Abuso sexual: condenan a un agente penitenciario que violó a una mujer con prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a ocho años y seis meses de prisión por abuso sexual mediante acceso carnal por vía oral agravado contra una mujer que purgaba pena por un caso de trata de personas. El hecho ocurrió en 2019 en La Reja, partido de Moreno, cuando el guardiacárcel Fernando Víctor Alfonzo concurrió al domicilio de la víctima para colocarle la tobillera electrónica de monitoreo, ya que se le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria.

Según consignó el Ministerio Público en su portal de informaciones fiscales.gob.ar, el hecho ocurrió cuando este hombre, quien se desempeñaba como ayudante de 3ª del SPF y cumplía un rol de miembro del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve), concurrió por segunda vez al domicilio de la mujer, el 2 de marzo de ese año, ya que el equipo de monitoreo que le había instalado tres días antes había quedado mal colocado.

Al día siguiente, el 3 de marzo, Alfonzo retornó a la vivienda y, tras extorsionar a la mujer, la obligó a ingresar a su auto, un Volkswagen Bora. Allí abusó sexualmente de ella por vía oral. Ese mes volvió en tres ocasiones a la casa de la víctima. La extorsionaba: la amenazaba con “emitir informes influyentes” negativos para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria si no accedía a sus abyectos deseos.

Tras advertir lo que ocurría, una de las hijas de la víctima la convenció de que denunciara las vejaciones ante las autoridades. La investigación recayó en el Juzgado Federal N°2 de Morón, con intervención de la Fiscalía Federal N°1.

El juicio y la condena

El TOF N°2 analizó los hechos y determinó que configuraban “una forma de ejercicio de violencia contra la mujer, además de estar involucrado un funcionario público encargado del cumplimiento de la ley y de violencia institucional”. Sumado a esto, se expuso la situación de “asimetría” entre víctima y acusado.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se asegure la vigencia de las Reglas de Mandela adecuadas al ámbito de aplicación de las medidas de prisión domiciliaria. Estas reglas, según lo establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación —sobre la base de la norma estipulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, deben cumplir los siguientes principios rectores:

• “Todos los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos”
• “Ningún recluso puede ser torturado ni sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
• “Se debe proteger a todos los reclusos contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes”

Además de los ocho años y medio de cárcel, el TOF N°2 le impuso al condenado la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial, tal como había requerido en su alegato el fiscal federal Alberto Gentili.

También se remitió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (del que depende el SPF) en el que se lo emplazó a “reforzar la capacitación en la materia a los operadores penitenciarios y colaboradores dependientes de la Dapbve. En ese sentido, también se instó a la cartera de gobierno a que se evalúe la conveniencia o no de que el control de la detención domiciliaria de una mujer sea efectuado por un hombre.

Por su parte, la defensa del imputado había pedido la absolución por el “beneficio de la duda”, al entender que “no se pudo probar durante el debate, con el grado de certeza que requiere un temperamento condenatorio, la existencia del hecho imputado” a Alfonzo. Tras el fallo condenatorio, anunciaron que apelarán.