Una tregua precaria para iniciar la gira presidencial

Después del fuego cruzado llegó la tregua, pero el armisticio, frágil y precario, está atravesado por una desconfianza difícil de saldar. Igual que los conflictos de fondo. La sobreactuación presidencial y las imputaciones a la prensa son las primeras consecuencias visibles. Con esa mochila a cuestas, el Presidente acaba de iniciar su gira por Europa.

En otra demostración de la configuración del poder real dentro de la coalición oficialista, los firmantes (virtuales) del acuerdo fueron Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Cristina Kirchner está para otras cosas. Ya lo hizo saber y no de buen modo. El Presidente y el jefe de La Cámpora habrían acordado, en una charla a distancia, encapsular la mayor y más pública disputa desatada entre la Casa Rosada y el cristicamporismo desde que comenzó el gobierno del Frente de ¿Todos?

Fernández y Kirchner coincidieron en que el conflicto por el fallido intento de desplazar a un subsecretario que respondía al Instituto Patria había llegado demasiado lejos, sobre todo, en las formas. Las diferencias de fondo siguen inquietantemente vigentes.

Es un hecho constatable que el armisticio no ha cesado con las hostilidades, que llegan a las puertas del despacho presidencial. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ha vuelto a estar en la picota camporista. Se entiende aún más desde que el Presidente afirmó que él no había sido consultado sobre la decisión de echar a Federico Basualdo. Motivo más que suficiente para que desde el cristicamporismo se llegue al extremo de dejar trascender el nombre de un posible reemplazante de Cafiero (o de quien querrían que lo fuera): el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi. El alter ego presidencial prefiere decir que es el costo que viene con el cargo y que no es la primera andanada que recibe. Aunque nunca se vio tan intensa como ahora.

El alto el fuego no logra ocultar, así, una evidencia: a pesar de sus ejercicios cotidianos de equilibrismo y contorsionismo, Fernández no ha logrado convertirse en la síntesis del frentetodismo para construir su propia autoridad después de un año y medio de mandato, como se había propuesto. El poder delegado nunca es poder suficiente. Hasta en los detalles se advierten las deficiencias.

“No solo pretendieron echarnos un funcionario nuestro por los medios, sino que lo quisieron hacer sin haberlo acordado antes. Nosotros nunca hicimos eso. A los de su lado que se fueron, los echaron ellos, no nosotros”, repiten, con aparente inocencia, en el camporismo, aun después de la tregua. Una demostración práctica de que el Gobierno no es un todo, sino un asimétrico agregado de partes, sin objetivos, criterios ni jefes únicos. Un presidencialismo sui generis que ni siquiera la emergencia logró consolidar. Los superpoderes (reales) Fernández no los obtendrá del Congreso.

Que la disputa se haya ventilado por los medios agravó las cosas. Si bien la preocupación por lo que aparece en la prensa suele ser una constante de todos los gobiernos en problemas, el kirchnerismo lo procesa y lo exhibe como la fuente de casi todos sus problemas. Una obsesión. Incluso para este gobierno, que no ha ido más allá de la retórica, y aun cuando los medios tradicionales ya no son lo que eran. La atención que les prestan, las críticas inflamadas que les dedican, el poder que les asignan y el uso que les dan reflejan esa desviación, sobre todo por parte del ala más radical del oficialismo.

El jefe de Gabinete lo hizo explícito cuando lamentó que con el episodio Basualdo “se lastimaron entre compañeros” a través de los medios. No es la primera vez que expresa su preocupación por ese detalle. Ya lo había afirmado en privado mientras ocurría el proceso de acoso y derribo que sufrió la exministra de Justicia Marcela Losardo, amiga e histórica socia de Fernández. Nadie es inocente.

Tampoco sorprende que de un lado y otro de las líneas enfrentadas en el oficialismo terminen acusando a los medios de intentar dividirlos. También lo dijo Cafiero anteayer. En eso sí tiene plena coincidencia con lo que piensan y afirman en el Instituto Patria y La Cámpora. Un adversario común facilita la unidad.

