El plan “platita” en el presupuesto de viviendas para el 2022

En medio las discusiones en el Congreso por la aprobación de la Ley de Presupuesto para 2022, resulta interesante analizar cuál es la política habitacional que el Gobierno plantea para el año venidero, siendo la inversión de los recursos públicos en los distintos programas una fotografía reveladora de qué es lo que se pretende ejecutar en el próximo año.

Un excelente informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIJ) sobre el presupuesto de la cartera de Hábitat y Territorio nos permite concluir que el Gobierno pondrá todos los esfuerzos en la construcción de viviendas sociales con recursos fiscales, redistribuyendo así el dinero público entre lo que considera sus prioridades.

En efecto, el presupuesto proyecta para 2022 un leve aumento de 12,13% en términos reales en la cartera del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que, de acuerdo al informe publicado por la ASIJ, significa un claro redireccionamiento de fondos hacia una política “viviendista”, que se expresa en un aumento considerable sobre el Programa “Casa Propia” de construcción de viviendas, en detrimento de otros programas como, por ejemplo, el Plan Nacional de Suelo Urbano.

La política habitacional elegida vuelve a ser insistir en el rol de Estado constructor de viviendas sociales, en detrimento de otras estrategias como puede ser la regulación del acceso al suelo, o en la estrategia de una planificación territorial federal que permita un desarrollo urbano más justo y equitativo. Una política en la que viene insistiendo, sin muy buenos resultados en términos estructurales, desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón en el que se anunciaba el primer “Plan Quinquenal” de construcción de viviendas sociales, donde el Estado ha generado miles de guetos de viviendas sociales aislados del tejido urbano y en las cuales la manera de acceder a las mismas ha sido en su gran mayoría poco equitativa, poco transparente y muy clientelar.

Ahora bien, si tomamos los datos de crecimiento de la mancha urbana que en su oportunidad elaboró la Secretaría de Planificación Territorial Nacional, a cargo de Fernando Alvarez de Celis, podemos observar que entre 2010 y 2019, la superficie de las ciudades más grandes del país creció 24%, mientras que la población lo hizo a la mitad del ritmo (11%). El análisis de crecimiento de décadas anteriores ya venía demostrando que la tendencia de expansión urbana se daba fundamentalmente por modalidades de loteo formal, en segundo lugar, por barrios cerrados, y en menor medida por el crecimiento de villas y asentamientos.

Aquí, el agravante se produce por la baja proporción de servicios públicos e infraestructura urbana con que cuentan estas viviendas. De acuerdo al último censo, el 47% de los hogares del país carecían de infraestructura de cloacas y 14% de red de agua potable segura. A pesar de los esfuerzos públicos en disminuir este déficit, la modalidad de crecimiento expansivo se hace a costa de la provisión de servicios, por lo que aleja las posibilidades conforme crece la ciudad.

Es que con un déficit habitacional a nivel nacional, que alcanza a más de 3.8 millones de familias y que aumenta cada año, las recetas aplicadas parecen no haber podido dar en la tecla. Y, ciertamente, se han visto agravadas con la pandemia ocasionada por el COVID-19, en la que la sociedad en su conjunto pudo evidenciar la realidad de millones de familias que viven en asentamientos informales, sin acceso a las condiciones humanas más básicas que les garanticen la inclusión a un hábitat más justo.

Por su parte, la bajísima ejecución que han presentado los programas de integración socio urbana, desde que el Decreto 777/20 dispuso que los mismos pasen a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, más la reducción del 27% que sufre el mismo para el 2022, dan cuenta de que la urbanización de barrios populares (en donde residen los cinco millones de personas más vulnerables de nuestro país) no estará entre las prioridades de la agenda del Gobierno para el 2022. Además de que también se evidencia una marcada falta de transparencia respecto a cómo se ejecutan esos fondos, quiénes son los beneficiarios de los mismos, cuáles son las prioridades y demás acciones que debieran informarse con mayor claridad.

Nadie duda que poder acceder al “sueño de la casa propia” es un anhelo de todos los argentinos. También sabemos del efecto multiplicador en la economía que genera la industria de la construcción en general. Pero también es cierto que el Estado ha demostrado ser tremendamente ineficiente a la hora de construir viviendas (los resultados así los demuestran). Y que la enorme emisión monetaria que se requiere para solventar esta política en un contexto de alta inflación y pésimos indicadores macroeconómicos hacen imposible que se puedan equilibrar las cuentas públicas fiscales.

Necesitamos poder encontrar otras herramientas que vayan más de la mano de las políticas habitacionales que el resto del mundo viene aplicando con muchos mejores resultados que los nuestros. No existe ya en la mayoría de los países un Estado meramente constructor que concentra todos los recursos en la construcción de viviendas sociales, sino que lo que priman son políticas que facilitan y generan el ecosistema necesario para que la demanda sea subsidiada y la oferta pueda encontrar los incentivos para atenderla. El rol de los Estados pasa entonces por mejorar el acceso al crédito hipotecario y hacerlo accesible, desarrollar programas de acceso al suelo que permitan un reparto más equitativo de las dinámicas territoriales, promover el acceso al alquiler social o tutelado y mejorar las condiciones del hábitat en su conjunto.

Mientras no logremos hacer eso y no ofrezcamos con continuidad una política de Estado que pueda ofrecer un amplio abanico de programas habitacionales de manera integral, no podremos torcer los niveles de exclusión social y pobreza de nuestra sociedad, ni garantizar que los recursos públicos permitan efectivamente garantizar el derecho a una vivienda digna y de un acceso a un hábitat justo que todos los argentinos merecen.