Ley de educación ambiental. Por qué es importante para las nuevas generaciones
Se trata de la llamada “ley Pino Solanas”
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Los diputados dieron un paso fundamental el 27 de marzo pasado con la media sanción de una ley que establece el derecho a una Educación Ambiental Integral (EAI) gratuita, federal y apartidaria. “Estamos más cerca de saldar una deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo”, escribió al día siguiente el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. El objetivo era “generar cambios sustanciales en la sociedad, brindar herramientas, información y alternativas para el uso sostenible de los recursos naturales sin hipotecar el futuro”.
En los últimos 15 años, diferentes iniciativas del arco político intentaron legislar la obligación de incluir la problemática del medioambiente en la currícula estudiantil. Finalmente se concretó el pasado mes de marzo con un amplio consenso.
La EAI será obligatoria en la currícula y asegurará un piso mínimo de actividades y contenidos en todo el país, con vistas al “ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso” en todos los niveles del sistema. Se promoverán abordajes holísticos (para comprender la interdependencia de los elementos que interactúan en el ambiente), equitativos (la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia deben regir la relación con la naturaleza), de igualdad de género (contemplarán las teorías ecofeministas), participativos (propiciarán el acceso a la información y las actividades locales), críticos e innovadores.
Una Coordinación Ejecutiva con representantes de los ministerios de Educación y Ambiente fijará directrices, prioridades y recursos para diseñar los programas de capacitación docente, elaborar lineamientos con base científica y tecnológica, formar a los empleados públicos, articular con las ONG especializadas e impulsar campañas públicas de comunicación. Tendrá el apoyo, además, de un consejo consultivo de organizaciones indígenas, docentes, juveniles, universitarias, de guardaparques y de recicladores.
Saldar deudas
La paradoja es que en los 13 años que lleva al frente de la Casa Rosada, el kirchnerismo no logró resolver una de sus contradicciones constitutivas. La agricultura transgénica, la ganadería industrial, la minería a cielo abierto y los grandes desarrollos inmobiliarios siempre se movieron entre dos polos –al menos ahora, al menos acá– irreconciliables: desarrollo versus preservación. Como si la creación de empleo no pudiera darse sin la destrucción de bosques, humedales, valles y deltas.
“Ni la megaminería ni el extractivismo agrícola-ganadero son modelos de desarrollo”, dice el diputado nacional Leonardo Grosso (Movimiento Evita), en un ejercicio de autocrítica infrecuente para el Frente de Todos –o, para ser justos, para cualquier fuerza política mayoritaria en Argentina–. “Nos dijeron que los transgénicos iban a ayudar a acabar con el hambre en cinco años, pero ahora el mundo es un lugar más hambriento, pobre y desigual”. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja alerta sobre los hilos invisibles que hacen a los problemas estructurales. No es casualidad, recuerda, que las inundaciones afecten a los más postergados: “Sin justicia social no hay justicia ambiental”.
Aunque da estas discusiones al interior de su banca, también advierte que se trata de asuntos no saldados en todos los niveles, desde la militancia popular hasta la gestión de los estados emergentes. “El desarrollo latinoamericano de los últimos años fue intenso, con distribución de la riqueza y crecimiento económico, pero arraigado en lógicas extractivistas”, resume. “Hay que discutir eso”. Los cambios reales llegarán a largo plazo, no sin resistencias, pero siempre mirando los problemas de frente. Grosso señala un camino posible: la educación como una herramienta para la apertura de problemas y no como bajada de línea.
Tiempo de descuento
En los últimos tres lustros, el Congreso Nacional vio pasar proyectos para una ley de educación ambiental de todo signo y color. Al momento de la media sanción, había 11 vigentes. El consenso era aparente, pero no se concretaba, hasta que la sesión especial de fines de marzo cosechó 215 votos afirmativos, 7 negativos (todos de Cambiemos) y 18 abstenciones. Lo había hecho posible una mezcla de decisión política, militancia callejera y viralidad en las redes. “Alberto se comprometió a enviarlo después de una reunión con las ONG en la Quinta de Olivos”, cuenta Grosso, que propuso referirse a la norma como “ley Pino Solanas”, en homenaje al hombre que puso el medioambiente en el centro de sus preocupaciones vitales, políticas y artísticas. Un gesto simbólico que todos y todas honran en el recinto.
Es central que el Estado asuma la función de educar en materia ambiental, que brinde materiales y capacitación.”
— Gisela Scaglia
Aunque Grosso celebra que “fue una discusión de mucho acuerdo con todos los bloques”, el financiamiento fue uno de los puntos críticos. Al cierre de esta edición, la EAI no tenía presupuesto asignado. Tampoco se había especificado cómo –ni con qué docentes– se dictaría la nueva asignatura. “Los recursos para capacitar ya existen”, asegura el diputado. “Hay que crear contenidos y reorganizar estructuras. La política pública se tiene que gestar en cada provincia. Esto está pensado como un derecho de les estudiantes”. El dictado arrancaría en 2022, después de que el Consejo Federal de Educación avance en las precisiones sobre contenidos y formación docente.
“Es central que el Estado asuma la función de educar en materia ambiental, que brinde materiales y capacitación”, había advertido Gisela Scaglia (PRO), autora de uno de los proyectos. “Estamos jugando en tiempo de descuento. Esta tiene que ser una de las principales políticas de Estado del siglo XXI”. El Poder Ejecutivo debía asumir las tareas que –con más o menos recursos y éxito– venían asumiendo las organizaciones civiles.
La principal impulsora en redes fue Eco House, que armó una campaña con educadores, estudiantes e influencers que se acerca a las 60.000 firmas en Change.org. “El ambiente debe estar en el mismo lugar que lo económico y lo social, con un equilibrio en las tres patas”, coincide Máximo Mazzocco, titular de la ONG. Llevan una década reuniéndose con diputados, senadores y ministros, a quienes muestran su trabajo: capacitaciones en mil escuelas y a más de 70.000 alumnos, desde salita de tres hasta sexto año del secundario, con talleres dinámicos que hablan de biodiversidad, cambio climático, cuidado del agua y economías alternativas.
En el trayecto se toparon con algunos obstáculos. “Nos pasó de no poder hablar de agrotóxicos en varias escuelas”, se queja Mazzocco. Más allá del rol formal que la ley fija al Estado, la organización pide asientos en las mesas de discusión para pueblos originarios y comunidades marginadas, además de una revalorización del rol docente.
En ese escenario ideal habrá un piso común (“todas las escuelas deberían tener huerta y molino eólico”) y una implementación flexible, con contenidos de consumo responsable en los entornos urbanos y de agroecología en las escuelas rurales. El cambio climático es el eje transversal que no debería negociarse, para desterrar de una vez y para siempre “el egoísmo intergeneracional y la falta de solidaridad con el que viene”.
“La prioridad tiene que estar en la crisis del cambio climático, que es multicausal y multidimensional”, confirma Grosso. “Comprender sus distintas perspectivas es un proceso de aprendizaje largo, que también permite trabajar la economía circular, la basura como problema –o solución–, los incendios de bosques, la biodiversidad y el cuidado del agua”. En tiempos en que nadie escucha a nadie, las coincidencias son alentadoras. Para seguir en esa senda, el diputado explora las implicancias filosóficas: “Necesitamos cambiar el paradigma de concepción de la vida entera. Las personas, las sociedades y la humanidad se tienen que empezar a sentir parte, no dueñas del planeta”.
