Una vieja deuda pendiente

El año 2011 no ha sido de grandes logros en la arena legislativa. Diversas leyes de suma relevancia en materia de derechos humanos y civiles quedaron fuera de la agenda. El proyecto de ley que regulaba el uso de la publicidad oficial fue una de ellas. Debemos comenzar otro año legislativo con un reclamo ya casi trillado a los legisladores, a quienes les recordamos la imperiosa necesidad de contar con una regulación adecuada en materia de pauta oficial.

El uso discrecional de la publicidad oficial se refleja en asignaciones caprichosas y oscilantes a los distintos medios y grupos, con un aparente sistema de premios y castigos según la línea editorial. La asignación de recursos no está relacionada con los niveles de circulación o audiencia de los distintos medios, lo que sugiere que la efectividad del mensaje que se quiere transmitir no es una de las consideraciones principales a la hora de distribuir el presupuesto publicitario. Esto contradice los valiosos principios fijados en la materia por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo que la ausencia de marcos legales específicos y adecuados resulta en detrimento de la libertad de expresión. El abuso y la distribución discriminatoria de los presupuestos publicitarios estatales constituyen una forma de censura indirecta prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos.

En sus distintas aristas, el fenómeno de la publicidad oficial ha generado una serie de distorsiones preocupantes. Hemos asistido al surgimiento de medios financiados en gran medida (o en su totalidad) con fondos públicos. Asimismo, existen periódicos que reciben altísimas sumas de dinero, pero que no aceptan que su circulación sea auditada. Tampoco hay controles adecuados por parte del Estado respecto del uso que se le da a la pauta oficial: en muchas ocasiones, ésta no persigue fines de interés público, sino que sólo busca promocionar actividades gubernamentales. Por eso, no extraña que el gasto publicitario se concentre en los momentos previos a los períodos eleccionarios. Según un estudio de la ADC, el 73% del presupuesto publicitario de 2009 fue ejecutado antes de las elecciones de junio de ese año.

Uno de los problemas más graves se vincula con la persistente falta de información fidedigna respecto del gasto estatal. Esto nos recuerda que este fenómeno está relacionado con otra deuda pendiente desde hace demasiado tiempo: la sanción de una ley de acceso a la información pública. Sin datos fidedignos entregados en formatos adecuados y en plazos razonables, resulta casi imposible realizar un control efectivo de las siderales sumas invertidas en publicidad oficial. Estas dos leyes -de acceso a la información y de regulación de publicidad- son dos deudas concretas en materia de derechos humanos que el Congreso debe saldar cuanto antes.

El autor es director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)