Inquilinos a la deriva con los aumentos

Pasado un año de la sanción de la Ley de Alquileres está más que claro que las buenas intenciones no son suficientes para resolver los problemas estructurales de nuestro país. Particularmente en temas tan sensibles como lo es el alquiler de vivienda producto de un déficit habitacional alarmante.

Además de las intenciones es necesario que los proyectos sean analizados con profundidad por parte de los legisladores y los representantes de inquilinos. Qué consecuencias pueden tener, cómo se comportará el mercado, cómo afectará la economía. Claramente, la sanción de la Ley de Alquileres lo que hizo fue generar un incremento aún mayor de lo que se venía observando en los precios de los alquileres, dándole un golpe de gracia a los inquilinos y complejizando aún más el escenario.

A los aumentos de entre el 60 y 70% desde la sanción de la Ley hasta hoy, debemos sumar una proyección de casi un 50% más para este nuevo período que se inicia, en consonancia con las previsiones inflacionarias. Se alcanza así un aumento cercano al 120% en tan sólo dos años.

Ni las asociaciones de inquilinos ni los legisladores en su conjunto supieron interpretar el escenario económico local. Con un gobierno que no ha tomado medidas concretas en materia económica, y más allá del impacto de la pandemia, a lo que llevó esta medida es a una especulación por parte del mercado. Ante los altos índices inflacionarios proyectados a futuro sería ilógico pensar que los propietarios no prevean la posibilidad de cubrirse y trasladar este impacto al valor de los alquileres.

Así, termina por agonizar el único medio con el que cuenta un porcentaje cada vez más importante de la sociedad de acceder a una vivienda ante la ausencia de crédito hipotecario. A este escenario se suma el hecho de que el valor de las expensas se ha incrementado particularmente por los acuerdos paritarios de los encargados de edificios.

Pensar en el inquilino

Si bien es cierto que algunas de las medidas planteadas mediante la Ley de Alquileres tienen una lógica entendible (como lo es el contrato por tres años y reglas más claras entre inquilinos y propietarios) no pareciera haber un interés cierto por proteger al inquilino.

La carencia de un análisis no muy complejo y la ausencia de un rumbo económico (el planteo de planes similares al Austral de los 80 o a la convertibilidad de los 90 sólo arrojan más incertidumbre al mercado) fueron pasadas por alto tanto por legisladores oficialistas como por opositores. Aún más dramática es la posición de las asociaciones de inquilinos que no previeron un escenario al que ya estamos acostumbrados producto de una inflación galopante. Así, se dan casos de aumentos de más del 100% en barrios cerrados del corredor norte de la Provincia de Buenos Aires.

Con sólo pensar que previo a la nueva Ley los aumentos semestrales rondaban entre el 17 al 20 % llevando el aumento anual a un número cercano al 40%, es claro que la solución aportada sólo empeoró la posición de los inquilinos.

Es tal vez un momento propicio para que legisladores y representantes de inquilinos escuchen la voz del sector inmobiliario quienes desde hace décadas conocen a la perfección el mercado de alquileres y las consecuencias que cada medida puede generar tanto para inquilinos como para propietarios.

Lo que prevemos que sucederá es que el bestial aumento de los alquileres desembocará en una renegociación de contratos entre las partes. Igualmente esto no impedirá que se llegue a una situación de un aumento en la mora del pago de expensas. La situación es insostenible y los inquilinos se encuentran, una vez más, indefensos.