Ya es ley la estatización de Aerolíneas Argentinas

El Senado sancionó ayer la ley que autoriza al Gobierno a proceder al "rescate" de Aerolíneas Argentinas y Austral mediante la compra de las acciones de ambas compañías, aunque la norma no establece el monto de la operación ni quién se hará cargo de la deuda de 890 millones de dólares.

La autorización para la nacionalización de las aerolíneas fue aprobada por amplia mayoría (46 votos a favor y 21 en contra). Actualmente, las dos compañías, cuya mayoría accionaria está en manos de Interinvest, empresa controlada por el grupo español Marsans, son administradas por un consejo de transición en el que participa el Gobierno.

Durante más de nueve horas de un duro debate, pero sin mayores estridencias, la oposición denunció que con esta ley Marsans le transferirá su deuda al Estado. También hubo acusaciones contra los dos gobiernos kirchneristas por la "falta de control" de la gestión de Marsans, al extremo que el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) dijo que existe "connivencia de funcionarios nacionales" en la crisis que afecta a las compañías. Todas las imputaciones apuntaron al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El oficialismo, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, defendió al controvertido funcionario.

Tanto fue así que avanzó con la sanción de la ley a pesar de que en las audiencias públicas celebradas en el Senado quedó claro que el acta acuerdo firmada por Jaime con Marsans está vigente.

Ese documento establece una doble valuación de las empresas (una del Estado y otra de Marsans), que en caso de no coincidir será dirimida por una tercera consultora internacional cuyo dictamen será inapelable. Sin embargo, la flamante ley sólo reconoce una tasación unilateral por parte del Gobierno, que deberá ser refrendada por el Congreso.

Esto motivó que Marsans anticipara que se negará a vender si el precio del Tribunal de Tasación no la conforma. Además, advirtió, a través de su director corporativo, Vicente Muñoz, que recurrirá "ante el Ciadi y otros tribunales internacionales" si el Estado decide expropiar las aerolíneas.

El kirchnerismo defendió la propuesta de rescate de la Casa Rosada con el argumento de la necesidad de mantener los servicios de transporte, de carga y de correo aéreos. "No podemos decirles a los que alquilan los aviones que nos esperen a ver cómo es la situación de la empresa", justificó la urgencia el correntino Fabián Ríos, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sin embargo, en ningún momento desde el oficialismo se hizo mención al costo que implicará para el Estado, a pesar de que Jaime dijo ante las comisiones del Senado que si por él fuera "no habría que poner un peso" por la compra de las empresas en manos de Marsans (Jet Paq, Optar y Aero Handling, además de las líneas aéreas).

"Si el Gobierno cree que no hay que poner un peso, por qué no lo pone en el proyecto", inquirió la porteña María Eugenia Estenssoro ante el silencio de la bancada oficialista.

Otro de los reclamos de la oposición -que acompañaron incluso algunos oficialistas, como la salteña Sonia Escudero- fue la creación de una comisión que investigue, desde 1990, año de su privatización, las causas que llevaron al colapso operativo y virtual estado de quiebra en el que se encuentran ambas aerolíneas.

El actual gerente del consejo de transición mixto que maneja desde el 17 de julio las aerolíneas, el ex intendente de La Plata Julio Alak dijo que desde que el Estado tomó intervención ha aportado 309 millones de pesos, casi siete millones por día.

Otro de los datos que grafican la situación de ambas aerolíneas lo brindó Marsans cuando dijo que tiene una plantilla de 921 pilotos para volar apenas 26 aeronaves, de un total de 85 que se encuentran en servicio. En ese sentido, para la empresa española, la crisis es el resultado de una política de "hostigamiento" del gremio de los pilotos.

Por Gustavo Ybarra

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