Una organización de Derechos Humanos apunta contra un juez del Tribunal Supremo de Santiago del Estero
El Instituto Interamericano por la Democracia denuncia que Federico López Alzogaray está detrás de un brutal desalojo contra un campesino; el juez afirma que su familia siempre fue legítima dueña del terreno
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LA NACION
El Instituto Interamericano por la Democracia (IID) es una organización apartidaria con sede en Miami, Estados Unidos, que difunde y promueve los valores de la libertad y la democracia. Entre sus objetivos está desplegar una custodia permanente sobre la región en materia de derechos humanos. Por tercera vez, dos de sus directores y miembros del comité de DD.HH., Armando Valladares y Marcel Feroud, visitaron la Argentina para darle seguimiento y visibilidad a un caso particular que siguen de cerca desde fines de 2022.
Se trata, según denuncian públicamente desde entonces, de una toma ilegítima de tierras en el corazón de Santiago del Estero, que tiene como víctima a Manuel Ardiles, un campesino ya fallecido, y como presunto usurpador al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Federico López Alsogaray, que sostiene una versión diametralmente opuesta a la del Instituto norteamericano.
Valladares, que pasó 22 años preso en la Cuba de Fidel Castro y fue designado por Ronald Reagan como embajador de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas, asegura que el “caso Ardiles” guarda notas únicas: “Nunca vi un caso de tanto ensañamiento como el de Ardiles”, afirma.
Junto a Feroud, sostiene que Ardiles y su familia sufrieron un brutal desalojo luego de que López Alsogaray, dueño de un campo lindante de 360 hectáreas, presentara ante la Justicia una acción reivindicatoria, reclamando la propiedad del terreno de Ardiles, unas 30 hectáreas que heredó de su padre hace 50 años, ubicadas en la localidad de Forres, a menos de 40 kilómetros de la capital.
Los delegados del Instituto aseguran que López Alsogaray fundó su reclamo en una cédula real del siglo XVIII que acreditaría que una tatarabuela suya le hizo entrega del terreno. “Ni siquiera existía Argentina como república”, dice Valladares.
López Alsogaray asegura que el campo siempre estuvo a su nombre, que lo que se remonta hasta esa época son los antecedentes de dominio familiares, y que la disputa legal se redujo solo a las 7 hectáreas en las cuales vivió Ardiles todo el tiempo que trabajó para su familia dentro del campo.
Asesorado por abogados y con un presunto título por prescripción de un terreno fiscal, explica el juez, Ardiles buscó proclamar como suyo lo que siempre perteneció a su familia.
Según el instituto, a los pocos días de la presentación judicial del juez López Alsogaray se activó un operativo policial para desalojar a Ardiles y su familia. Feroud, abogado y encargado de los temas legales del organismo, señala cuán atípico fue el procedimiento.
“En las acciones reivindicatorias jamás se ordena una cautelar para desalojar a quien está en posesión legítima del terreno. Se estudia el caso, se produce prueba, y el juez resuelve mediante sentencia quién tiene derecho sobre la tierra. Pero en este caso, al tratarse del presidente del tribunal actuando como parte actora, la Justicia avanzó de inmediato con el desalojo”, desarrolla, y suma: “Es un atropello que se produce bajo un disfraz de legalidad”, suma.
Por su parte, el juez López Alsogaray, que no descarta iniciar acciones legales directamente contra el organismo, sostiene que el desalojo se dio tras cinco años de disputa legal, dos instancias judiciales favorables y una intimación previa. “Todo el expediente está digitalizado”, dice el juez, y lo comparte con LA NACION, junto con constancias de propiedad. “No apelaron ante la Corte para poder mantenerlo en la provincia”, agrega.
Con la promoción del caso, el Instituto estadounidense busca que la familia de Ardiles –el campesino falleció en 2023– reciba un resarcimiento económico, además de la devolución del terreno.
“Por mi experiencia –dice Valladares–, 22 años en prisión por razones políticas en Cuba, y luego como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, puedo decir que nunca vi un ensañamiento tan brutal, tan miserable, como el que ha cometido López Alsogaray contra esta familia indefensa.”
“Marcel [Feroud] y yo nos ocupamos del tema de derechos humanos dentro del Instituto Interamericano por la Democracia. Esta es una organización no partidista. Nuestro objetivo es defender los valores democráticos en el continente y velar por la situación de los derechos humanos. A fines de 2022 llegó a nuestras manos el caso Ardiles, que adoptamos como propio. Supimos que el presidente de la Corte Suprema de Santiago del Estero lo había desalojado ilegalmente”, explica Valladares. “Vinimos al país y visitamos a la familia”, agrega.
El campesino fallecería a los pocos días de aquel encuentro. Según el cubano Valladares, a Ardiles lo consumió una profunda depresión, desatada tras sufrir abusos de todo tipo por parte del poder provincial, como la quita del canon de riego en plena cosecha.
“Se le cortó el agua, se le murieron los animales, que tenían allí un bosquecito que tenían para que los animales se guarecieran durante el verano. Y ese ensañamiento continuó cuando los expulsaron de allí”, relata Valladares.
Documental
A modo de informe, el Instituto publicó un documental en su canal de YouTube con detalles del caso. Allí, el abogado de la familia, Juan Parra, y otros testimonios reconstruyen el desalojo, cuentan que las fuerzas de seguridad “destruyeron a martillazos” el hogar de Ardiles, talaron e iniciaron incendios, entre otros abusos.
“El ensañamiento fue extremo. Le cortaron el agua, incluso en el pequeño terreno que le habían dejado hasta que terminara el juicio, que ni siquiera estaba resuelto todavía”, dice Valladares.
”No solo expulsaron a su esposa, sino también a su hija. No les permitieron ni siquiera sacar una foto familiar. Apenas los sacaron por la fuerza, comenzaron a destruir la propiedad. Le prendieron fuego”, sigue.
El de Ardiles fue el caso que puso a la provincia bajo la lupa del Instituto, y el que destapó otros similares que se produjeron con anterioridad, según afirman los delegados del Instituto.
Desde entonces, los delegados del Instituto han visitado el país, mantenido reuniones con distintas autoridades provinciales, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, y presentado informes con los detalles del caso a distintas organismos.
Uno de ellos fue entregaron en mano a López Alsogaray por el propio Valladares, pero asegura que el juez nunca ofreció respuesta.
Además, denunciaron el “caso Ardiles” ante la Cámara Nacional de Diputados, el Concejo de DDHH de las Naciones Unidas, y la Corte penal Internacional.
“[El de Ardiles] es el caso número 10. A otros campesinos [el juez] le hizo exactamente lo mismo, los desalojó, y se quedó con las tierras de esta gente. Con la diferencia de que los otros campesinos, como la mayoría en la provincia, simplemente tenían la posesión y digo simplemente entre comillas porque la posesión ininterrumpida por más de 20 años con ánimo del dueño te da el derecho a ser dueño”, explica Feroud.
“Pero en el caso de Ardiles, él tenía título perfecto, por eso es que se presentó una acción judicial. Concretamente, una acción reivindicatoria, que es por la cual tú, como tercero, dices: ‘¿Sabés qué? Ese terreno donde tú estás es mío, porque tengo el título.’ Por lo tanto, le pide al juez que te desaloje y te permita a ti entrar porque eres dueño”, añade Feraud.
En el video, el abogado Feraud va más allá y sugiere que en la provincia rige el derecho del más fuerte. “Simplemente es cuestión de entrar y cambiar el cartel”, asegura.
LA NACION
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