Hernán Cappiello

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