“Vendieron su voto a CFK”: la denuncia de Laura Alonso contra cuatro diputados

Antes de que el oficialismo trate en comisión el proyecto de ley que significa una reforma del Ministerio Público Fiscal, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso denunció que cuatro diputados de la Nación “vendieron su voto a Cristina Fernández de Kirchner”. A través de las redes, la dirigente opositora dijo que Diego Satori, Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo -quienes integran el bloque Unidad Federal para el Desarrollo que preside José Luis Ramon- son “falsos opositores”.

“Falso opositor; vendió su voto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal y garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Corrupto y traidor a la patria“, publicó Alonso, y acompañó el duro mensaje con fotos de los parlamentarios a los que denunció.

Mañana, martes, parlamentarios que integran el oficialismo avanzarán con el proyecto que impulsa la cuestionada reforma del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa supone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta de los miembros del Senado (37 votos sobre 72), en lugar de la mayoría agravada de los dos tercios de los presentes (48, si se todos se encuentran en sus escaños). Asimismo, se elimina el mandato vitalicio que tiene hoy el rol de procurador y lo restringe a cinco años.

Juntos por el Cambio ya rechazó el proyecto. “Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, manifestaron tras el encuentro en un comunicado.

El proyecto fue aprobado por el Senado en noviembre pasado, pero no se había movido en la Cámara baja porque el Gobierno no tenía los votos para sancionarlo. Ahora, el Frente de Todos anunció que lo tratará mañana en comisión.

El procurador es el jefe de los fiscales y tiene atribuciones de lo más diversas. Desde dictaminar en los casos que resuelve la Corte Suprema hasta presidir el proceso de selección de los nuevos fiscales. No puede darles instrucciones específicas sobre lo que deben hacer en cada caso, solo impartirles instrucciones generales a los fiscales, pero tiene una incidencia clave en la organización del trabajo de las fiscalías; sobre todo, desde 2015, cuando se aprobó ley que rige hoy. El procurador puede armar grupos de trabajo y mover fiscales, incluso de una provincia a otra.

Y todo este poder se incrementará aún más cuando se termine de poner en práctica el sistema acusatorio, que les otorga a los fiscales -y ya no a los jueces- la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones. La comisión bicameral del Congreso de implementación del nuevo código es la que decide cuánto comenzará a regir, por ejemplo, en los tribunales de Comodoro Py. En esa comisión tiene mayoría el oficialismo.

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