Por eso han decidido recurrir a la táctica de vedar las declaraciones off the record, tan remanida y poco efectiva, a la larga, como los controles de precios. La decisión que bajó desde la Casa Rosada se replica en otros ámbitos del oficialismo. Pero ni siquiera el verticalismo y el secretismo que imperan en La Cámpora suelen impedir filtraciones. Imposible no recordar que hace exactamente tres años, cuando empezaban los problemas definitivos para el gobierno de Cambiemos, Marcos Peña intentó imponer a los funcionarios que solo hablaran on the record. Ya se sabe que las declaraciones oficiosas no cesaron, las disputas internas no terminaron y los problemas no se solucionaron.

De todas maneras, la Jefatura de Gabinete y el equipo de comunicación presidencial podrían contabilizar un logro de su prédica en favor de las declaraciones públicas, aunque el resultado pueda ser discutible. El ahora reconfirmado ministro Guzmán cerró la semana reafirmando públicamente su posición en favor de un mayor aumento (segmentado) de las tarifas de los servicios públicos que el resistente Basualdo no instrumentó. Nadie se rinde.

El problema central de la comunicación oficial, sin embargo, se encuentra en las razones ocultas detrás de algunos posicionamientos que hoy dividen al frentetodismo. Los argumentos ideológicos o la declamada búsqueda del bien común suelen maquillar motivos menos elevados.

La disputa por las tarifas no se explica sin el calendario electoral por delante y sin la experiencia que hay atrás sobre el impacto de los aumentos en el voto, tanto en la Argentina como en el mundo. Tampoco se entendería si no se tuvieran en cuenta el loteo de la administración pública y las áreas asignadas a cada ala, que provoca conflictos de intereses por la preservación de espacios y recursos.

Por eso, con YPF controlada por La Cámpora, es fácil incrementar el precio de los combustibles mientras es tan complicado otorgar aumentos de la tarifa eléctrica a empresas controladas por privados. Ni siquiera la cercanía de algunos empresarios con socios del Frente de Todos les facilita las cosas. O, tal vez, por eso mismo. Se entiende que Sergio Massa prefiera pasar inadvertido y hablar de otros asuntos. Todo sea por no quedar pegado.

También, detrás de los conflictos hay cuestiones aún menos edificantes, como la andanada con que fue recibido el flamante ministro de Transporte, Alexis Guerrera, de la escudería massista, para que anule la prórroga de la concesión de la hidrovía. Que en la primera línea de ese combate se haya inscripto Hebe de Bonafini no logra ennoblecer el planteo. Es solo otra expresión del triste declive de la otrora adalid de los derechos humanos, dado el bajo tenor de las causas que ha terminado defendiendo en los años altos de su vida. Lo explica el hecho de que uno de los socios del consorcio a cargo del dragado fluvial reconoció oportunamente ante la Justicia haber pagado coimas al kirchnerismo. Así, el lawfare hace agua. Imperdonable para el cristinismo, empezando por su jefa. La economía y los problemas judiciales confluyen para complicar a la política, como si no fuera suficiente con la pandemia y las deficiencias en su manejo.

Queda de manifiesto, entonces, que si uno de los desafíos más desafiantes de toda construcción electoral es replicar en la gestión el éxito obtenido en las urnas, la génesis, la naturaleza y la composición del Frente de Todos lo llevan a extremos difíciles de alcanzar. Cada día que pasa y cada problema que enfrenta el Gobierno deja expuesto que desde el origen han abundado los sobreentendidos, han escaseado las explicitaciones y sobran los malentendidos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo admiten quienes más saben de la relación y los intercambios (sería un exceso llamarlo diálogos) entre ambos.

Por eso, no extraña que la tregua haya sido acordada entre el Presidente y el hijo de la vicepresidenta. Tampoco debe sorprender que la paz sea precaria.

Dificultades extras para iniciar una gira en la que se pretende lograr la confianza extranjera.

Por Claudio Jacquelin

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