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La Ciudad "amenazada": recibe mucho menos dinero para construir viviendas que el resto de las provincias
El Gobierno Nacional ha decidido intempestivamente quitarle coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y el conflicto espera un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. Todo este innecesario cuestionamiento a los fondos que perciben los porteños, olvida, por ejemplo, que la Ciudad percibe a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), muchos menos fondos para atender a la política habitacional, que los que realmente le correspondería.
En efecto, la última reforma del Fonavi de 1995 ( Ley 24.464), modificó la fuente de ingreso de los recursos que componen este fondo y dispuso que los mismos se integren con un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre los combustibles. La Ciudad de Buenos Aires, que había adquirido su carácter de autónoma dos años antes con la reforma constitucional de 1994, ingresó entonces con un coeficiente de distribución del 1,3% del total del Fonavi. El menor de las 24 jurisdicciones.
La propia ley estableció que el Honorable Congreso de la Nación era quien debía revisar cada dos años la distribución del Fonavi, teniendo en cuenta la correcta utilización que se haya hechos de los fondos, el nivel de recupero de la inversión realizada específicamente en obra, directamente o por medio del crédito y la variación del déficit habitacional; y en su caso, hacer las modificaciones correspondientes. Eso nunca sucedió. Jamás se corrigió.
Ahora bien, en 2016 efectuamos el cálculo de cuál sería la corrección respecto a la asignación de recursos que le corresponderían verdaderamente a la Ciudad de Buenos Aires, tomando el déficit habitacional de nuestro país y su distribución por jurisdicción de acuerdo a los índices que arroja el censo de 2010. Y la conclusión fue que la Ciudad debía ser coparticipada con un coeficiente de 3,03% sobre el total del Fonavi. Es que, con una población cercana a los 3 millones de habitantes, en términos absolutos la Ciudad no puede coparticipar en menor cantidad que, por ejemplo, la provincia de Catamarca, que con una población casi 400.000 habitantes, percibe el 2,10%; o, que Tierra del Fuego, que, con 150.000 habitantes, tiene una participación en el Fonavi del 2,65%. Si traducimos eso a valores, son millones de pesos que los porteños no han recibido durante los últimos 25 años para financiar su política habitacional. Es que de habérsele otorgado el 3,03% del Fonavi, la Ciudad, en vez de 1739 viviendas entre 2003 y 2015, debió haber podido construir el equivalente a 11.141, 9.402 más. Esto hubiera beneficiado a casi 40.000 personas.
Sin embargo, habiendo participado personalmente en distintas oportunidades de censos sobre poblaciones vulnerables, como, por ejemplo: la toma y posterior desalojo del Parque Indoamericano; el Barrio Papa Francisco en la Villa 20, donde hoy se construyen las viviendas sociales; o sobre el Barrio 31 en Retiro, previo al inicio de su ambicioso programa de urbanización; la mayoría de los censados vienen del interior o de países limítrofes, producto de los procesos de migración interna y externa que buscan mejores oportunidades en la Ciudad. La respuesta del gobierno porteño ha sido siempre buscar una solución habitacional que resuelva esas necesidades.
Ninguna provincia del interior tiene villas, asentamientos o barrios populares de la densidad poblacional como las que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Mucho menos que con los recursos que recibe del Fonavi y otros, haya encarado un proceso de inversión tal, que permita su integración socio-urbana de la manera integral como la que se viene llevando a cabo desde la administración porteña hace ya varios años, donde el impacto que tiene el Fonavi sobre el total de recursos que la Ciudad destina es ínfimo. Ninguna otra provincia puede demostrar que hace una inversión semejante con recursos propios.
En las asambleas del Consejo Nacional de la Vivienda, su proceso de urbanización es visto como ejemplo y los funcionarios capitalinos a cargo, han viajado en varias oportunidades a capacitar y contar su experiencia de éxito a los institutos provinciales de vivienda de las provincias, en un claro ejemplo de colaboración federal. La buena administración de los recursos federales no debe ser penada con recortes de coparticipación. La mirada no debe ser parcial y tiene que contemplar todos los recursos disponibles y coparticipables en su conjunto. Mucho menos puede ser prenda de banderías y revanchismos políticos que busquen menoscabar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La equidad debe ser la premisa básica de convivencia democrática de un sistema federal de gobierno. Ya lo dice el viejo refrán: "Cuentas claras, conservan la amistad".
*El autor es ex Secretario de la Vivienda de LA Nación
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