Confirmaron la condena para el narco que controlaba, junto con su hermano, una extensa zona del Bajo Flores

Durante el juicio donde fue condenado a 17 años y medio de cárcel, Fernando Estrada Gonzales, alias Piti, uno de los líderes de la organización criminal que, a sangre y fuego, dominó la villa 1-11-14, en el Bajo Flores fue definido como “la última piezas del rompecabezas” de la “mayor banda narco que ha operado” en la Argentina “por el gobierno territorial y por el tiempo que permaneció en funciones”. Ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal denegó un recurso presentado por la defensa y confirmó la sentencia que había dictado en abril pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°3. El fiscal general Diego Velasco había pedido que fuese condenado a la pena de 24 años de prisión.

Por unanimidad, con los votos de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, el máximo tribunal penal del país resolvió que el recurso de casación no podía prosperar. Los magistrados también entendieron que la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, a cargo del juicio, había sido correcta y no podía ser considerada arbitraria, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“La organización tenía un gran poderío comercial y territorial, manejaba el asentamiento y utilizaba las armas de fuego para generar intimidación”, había sostenido el fiscal general Diego Velasco en su alegato ante los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, a cargo del juicio.

Piti purgó condena por un homicidio cometido en 1988 y luego estuvo más de 12 años prófugo, aunque desde la clandestinidad seguía a cargo del negocio del narcotráfico en el Bajo Flores junto a su hermano y su cuñada. Su captura se ordenó en octubre de 2020 y se entregó, sorpresivamente, en abril de 2023 en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias.

Su hermano, Marco Estrada Gonzales, más conocido como Marcos, fue condenado en 2020 por los jueces Basso, Ríos y Machado Pelloni a la pena única de 24 años de cárcel. En mayo de 2020 fue expulsado de la Argentina y, en medio de un inédito operativo de seguridad, fue trasladado a Perú, su país natal.

Los hermanos Estrada Gonzáles lideraron la venta de estupefacientes en una zona caliente del narcomenudeo. La organización criminal se encargó de la introducción, el almacenamiento, el fraccionamiento y la distribución de marihuana, cocaína y sus derivados, según la acusación del Ministerio Público Fiscal.

Según informó la web de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, el fiscal Velasco explicó que la banda de los Estrada Gonzales fue investigada en distintos expedientes e incluso resaltó que entre todos los procesos en su contra hay alrededor de 180 personas condenadas por su participación en la organización narcocriminal.

Como se sostuvo en el juicio en el que fue condenado Marcos, donde el Ministerio Público también estuvo representado por el fiscal Velasco, a partir de las las evidencias que se expusieron en este debate “se pudo corroborar, sin lugar a dudas, que la organización funcionaba en turnos de 28 días; uno comandado por Marcos y otro por Piti Estrada Gonzales”.

El acusador público recordó la declaración de un “imputado colaborador” que detalló cómo funcionaba la banda. El fiscal consideró que su relato fue ratificándose a partir de testimonios y pruebas incorporadas en el expediente.

“Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023 seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le tocaba”, sostuvo el fiscal Velasco, quien indicó que los hermanos se dividían las funciones para generar “un negocio fructífero” para ambos donde “no se pisaban entre ellos”, según www.fiscales.gob.ar.

En su alegato, el fiscal Velasco exhibió los cuadernos secuestrados en los allanamientos y reprodujo las escuchas telefónicas sobre imputados en otros expedientes vinculados que dieron cuenta de que la organización tenía una estructura con escalafones y que los dos turnos explotaban los mismos puntos de venta.

En los citados cuadernos estaba registrada, a mano, la contabilidad con la “facturación” de la organización criminal. En un turno de 28 días los hermanos Estrada Gonzales llegaron a ganar 958.000 dólares, según la prueba exhibida por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, el fiscal mencionó que tanto Piti, de 59 años, como su hermano imponían su autoridad a través de la violencia y que, debido a eso, en este tipo de causas los vecinos se muestran reticentes o con miedo a declarar.

“Durante 13 años hubo allanamientos, intervención de policías federales, de la Ciudad y de gendarmes: todos explicaron que no solo ellos como personal pudieron identificar la organización, sino que también la gente a la que entrevistaban declaraba que la banda era liderada por los hermanos Estada Gonzales”, dijo el fiscal Velasco, quien en este proceso cuenta con la colaboración de la Procunar y del fiscal Matías Álvarez, que acaba de ser propuesto por el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF).

Mientras estuvo prófugo, Piti manejaba su turno desde Perú. Su sector funcionaba de un modo “más familiar que gerencial” debido a que, al estar lejos, “necesitaba confiar” en las personas que le manejaban el negocio en el territorio.

El sindicado capo narco cumple con la prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz. Fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, por el Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El juicio comenzó el 4 de noviembre pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Piti estaba acusado de haber organizado junto con su hermano, Marcos, y su cuñada, Silvana Salazar, “una asociación integrada por un importante e indefinido número de personas destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína y sus derivados) en grandes cantidades y pequeñas porciones para el consumo individual en el interior y fuera de la villa 1-11-14″.

También fue imputado por el “almacenamiento y uso permanente de todo tipo de armamento, sus piezas, municiones y otros elementos de corte balístico con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que produciría la mayor parte del emprendimiento criminal”, agregaron los voceros judiciales.

En el momento de solicitar la pena, el fiscal Velasco tomó como parámetro la condena que se le había dictado a Marco Antonio Estrada Gonzales, pero también que “tenía pleno conocimiento” de que era buscado desde 2010. A ello le sumó que debía tomarse en cuenta que la organización perduró durante mucho tiempo y a pesar de las diversas acciones que se realizaron para bloquearla, no solo a nivel judicial y policial sino estatal.

“Hacían montañas de basura en lugar de lomos de burro, ponían carteles para tapar las cámaras. Todo para evitar que el Estado pudiera ingresar en el lugar. Manejaban las 7 hectáreas” dentro de la villa 1-11-14, recalcó el fiscal general.

Basso, Ríos y Pelloni habían condenado a Marcos y a Salazar, entre otros narcos, a las penas de 24 y 13 años de prisión, respectivamente. Piti no había llegado a juicio porque, en ese momento, estaba prófugo.

Marcos, su esposa y otros 23 sospechosos habían sido detenidos el 16 de diciembre de 2016 en operativos realizados por detectives de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del por entonces juez federal Sergio Torres, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En la investigación que derivó en las detenciones de diciembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Juan Pedro Zoni y la Procunar.

Por ese expediente, Marcos fue condenado a 17 años de prisión y a pagar una multa 33.750 pesos por considerarlo como coautor penalmente responsable de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y coautor del delito de acopio de armas.

La pena fue unificada con una anterior de diez años de cárcel y, finalmente, Marcos fue condenado a 24 años de cárcel. En 2022 fue deportado a Perú.

“Tres fuerzas de seguridad, la PFA, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era liderada por Marco Estrada Gonzales, Salazar y Piti. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14 [zona también conocida como barrio popular padre Ricciardelli], nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Piti. Esperemos que este juicio logré cambiar algo”, había sostenido en su alegato de ese primer juicio el fiscal Velasco.

Narcotráfico

---

Conforme a