A un año del aborto legal, seguro y gratuito
El 30 de diciembre de 2020 se sancionaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta el 30 de noviembre pasado, 32.758 personas gestantes habían accedido a este derecho.
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Ayelén Cisneros
En una madrugada histórica para los feminismos argentinos, el 30 de diciembre de 2020 el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en ley. Este texto, que fue impulsado por el presidente Alberto Fernández, tomaba la mayoría de los puntos consensuados en 2018 cuando se logró la media sanción del proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De esta forma, el heterogéneo y multipartidario movimiento feminista logró tras décadas de lucha que uno de sus reclamos claves fuera oído por el Estado.
La ley 27.610 dispone que toda persona gestante que quiera interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive se encuentra habilitada sin dar explicaciones. Luego del requerimiento de la persona gestante, la institución que la haya atendido está obligada en el plazo de 10 días a cumplir con la prestación. A partir de la semana 15 del proceso gestacional, se puede acceder a un aborto solo si el embarazo es producto de una violación o si se encuentra en peligro la vida o salud de la persona gestante. Por su parte, los profesionales de la salud pueden ser objetores de conciencia, pero deben derivar sus pacientes a otros profesionales que realicen la práctica, y no pueden negarse en caso de que se requiera “atención inmediata e impostergable” por riesgo de vida.
Entró en vigencia el 24 de enero de este año, con el sistema de salud colapsado por el Covid-19 e implementando una campaña de vacunación masiva. Según el Ministerio de Salud de la Nación, 32.758 personas gestantes accedieron a una interrupción del embarazo segura al 30 de noviembre del 2021.
La Campaña reclama la “efectiva implementación” en todo país. Aún falta información sobre cómo acceder al aborto. Actualmente se lucha por las obstaculizaciones ante la justicia de grupos fundamentalistas religiosos: fueron más de 35 las acciones iniciadas. Por otra parte, existen trabas de algunas obras sociales y prepagas para el acceso a la ley, y de los objetores, sobre todo en los casos de interrupciones en el segundo trimestre de gestación. Además, desde la Campaña piden al Estado que se autorice la producción de mifepristona, droga que, combinada con el misoprostol, aumenta la efectividad y genera menos dolor. La marea verde no descansa.
Por Ayelén Cisneros
