Carreras y sexo: cómo era la sórdida selección de promotoras a las que obligaban a prostituirse en las competencias

Un fiscal federal pidió que dos hombres y una mujer vayan a juicio acusados de contratar a mujeres como promotoras en las más populares categorías del automovilismo argentino para finalmente obligarlas a tener sexo por dinero con distintos organizadores, clientes y empresarios del sector de las competencias.

La elevación a juicio, según informó hoy el portal del Ministerio Público Fiscales.gob.ar, fue solicitada por el fiscal federal N°5 porteño, Franco Picardi, quien tipificó el delito como “trata de personas con fines de explotación sexual”.

Los acusados son Karina Liliana Juárez, alias La Mamu, dueña de la agencia que contrataba a las jóvenes y que pretendía, con un mix de bajos precios y “servicios especiales”, convertirse en la principal proveedora de promotoras para los eventos de automovilismo deportivo; el empresario Raúl Osvaldo Roncayolo, dueño de una importante concesionaria de autos de Pilar, que se convirtió en el principal financista de la agencia, a través de sus contrataciones, y que era quien, junto a La Mamu, elegía “los autitos”, como llamaban a las mujeres que eran empujadas a prostituirse en las carreras.

La investigación, de larga data, se inició en 2018, a raíz de dos denuncias anónimas realizadas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En total, serían aproximadamente 50 las damnificadas, que eran convocadas por la agencia de Juárez para concurrir a los autódromos donde se presentan regularmente el Turismo Carretera, Turismo Nacional, TC Mouras y Turismo Pista. Las jóvenes eran escogidas por su belleza, claro, pero también por sus necesidades económicas. Ese era, precisamente, su punto de quiebre: La Mamu las presionaba para que aceptaran entregar sus cuerpos a cambio de dinero, o perderían el trabajo. Luego eran ofrecidas como “autitos”.

La actividad funcionaba bajo una fachada de legalidad: al menos en la Argentina, carreras y mujeres van de la mano. Pero, según evaluó el fiscal Picardi, “Juárez conminaba a las promotoras para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero con distintos empresarios y, de tal modo, obtener el posicionamiento de la agencia como la mayor y mejor ‘proveedora’”. Sostuvo que “de esta forma, conseguía a su vez un aumento en su rédito económico, pues la agencia no solo seguía ofreciendo promotoras a un precio menor al resto de sus competidoras, lo que le permitía que los sponsors la eligieran —para abaratar costos—, sino que, además, la remuneración baja que obtenían las promotoras, terminaba favoreciendo a que las mujeres necesiten “un extra” a través del ejercicio de la prostitución para poder sustentarse. Asimismo, pese a ocultárselo a muchas de las mujeres en situación de prostitución, Juárez recibía comisiones por los pases, equivalentes al 25% de lo que pagaba el “cliente”.

A las víctimas se les insistía, se las presionaba y hasta se las amenazaba con la pérdida de su empleo para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, según la acusación del fiscal.

Además, se aclaró que la explotación sexual de estas mujeres “no se daba en un lugar fijo, sino a conveniencia de los prostituyentes”, ya sea en las inmediaciones del autódromo donde se disputaba la competencia en cuestión y/o en hoteles ubicados en la ciudad donde se realizaba la carrera de autos.

El target para el reclutamiento de las “promotoras” por parte de la agencia era conciso: se las buscaba jóvenes, con determinado estándar de belleza, necesitadas de recursos económicos o con hijos menores a su cargo. Reunidas algunas de estas características, los organizadores de la maniobra criminal se aprovechaban de las carencias de las chicas para forzarlas a que ejercieran la prostitución, con la amenaza de que, de no acatar las órdenes, perderían su empleo.

Los tres acusados

El 17 de noviembre de 2019, personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina realizó un procedimiento en el autódromo municipal “Juan Manuel Fangio”, de Rosario. Se corría una fecha del Turismo Nacional. En esa oportunidad, se detuvo a La Mamu Juárez y a su chofer, Fabián Eduardo Ferro, alias Chafi. Fueron rescatadas 22 mujeres que trabajaban en el lugar como promotoras publicitarias.

También ese mismo día fue arrestado Roncayolo en su casa de un barrio privado de Pilar. Una vez judicializado el caso y con la intervención del fiscal Picardi, el entonces titular del Juzgado Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, solicitó la detención de la mujer y de los otros dos sospechosos.

Juárez era la cara visible de la agencia de modelos que contrataba a las promotoras, mientras que Roncayolo era dueño de una importante concesionaria y sacaba beneficio para su marca al quedar como “proveedor” de mujeres a empresarios, clientes y hasta corredores. El Chafi Ferro era el encargado habitual de trasladar a las víctimas a las distintas ciudades del país donde se disputaban las carreras. Pero, en algunas ocasiones, el propio Roncayolo llevaba a algunas chicas en su avión particular.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Picardo señaló que en el contexto del automovilismo deportivo regional se observa “una amplia demanda de prostitución, abastecida en oportunidades por organizaciones criminales de diversa magnitud”, a partir de la explotación sexual de personas. Además, destacó que todas las víctimas forzadas a prostituirse eran mujeres, lo cual “no es casual en un contexto de sobrerrepresentación de varones, tanto en el ámbito de los espectadores, como de corredores, empresarios y actores organizativos”.

