Vinculan a Levy con la "diplomacia paralela" que conducía De Vido

Un ex socio y abogado de Juan José Levy vinculó al empresario que acumuló negocios con Venezuela por más de US$ 500 millones con José María Olazagasti, el ex secretario privado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, señalado como el encargado de la "diplomacia paralela" con los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"Levy viajaba muchísimo a Venezuela y se generó mucho ruido alrededor de él, mientras que Olazagasti es un ser oscuro, nefasto. Yo creo que hay un vínculo entre ellos, más allá de lo social", dijo el abogado Horacio Díaz Sieiro, quien fue socio y asesoró a Levy en algunos negocios de Venezuela, ante LA NACION. Entre otros, con la firma Microsules, que firmó contratos con Caracas por al menos US$ 145 millones.

"He sido abogado de alguna de las empresa de Levy y fui con él a Venezuela acompañándolo para un negocio, pero dejé de verlo hace años", sostuvo Díaz Sieiro, quien de todos modos mantiene un círculo social con Levy y con Olazagasti: sus hijos van juntos al colegio Northlands.

Eso es todo lo que Levy también admitió a tres de sus hermanos -con los que mantiene una disputa por hasta US$ 75 millones- y lo que también afirmó mediante un comunicado. "Conozco al ex secretario de Julio De Vido José María Olazagasti porque nuestros hijos son compañeros en el mismo colegio. Las veces que traté con él fue exclusivamente en ese contexto. Jamás me facilitó ningún negocio. Mi relación ha sido esporádica y siempre con ocasión de alguna actividad escolar", sostuvo.

Levy también negó cualquier vínculo con el ex ministro de Planificación Federal. "No conozco a Julio De Vido", remarcó, con lo que buscó refutar las versiones sobre su presencia en sus cumpleaños. O que invocara su nombre cuando tenía problemas en la Aduana o en los bancos que ahora le cierran sus cuentas y lo reportan ante la unidad antilavado (UIF). En los registros societarios, Levy (43 años) y Díaz Sieiro (48) aún figuran como socios en la firma Consultora Latinoamericana de Inversiones y Servicios SA. Pero el abogado dijo que esa firma "nunca funcionó, ni siquiera tiene CUIT".

Pero algo entre Levy y Díaz Sieiro se rompió. Una versión señala que el empresario le adeuda US$ 800.000 o más. Otra, que el letrado tuvo un problema con dos generales venezolanos. Y otra, que Levy avanzó demasiado sobre la familia Vignatti, dueños de Bioart SA y con la que Díaz Sieiro comparte el casino Regency de Mendoza a través de la firma Regent Casino Management.

Por medio de sus allegados, sin embargo, Levy negó que les cobrara a otros empresarios entre el 15 y 20 por ciento de las operaciones o les exigiera acciones de sus compañías a cambio de destrabarles los pagos venezolanos. Versiones que, entre otros, rodearon a Vignatti o los Rasic, de Cresta Roja.

El propio Díaz Sieiro dio indicios sobre un cortocircuito. "Vignatti y Levy no tienen ninguna vinculación societaria entre ellos. De hecho, no se llevan bien", afirmó el letrado, que marcó una diferencia entre Levy y la familia que con Bioart SA cobró US$ 187 millones de Venezuela que gestiona Nación Fideicomisos desde el kirchnerismo.

Díaz Sieiro, que asesora a Cristóbal López, la constructora Gotti Hermanos y, en al menos una ocasión, a Lázaro Báez, aclaró que nunca ayudó a Levy en los negocios de Laboratorios Esme con el organismo venezolano Suvinca, centro de las acusaciones fratricidas y de la denuncia penal que radicó la jueza en lo Comercial Paula Hualde en el kirchnerismo, basada en los informes del veedor Francisco Cárrega.

"No pasa inadvertido", estimó Hualde, que Levy admitió que había cobrado US$ 71 millones de Suvinca "para la compra de productos que [Laboratorios Esme] no puede producir per se y cuya ejecución se encuentra suspendida. Frente a estos antecedentes [...] resulta prudente remitir las actuaciones a la justicia en lo penal económico para que se investigue". En marzo de este año, en tanto, la jueza en lo Comercial Valeria Pérez Casado siguió el mismo camino. Tras detectar otras posibles irregularidades e ilícitos, remitió a la justicia penal documentos e informes de Mariano Aquino, otro veedor que debió hurgar en los números de los Levy.

Para entonces, la denuncia de Hualde había recaído en el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y la fiscal María Luz Rivas Diez. Ya allanaron las empresas de Levy, al que ya embargaron por $ 200 millones. Levy se rodeó de abogados. De Mariano Cúneo Libarona al estudio de Gustavo Trovato y Marcelo Sancinetti -que trabajó para la familia Yabrán y el cura Julio Grassi-, y Rafael Sal Lari, letrado de Báez. Con ellos informó a la Justicia que ya no respondería las preguntas del veedor sobre Venezuela para no incriminarse en la causa penal.

Por Hugo Alconada Mon

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