Diputados: UP redobla la apuesta y exige que le saquen las facultades delegadas a Milei tras el pedido de juicio político

El escándalo que une a Javier Milei con la criptomoneda $LIBRA no para de sumar capítulos. Ahora, desde la bancadas de Unión por la Patria (UP) en ambas Cámaras del Congreso redoblaron la arremetida y al pedido de juicio político sumaron un nuevo proyecto para quitarle al Presidente las facultades delegadas concedidas a través de la Ley Bases.

La iniciativa de la Cámara baja que lleva la firma de 51 diputados de los 98 que tiene el bloque (y que de momento no suscribió Máximo Kirchner pero sí otras figuras de la terminal K como Lorena Pokoik o Carolina Gaillard), tiene dos artículos.

“Deróguese el Artículo 1, Artículo 1, de la ley N° 27.742 sancionada el 8 de julio de 2024, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional por la presente ley en materias determinadas de administración y emergencia, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional”, indica el proyecto impulado por la diputada Victoria Tolosa Paz que deberá tratarse en sesiones ordinarias.

Estas facultades concedidas en el primer año de gestión le permitieron al gobierno libertario avanzar sobre determinadas áreas que pretendían modificar. Uno de sus principales articuladores es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que hasta tiene en las oficinas de su cartera un contador con los días que restan para que se les termine la autorización especial del Congreso.

Desde el bloque de UP aseguraron que esta presentación para quitarle las facultades al Presidente fue una reacción a los hechos de “público y notorio conocimiento” que involucran a Milei en una cuestión que “deberá esclarecerse”. Con esto hicieron referencia a la promoción que hizo el mandatario de la criptomoneda $LIBRA, cuyos fondos invertidos quedaron en manos de un puñado de personas que habrían tenido información privilegiada y que se habrían beneficiado de que Milei le diera aval a la moneda e hiciera subir sus activos. Por este tema, desde la bancada opositora ya habían hecho un pedido de juicio político que se sumó a otro que presentaron diputados socialistas y a más solicitudes de interpelación que vinieron de otros espacios legislativos.

“Los presupuestos fácticos que motivaron dicha delegación [de facultades] han sufrido una alteración sustancial a raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado viernes, en los que el Presidente fue el protagonista central. Estos acontecimientos generan un escenario que impone una revisión del esquema de delegación vigente, ya que la estabilidad institucional y el adecuado ejercicio de las competencias constitucionales demandan que el Congreso reasuma plenamente sus facultades legislativas”, plantearon.

Asimismo, consideraron esta decisión -que deberá reunir avales de la mayoría de los diputados para prosperar- permitiría “garantizar un adecuado control democrático, preservar el equilibrio de poderes y asegurar que la legislación de emergencia continúe respondiendo a los principios de legalidad, razonabilidad y oportunidad” que exige la Constitución.

De acuerdo a lo que también plantearon, la cuestión vinculada a $LIBRA, que motivó denuncias penales contra el Presidente tanto en la Argentina como en Estados Unidos, “pone en cuestión la conveniencia” de mantenerle a Milei las facultades delegadas.

En paralelo, el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, José Mayans, presentó junto a las legisladoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci, un proyecto de iguales características con la intención de revocarle al Presidente las facultades delegadas en los artíuculos 1°, 3° y 4° de la Ley Bases. La iniciativa reclama también que se deroguen “las autorizaciones conferidas al Ejecutivo en los artículos 5° y 6° de la ley en cuestión.

Asimismo, la bancada de Mayans intima al Gobierno a presentar un informe detallado, en el lapso de 30 días, sobre el uso de esas facultades delegadas y autorizaciones conferidas.

A lo largo del proyecto, la bancada opositora argumenta que el escándalo cripto “no es un hecho aislado, sino una prueba más del nivel de corrupción e impunidad con el que opera el actual Gobierno”, y acusa al Presidente de ser complice de sectores especulativos “en detrimento de la ciudadanía]”, lo que califica de “inaceptable” y ahonda en la urgencia de investigar lo ocurrido.

“La permanencia de estas facultades delegadas solo profundiza el riesgo de que el país siga siendo sometido a decisiones arbitrarias, dañinas y posiblemente ilegales, por lo que su derogación inmediata se torna imperativa”, advirtieron desde el bloque kirchnerista en el Senado.

“El caso $LIBRA ha expuesto una acción presidencial sin precedentes, en la cual el jefe de Estado utilizó su investidura y alcance mediático para promover un activo financiero digital sin la debida transparencia ni regulación. La falta de diligencia en la evaluación del proyecto y la abrupta caída del token, que llevó a una pérdida masiva del valor para inversores, genera serias sospechas sobre un posible abuso de la confianza pública e incluso sobre conflictos de interés que deberían investigarse”, señalaron, debido a que existían fotos de los creadores de la cripto junto a Milei e ingresos a la Casa Rosada.

Mientras que el Presidente se deslindó de toda responsabilidad, ya que dijo que él no “promocionó” sino que “difundió” la moneda, y que los inversores sabían del riesgo de este tipo de instrumentos, desde la oposición plantearon: “Si el Presidente, en ejercicio de las facultades ordinarias, ha incurrido en la promoción de una criptomoneda sin criterios de supervisión adecuados, resulta razonable cuestionar qué otras medidas podrían adoptar bajo el paraguas de las facultades delegadas, que amplían su capacidad de acción sin control parlamentario”.

Convencidos de que la situación con la cripto generó un marco de “inestabilidad” tanto local como internacional, desde UP indicaron que la delegación legislativa -si no es ejercida “con responsabilidad”- puede derivar en “arbitrariedades que comprometen el Estado de derecho”.

“El episodio reciente refuerza la conveniencia de revocar las facultades delegadas, evitando que se profundice un escenario de discrecionalidad en la toma de decisiones. Esto conllevaría no solamente a que nuestro Congreso Nacional recupere el ejercicio de sus facultades constitucionales, sino que fortalecería la seguridad jurídica, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de gobernar con responsabilidad y transparencia”, concluyeron.

LA NACION

• Javier Milei

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