Las pruebas y el juicio

La investigación incluyó tareas de campo, intervenciones telefónicas y entrevistas con las víctimas. El fiscal Picardi le solicitó al subrogante del Juzgado Federal N°6, Daniel Rafecas, que Juárez y Roncayolo sean enviados a juicio oral como “coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”. En tanto, Ferro fue acusado por los mismos ilícitos, pero en carácter de partícipe necesario.

El fiscal esgrimió que los imputados, en sus diferentes roles, se involucraron desde agosto de 2018 y hasta el 17 de noviembre de 2019 en el funcionamiento de la agencia de modelos que encabezaba Juárez.

“Bajo la apariencia de ser una empresa que promovía el servicio de promotoras en eventos automovilísticos, también operaba como una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, donde mujeres en situación de vulnerabilidad eran reclutadas y, en algunos casos, amenazadas para ejercer la prostitución, bajo control y dirección de sus explotadores”, planteó Picardi.

En tal sentido, también se expuso que las promotoras que no accedían a prostituirse eran “castigadas”: no se las convocaba a futuras carreras. En cambio, se “premiaba” a quienes sí lo hacían, otorgándoles tareas más sencillas y/o mejor remuneradas, como, por ejemplo, “hacer cámara”.

Las promotoras eran nombradas de diferentes maneras, según la función que desarrollaban. Aquellas que brindaban servicios sexuales eran denominadas como “autitos” o “autos”, mientras que las que no practicaban esa actividad se las llamaba “promotoras” o “modelos”.

Juárez le presentaba a Roncayolo las promotoras que podían convertirse en “autitos”, es decir, le mostraba qué mujeres podían encontrarse sujetas a su disposición para que fuesen sometidas a la prostitución.

Explotadas hasta en casas rodantes

Desde la fiscalía señalaron que los traslados con fines de explotación se producían desde y hacia la ciudad de Buenos Aires, donde tenía asiento la agencia investigada, o bien desde el lugar de residencia de las víctimas hasta los puntos del país donde se desarrollaban las competiciones.

También se producían dentro de las ciudades, cuando las promotoras eran transportadas hacia el evento deportivo y hacia los hoteles donde las alojaban por los eventos y donde, además, eran prostituidas. En ocasiones, incluso, la explotación se daba en casas rodantes dentro de los autódromos.

Se detectó que las promotoras en situación de prostitución habrían participado “de al menos dos eventos” en los que habrían sido explotadas, en la ciudad uruguaya de Punta del Este y en la costa atlántica.

La selección

A través de los testimonios evacuados por las víctimas, se pudo determinar que Juárez entablaba video llamadas con Roncayolo y filmaba de cuerpo entero a las mujeres, mostrándoselas y exhibiéndolas para que éste último pudiera conocerlas y así permitirle seleccionarlas de antemano. En el mismo sentido, pudieron destacarse otras situaciones en las que, dentro de la organización, Juárez le presentaba a Roncayolo las promotoras que podían convertirse en “autitos”, es decir, le mostraba qué mujeres podían encontrarse sujetas a su disposición para que sean sometidas a situación de prostitución. En efecto, las promotoras eran nombradas de diferentes maneras, según la función que desarrollaban. Es decir, aquellas que brindaban servicios sexuales eran denominadas como “autitos” o “Autos”, y a quienes no practicaban esa actividad se las sindicaba como “promotoras” o “modelos”.

Como quedó dicho,

En efecto, la presentación transcribe un conjunto de diálogos que grafican no solo las presiones ejercidas sobre las mujeres para que accedan a mantener contactos sexuales, sino también la necesidad de que –a la hora de efectuar el reclutamiento- ingresen mujeres con hijos, de tal forma que se encuentren en una situación de mayor debilidad a la hora de hacer frente a las exigencias de los imputados. “Es bueno que tenga un nene, que necesite”, le indica un imputado a otro en una de las escuchas. En otra conversación, uno de los acusados le indica a una promotora: “si venís la semana que viene no te hagas la pelotuda…y te digo, si vos querés trabajar conmigo en el autódromo voltéalo al viejo la semana que viene (…) o estas con O. o directamente no le hables más a él ni a mí”.

En base a una perspectiva de género, la Fiscalía concluyó la existencia de una relación de poder abusiva y desigual erigida sobre distintas víctimas, y que los imputados lograron incidir sobre la autodeterminación de éstas en base a la amenaza concreta, como mínimo, de perjudicarlas en su estabilidad laboral.