Caso García Belsunce: 48 horas antes del inicio, postergan el juicio a Nicolás Pachelo, exvecino de la víctima

Dos días antes de la fecha pautada para la primera audiencia, fue postergado el inicio del tercer juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce, crimen ocurrido hace casi 20 años en el country Carmel, en Pilar, donde debían ser juzgados Nicolás Pachelo, exvecino de la víctima, y dos exvigiladores del barrio privado donde sucedió el asesinato.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, a cargo del debate e integrado por Osvaldo Rossi, Federico Ecke y Esteban Andrejin, ante el Covid-19 positivo de uno de los jueces que tiene que intervenir en el juicio.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. Pachelo, que el mes próximo cumplirá 46 años, y los exvigiladores de Carmel Norberto Glennon y José Ramón Ortiz, están acusados de los delitos de “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado”, delitos que prevén una pena de prisión perpetua.

Pachelo es el único de los tres acusados que está detenido. Pero no está preso por el homicidio de García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 y por el que fue indagado en 2017, sino porque desde 2018 cumple prisión preventiva en el marco de otra causa en la que lo detuvieron por ocho robos y hurtos en countries, y por la que será sometido a un segundo juicio por el mismo TOC 4 una vez culminado el de García Belsunce.

Los fiscales tenían la intención de juzgarlo primero por los robos en los countries, en su mayoría ocurridos en la Semana Santa de 2018, y después por el crimen de Carmel para poder demostrar un “modus operandi” similar a pesar de los años transcurridos entre el homicidio de García Belsunce y los golpes en barrios privados como el exclusivo Tortugas Country Club.

“Habida cuenta que en el día de la fecha se solicitó licencia médica al Área de Sanidad Departamental por parte de uno de los integrantes del tribunal, en razón del resultado positivo de un test para Covid-19, a fin de prevenir la transmisión de la enfermedad y proteger la salud de todas las personas involucradas en el servicio de justicia, posibilitando su prestación en forma segura, respetando las recomendaciones y directivas sanitarias emanadas de las autoridades oficiales competentes, es que deviene imposible dar inicio del debate, por lo que habrá de postergarse”, se sostuvo en la notificación que recibieron cada una de las partes que participarán del debate y a la que tuvo acceso LA NACION.

Además, en la notificación, se dio aviso que las partes serán convocadas para “establecer las pautas generales, designación del juicio oral [sic], forma de participación de los imputados, modo en que recibirá la prueba testimonial, estimación de la duración de las jornadas y toda otra cuestión que requiera tratamiento y gestión previa”.

El inicio del juicio estaba previsto para pasado mañana a las 10 en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, donde ya se hicieron los otros dos debates por el caso, en 2007 y 2011. La postergación del juicio se da en medio de una disputa entre el tribunal y el Ministerio Público Fiscal.

Ante una presunta “pérdida de imparcialidad”, el Ministerio Público Fiscal (MPF) recusó al tribunal y pidió una serie de nulidades. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro y el Tribunal de Casación bonaerense tienen que resolver los planteos presentados por los fiscales.

Cuando comience el debate, el MPF estará representado por los fiscales Andrés Quintana, Federico González y Matías López Vidal. En los últimos días, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, amplió el equipo de trabajo para el juicio y sumó a uno de sus adjuntos, Patricio Ferrari, y al fiscal Diego Callegari.

Testigos

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro debe resolver la recusación planteada por los fiscales. Los representantes del Ministerio Público consideraron que los jueces actuaron con falta de objetividad y de manera arbitraria en una serie de decisiones que ellos consideran que les impide probar su hipótesis y que, según fuentes de la fiscalía, podrían estar vinculadas a “una absolución decidida de antemano”, según informó la agencia de noticias Télam.

Además, el Tribunal de Casación Penal bonaerense debe resolver un planteo que hizo el MPF después de que el TOC N° 4 les rechazara el llamado de una serie de testigos para el debate. Los fiscales entienden que los testigos propuestos son claves para demostrar la hipótesis en que basan la acusación contra Pachelo.

Carlos Carrascosa, el marido de García Belsunce, pasó de ser acusado y condenado a testigo del juicio y particular damnificado. En diciembre de 2020, la Corte Suprema de la Nación cerró la acusación contra el viudo: rechazó el último recurso y dejó firme la absolución del viudo, que en 2007 había sido condenado como presunto coautor del homicidio de su esposa.

Poco antes, se había conocido el dictamen del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, que había opinado que debía ser desestimada la última presentación que hizo el Ministerio Público Fiscal bonaerense contra la absolución de Carrascosa, fallo dictado en 2016.

En 2007, en el primer juicio por el homicidio de García Belsunce, Carrascosa había sido condenado por el encubrimiento del asesinato. Pero en 2009, el Tribunal de Casación bonaerense consideró que había sido coautor del crimen, modificó el fallo de primera instancia y envió al viudo a prisión.

Tras siete años de apelaciones, la Corte Suprema nacional ordenó una revisión integral de la causa y en 2016 un nuevo fallo detectó graves irregularidades en el proceso, absolvió a Carrascosa y le otorgó la libertad.

En 2011 hubo un segundo juicio donde En un segundo juicio, en 2001, fueron juzgados familiares de María Marta, un vecino de Carmel, la masajista Beatriz Michelini y el primero de los dos médicos que revisó a la víctima, que no advirtió que había sido asesinada de cinco balazos.

Michelini fue la única de ese grupo de imputados que resultó absuelta en el juicio oral que terminó con las condenas por encubrimiento contra García Belsunce (h.), John Hurtig y Guillermo Bártoli [falleció en noviembre de 2014], hermanos y cuñado de María Marta, respectivamente; el vecino Sergio Binello, y el médico Juan Gauvry Gordon.

Cuatro años después de aquel juicio, la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas de García Belsunce (h.), Hurtig y Binello, pero absolvió a Gauvry Gordon. La acción penal contra Bártoli había prescripto el día de su fallecimiento.

El 3 de mayo de 2016, la Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró la admisibilidad de los recursos presentados por las defensas de Binello, Hurtig y García Belsunce (h.) contra el fallo.

Pero como el máximo tribunal bonaerense no tomó ninguna decisión sobre el recurso presentado por Adrián Murcho, abogado defensor de Binello y de los otros acusados, el veredicto condenatorio dictado el 4 de noviembre de 2011 no quedó firme.

Entonces, ante la falta de resolución del caso y considerando que, según la ley, una persona no puede ser perseguida indefinidamente por un delito y necesita que se resuelva su situación procesal, la defensa de Binello solicitó la prescripción de la acción penal en su contra.

“En la presente causa ha transcurrido, desde el último acto interruptivo [sic], el máximo legal previsto para el delito endilgado a los acusados. En consecuencia, corresponde sobreseer a los imputados”, sostuvo en la última resolución el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de San Isidro al declarar la prescripción de la acción penal.

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