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Una sindicalista ligada a La Cámpora compró el piso de abajo de Cristina Kirchner y hay dudas sobre para qué se usa
María Soledad Calle está siendo investigada porque recibió un contrato para administrar los fondos de la UOM, gremio que fue intervenido por la Justicia; el mismo mes que adquirió el inmueble también compró un auto de US$70.000
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Cristina Kirchner tiene una vecina muy cercana. María Soledad Calle es referente de La Cámpora en la ciudad de Campana y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que fue intervenido por una serie de irregularidades. En sus redes sociales, la joven sindicalista tiene varias fotos junto a la expresidenta, a quien idolatra como su referente política. El 20 agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta, Calle adquirió el inmueble que está justo abajo, en el primer piso de San José 1111. ¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”, pero al menos dos fuentes que conocen los detalles de la operación sospechan de su verdadero uso.
LA NACION visitó el lugar durante los últimos días y trató de ubicar a Calle pero nadie contestó el timbre. Personas apostadas en el interior del edificio dijeron no conocer a una mujer con ese nombre.
La joven dirigente tiene una vida ligada el Estado. Arrancó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, luego saltó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y en 2015 desembarcó en el Concejo Deliberante de Campana, donde presidió el bloque de La Cámpora durante cuatro años. A partir de ese momento, lideró la oposición al intendente Sebastián Abella (PRO) y proyectó su carrera política en el ámbito provincial.
Calle tiene varios actos compartidos junto al gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios. En las redes sociales siempre mostró su adoración por Cristina y Néstor Kirchner. En 2022, la visitó a la ex vicepresidenta en su despacho del Senado y posteó algunas imágenes. “El amor no se proscribe. Vayas donde vayas, estaremos. ❤️🇦🇷“, le dedicó luego de ese encuentro, el 6 de diciembre de ese año.
Apenas unos días después, su vida cambiaría abruptamente. En diciembre de 2022 creó, junto a un socio, Adalberto Raúl Braconi, la empresa USEM SA, que dos meses después pasaría a administrar una parte de los fondos de la UOM, según consta en documentos judiciales. El acuerdo, tal como reveló el diario Clarín, se firmó en febrero de 2023 y tiene vigencia hasta 2033. El gremio que lideraba en ese entonces Abel Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados.
Braconi, que aparece firmando el acuerdo y los resúmenes bancarios, había sido empleado de la Municipalidad de Zárate y también trabajó para Nucleoeléctrica SA.
A partir de ese momento, USEM SA se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.
Lo más llamativo de todo es que Calle ya aparecía en ese momento como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales. Por esa función hizo decenas de viajes al exterior. Dentro del gremio aseguran que la joven camporista logró una cercanía con Furlán, aliado incondicional del kirchnerismo.
Según fuentes judiciales, la investigación en curso busca determinar si Calle estuvo de los “dos lados del mostrador”. En diálogo con LA NACION, la sindicalista negó ser empleada del gremio.
Por ese contrato con la USEM, Calle y Furlán fueron denunciados por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y están siendo investigados por el juez federal Julián Ercolini. Se los acusa de los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
“Dicho contrato habría conferido a USEM S.A. facultades de significativa amplitud, entre ellas la administración de aproximadamente el 80% de los aportes sindicales, la apertura de cuentas bancarias en nombre del sindicato, la ejecución de pagos y la administración de la caja sindical, todo ello a cambio de una retribución equivalente al 0,5% de la recaudación por cuota sindical, en el marco de una contratación de diez años de duración”, dijeron tres dirigentes opositores a Furlán cuando se presentaron como querellantes. Los mismos dirigentes ya habían denunciado amenazas y hechos de violencia de parte de la conducción de la UOM.
“La empresa fue la usina recaudadora de La Cámpora y demás está decir un negocio de Soledad Calle y Abel Furlán, acuerdos con laboratorios amigos para mayor retorno y así muchos negocios más”, dijo Ángel Derosso, uno de los dirigentes opositores que se presentó como querellante.
En las elecciones presidenciales de 2023, Calle hizo campaña por su delfín en Campana, Alejo Sarna, y por la fórmula que integraban Sergio Massa y Agustín Rossi.
Después del contrato con la UOM, Calle incrementó su patrimonio de manera vertiginosa. Agosto de 2025 fue un mes especial. El 8, según un documento oficial, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Decidió registrarlo en la ciudad de Buenos Aires aunque sigue teniendo domicilio en Campana. Calle ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.
Dos semanas después, el 20 agosto, adquirió el primer piso de San José 1111, un departamento de 252 m2 que estaba en venta desde hacía mucho tiempo. En ese momento, las movilizaciones a favor de la ex presidenta eran frecuentes. La mayoría de los vecinos se quejaban en público de las complicaciones que eso generaba. Sin embargo, Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad, según un documento del Registro de la Propiedad al que accedió LA NACION. Serían unos 750 dólares el metro cuadrado, por debajo del valor de mercado.
De hecho, a fines del año pasado trascendió que se vendía el departamento del tercer piso, muy similar al de Cristina Kirchner y al de Soledad Calle. Se publicaba a US$295.000. Ante una consulta de LA NACION, la inmobiliaria Mariana Stange Real Estate explicó en ese momento que “el departamento tiene unos detalles lindísimos para vivienda y también para uso profesional; es ideal para una escribanía, un estudio de abogados o una empresa que valore las buenas construcciones de otros tiempos”.
También en el mes de agosto de año pasado, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global, junto a Federico Darío Monzón, un comerciante de Campana. La firma se dedica a los servicios financieros, según consta en el edicto publicado ese mes en el Boletín Oficial, y declaró un domicilio en el barrio de Villa Urquiza.
Consultada por LA NACION, Calle negó en una llamada telefónica todo lo que indican los documentos: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.
Empleados y custodios
¿Para que se usó ese inmueble durante estos meses? Las fuentes al tanto de la operación aseguran que Calle nunca lo usó y que se habría utilizado para que puedan descansar las mujeres que ayudan a la expresidenta en su cuidado personal. Ella tiene al menos tres empleadas domésticas. Integran un listado de unas 30 personas que pueden ingresar al departamento del segundo piso sin dar aviso a la Justicia. Tampoco se descarta que los propios custodios pasen horas en ese lugar. De hecho, no hay un baño químico en la puerta del edificio.
¿Cristina Kirchner pudo haber estado en ese departamento? Desde el entorno de la expresidenta lo desmienten. “No tenemos idea de ese departamento. Si ella sale del departamento le suena la tobillera”, dijo un allegado ante una consulta de LA NACION.
Desde la Justicia aseguran que solo se encargan “del control de la domiciliaria”, con informes trimestrales de dos organismos específicos, y que la seguridad es absoluta responsabilidad de la Policía Federal. Pero hay un dato que suma sospechas. La pulsera electrónica que tiene la expresidenta solo mide el radio del edificio. “No sabemos ni siquiera cuando va a la terraza”, explicó una fuente judicial.
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Con colaboración de Ricardo Brom
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