Cayó una familia de ciberestafadores que vaciaban billeteras virtuales

En agosto del año pasado, un tandilense advirtió que le habían hackeado la cuenta de una aplicación de inversiones: le faltaban 30.000 dólares. No era la única cuenta, también le habían vulnerado su correo electrónico y a través de ella accedieron a otras aplicaciones. Urgentemente hizo la denuncia. Ahora, la Justicia llegó hasta los estafadores, integrantes de un clan familiar asentado en la Capital.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, por orden de una fiscalía descentralizada de Tandil –dependiente del Departamento Judicial Azul, de la provincia de Buenos Aires–, realizaron dos allanamiento en San Telmo y Balvanera y detuvieron a cuatro sospechosos de las ciberestafas. Todos eran integrantes de una misma familia comandada por “El jefe”, que tenía antecedentes por este tipo de delitos. Les secuestraron diez teléfonos celulares, nueve notebooks, 19 tarjetas de crédito, US$5000 y un revólver.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, destacó el trabajo conjunto entre la fiscalía especializada y los oficiales de Cibercrimen porque “han logrado desbaratar una banda de estafadores, pero, además, por liderar la labor en este tipo de delitos que, lamentablemente, es lo que se viene. Agregó: “Tenemos una fuerza de seguridad de vanguardia, tanto por su formación y capacitación como por el uso de tecnología para combatir el delito”, agregó.

En la sede del Departamento Central de la Policía de la Ciudad se reunieron el jefe de la Policía de la Ciudad y secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, el fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino; el fiscal a cargo del área de Investigación de Ciberdelitos de Azul, Lucas Moyano, y el superintendente de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, comisario general Carlos Gabriel Rojas.

Kravetz dijo: “la Superintendencia de Cibercrimen cuenta con tecnología de punta y eso nos permite estar ayudando a la Justicia, en este caso la de la provincia de Buenos Aires, para poder desbaratar estabas bandas que delinquen con modalidades nuevas”.

El trabajo de investigación llevó meses y era de tal envergadura que la Unidad Especializada en Ciberdelitos de Azul solicitó la colaboración de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.

En el caso en cuestión, una vez que accedieron a la cuenta de la víctima se transfirieron US$30.000 que después convirtieron a moneda nacional a través de la venta de dólar MEP y sucesivamente los enviaron a distintas cuentas bancarias para realizar el retiro de 31 millones de pesos en efectivo de una sucursal bancaria de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando la víctima del caso mencionado se percató que había perdido el control de su correo y que le habían cambiado la contraseña del fondo de inversión, logró restablecerla a través de la propia aplicación, pero los delincuentes volvieron a hackear las aplicaciones y comenzaron a enviarle repartidores a su domicilio y a llamarlo por teléfono para amenazarlo.

Fue entonces que la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de Azul, correspondiente al Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Moyano, solicitó la intervención de la División Investigaciones Especiales de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad para dar con los autores del delito.

Como resultado de la investigación se corroboró que detrás del ilícito se encontraba una organización criminal compuesta por familiares y allegados, donde el principal investigado poseía antecedentes por estafas reiteradas.

Los investigadores realizaron un análisis exhaustivo de las operaciones bancarias y pudieron establecer que algunas de las cuentas que recibieron parte de los fondos robados se encontraban bajo la titularidad de parientes y allegados de los criminales, una familia organizada para realizar estafas informáticas y desvío de fondos.

Asimismo, se examinaron las direcciones IP de las cuentas que recibieron dinero y los impactos de las antenas telefónicas, lo que permitió determinar que los lugares de retiro de efectivo y las personas investigadas coincidían.

Como consecuencia, la Justicia solicitó cuatro allanamientos, dos de ellos en los barrios de San Telmo y Balvanera, y la detención de los cuatro implicados, entre ellos, el principal investigado y dos mujeres de la familia.

El principal imputado contaba con numerosos antecedentes penales por falsificación de documento privado, asociación ilícita (formaba parte de una banda dedicada a las estafas mediante tarjetas de crédito), encubrimiento agravado por el que le habían dictado prisión preventiva, hurto, fraude y falsificación de moneda, cometidos entre 2002 y 2016.

A su vez, las autoridades secuestraron diez celulares, más de 700.000 pesos, más de 5000 dólares, nueve notebooks, 19 tarjetas, dos CPU y documentación de interés para la causa.

También, encontraron un revólver Smith & Wesson calibre 357 Magnum, por lo que el líder de la banda sumó una imputación por tenencia ilegal de arma de guerra, solicitada por la Fiscalía Este de Flagrancia Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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