Caso “Pepín” Rodríguez Simón: ¿cómo funciona un pedido de captura internacional?

Tras haber pedido asilo político en Uruguay por considerarse un “perseguido político”, el abogado y exasesor de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, se enfrenta a un pedido de captura internacional ordenado por la jueza federal María Serivini, quien lo declaró en rebeldía y dispuso una inhibición general sobre todos sus bienes.

El pedido de captura dispuesto por la magistrada debe ser registrado por todas las fuerzas de seguridad: la Policía Federal, las fuerzas provinciales, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura. Todas ellas deben contar con la información básica del prófugo, entre ellos, sus datos personales, una fotografía reciente y el hecho por el que se lo busca.

El hecho de que Servini haya elevado el pedido a una captura internacional supone la ampliación en la distribución de imagen y datos del prófugo, lo que incluye a entidades policiales internacionales como Interpol.

Cómo funciona la búsqueda

En términos generales, quien lleve adelante la causa en la cual está imputado, debe buscar al prófugo empezando por los lugares de su propiedad. Para esto, se hace un relevamiento de todos los domicilios registrados por la persona buscada. Esta búsqueda se realiza a través de bases de datos privadas y públicas. Los domicilios de facturación de teléfonos celulares y tarjetas también son clave.

Se intervienen los teléfonos del prófugo y de las personas con las que más comunicaciones haya mantenido durante el tiempo anterior a darse a la fuga.

Otro paso importante para la búsqueda es determinar si el prófugo dispone de vehículos. De ser así, se identifican y se dicta una orden de secuestro de sus autos ante la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. También se difunde esta información a las fuerzas de seguridad. Si el vehículo posee un sistema de rastreo satelital, se activa mediante orden judicial.

El prófugo necesitará alguna forma de sustento económico, al no poder recurrir a las entidades bancarias, que en el caso de Rodríguez Simón se encuentran inhibidas. Por este motivo, los investigadores deben estar al tanto de los movimientos monetarios de las personas más cercanas, por si solicita ayuda.

El expediente en el que Rodríguez Simón es investigado es de alto voltaje político. Los empresarios dueño del Grupo Indalo Fabián de Sousa y Cristóbal López radicaron una denuncia hace más de dos años por las supuestas presiones que habrían sufrido de parte de Rodríguez Simón para que modificaran la línea editorial de sus medios, entre otros elementos que aportaron a la Justicia. El exasesor de Macri dijo que los medios del Grupo Indalo y la Justicia lo persiguen porque él “trabajó para que sus casinos [de Cristóbal López] pagaran impuestos”.