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Ciberdelitos en alza: récord de denuncias, WhatsApp como blanco principal y crecen los casos de violencia digital
En 2024 hubo un incremento superior al 21% respecto de 2023, según datos oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia
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LA NACION
La ciberdelincuencia en Argentina alcanzó un nuevo récord en 2024, con más de 34.000 reportes recibidos por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), lo que representa un incremento del 21,1 % respecto al año anterior. Entre las modalidades más reportadas se destacan los fraudes cometidos a través de WhatsApp, que combinan accesos ilegítimos y usurpación de identidad para estafar a contactos de las víctimas.
En paralelo, se registró un preocupante aumento de los casos de violencia digital contra mujeres, especialmente la difusión no autorizada de imágenes íntimas, que ya representa casi una cuarta parte de los reportes por acoso en línea. Además, los accesos ilegítimos a cuentas en plataformas digitales como Mercado Pago, Facebook e Instagram continúan en ascenso, consolidando un panorama cada vez más complejo y desafiante para la seguridad digital.
Desde su creación en 2015, la Ufeci ha sido testigo de una evolución constante en la cantidad y sofisticación de los delitos informáticos. El informe anual 2024, difundido hoy a través de la web oficial del Ministerio Público Fiscal, confirma que la virtualización de la vida cotidiana, acelerada por la pandemia, no solo llegó para quedarse, sino que también consolidó un nuevo piso en la cantidad de maniobras delictivas reportadas.
En total, se recibieron 34.468 reportes, superando ampliamente los 28.456 de 2023 y los 32.395 de 2022. El mes con mayor cantidad de denuncias fue marzo, con 4312 casos, seguido por octubre y diciembre, lo que sugiere una estacionalidad vinculada a períodos de mayor actividad económica o vacacional. La Ufeci destaca que este crecimiento no se debe únicamente a un aumento en la criminalidad, sino también a una mayor conciencia ciudadana y a la adopción masiva de tecnologías digitales.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el uso sistemático de WhatsApp como herramienta para cometer fraudes. En 2024, se registraron 5509 casos vinculados a esta plataforma, divididos entre accesos ilegítimos y usurpación de identidad seguida de fraude. La maniobra más común consiste en engañar a la víctima para que entregue el código de verificación de su cuenta, lo que permite a los delincuentes tomar control de la misma y contactar a sus conocidos solicitando transferencias de dinero. Este tipo de estafa, que combina ingeniería social con suplantación de identidad, ha demostrado ser altamente efectiva y difícil de rastrear. En muchos casos, los contactos de la víctima transfieren dinero antes de darse cuenta del engaño. La Ufeci advierte que esta modalidad representa una amenaza creciente, especialmente para adultos mayores y personas con menor alfabetización digital.
Además de WhatsApp, otras plataformas también fueron blanco de accesos no autorizados. En total, se reportaron 2877 casos de este tipo, siendo Mercado Pago y Facebook los siguientes objetivos más frecuentes. Los atacantes utilizan diversas estrategias, desde el robo físico de dispositivos hasta la instalación de software de acceso remoto mediante engaños telefónicos. Una variante particularmente peligrosa es el “SIM swapping”, que permite a los delincuentes recuperar contraseñas y tomar control de cuentas en redes sociales como Instagram, afectando especialmente a emprendedores y comerciantes que utilizan estas plataformas como canal de ventas.
En 2024, la Ufeci recibió 1458 reportes de acoso digital, de los cuales 340 correspondieron a la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Esta modalidad, reconocida como una forma específica de violencia contra las mujeres tras la sanción de la Ley Olimpia en octubre de 2023, representa el 23,3 % del total de casos de acoso. El informe destaca un aumento sostenido de estos casos a partir de septiembre, con un pico en diciembre. Las víctimas suelen ser extorsionadas para evitar la publicación del material, o directamente expuestas en redes sociales y plataformas de mensajería.
El fraude en línea sigue siendo la modalidad más reportada, con 21.729 casos, lo que representa el 63 % del total. Dentro de esta categoría, el 56 % corresponde a operaciones de compraventa por internet, donde las víctimas pagaron por productos o servicios que nunca recibieron, generalmente ofrecidos a través de redes sociales o plataformas de mensajería. Otro 18 % involucra fraudes bancarios, como accesos indebidos a cuentas y vaciamiento de fondos, mientras que un 10 % se vincula a esquemas piramidales y falsas inversiones.
Una de las variantes más preocupantes es el llamado “Pig Butchering”, una estafa que combina manipulación emocional con promesas de inversión en criptomonedas. Las víctimas son contactadas por redes sociales o incluso por conocidos ya inmersos en el esquema, y convencidas de transferir fondos a plataformas fraudulentas que simulan ser legítimas. En 2024, se reportaron 2204 casos de este tipo en Argentina.
La Ufeci advierte que estas maniobras suelen estar vinculadas a redes criminales internacionales, muchas de ellas con base en Asia, que operan con la colaboración de actores locales. Estas organizaciones, en algunos casos ligadas a redes de trata, captan víctimas mediante falsas ofertas laborales y las obligan a trabajar en centros de estafas digitales. Las plataformas utilizadas suelen estar registradas en países como Singapur, y los contactos iniciales provienen de números telefónicos del exterior.
En muchos casos, las víctimas logran ver acreditaciones ficticias de sus inversiones y hasta retirar pequeñas sumas, lo que refuerza la confianza en el sistema antes de que se concrete el fraude total. Esta modalidad, que comenzó a expandirse desde China en 2019, ha tenido un crecimiento global, con fuerte impacto en Estados Unidos y ahora también en América Latina, impulsado por el uso creciente de criptomonedas y billeteras digitales.
Durante 2024 se registraron 1563 reportes de phishing, una modalidad que continúa vigente aunque con cambios en sus objetivos y métodos. A diferencia de años anteriores, en los que predominaban los correos electrónicos que simulaban provenir de entidades bancarias, en este período se observó un desplazamiento hacia campañas que suplantan organismos públicos. El 65% de los casos se originaron a través de redes sociales o llamados telefónicos, mientras que el 35% restante correspondió a correos electrónicos.
Entre los ejemplos más frecuentes se encuentran mensajes falsos sobre multas de tránsito, citaciones judiciales o requerimientos de actualización de datos biométricos, supuestamente emitidos por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También se detectaron correos que simulaban provenir de la Policía Federal Argentina o de entes vinculados a la verificación técnica vehicular.
Estas maniobras buscan inducir al destinatario a ingresar a sitios fraudulentos o descargar archivos maliciosos, con el objetivo de robar credenciales, datos personales o bancarios. La Ufeci advierte que este tipo de engaños se adapta rápidamente a los cambios institucionales y a la coyuntura, lo que exige una vigilancia constante y una ciudadanía cada vez más informada.
Los ataques de ransomware, aunque menos frecuentes que otras modalidades, mostraron un crecimiento sostenido en 2024, con 26 casos registrados, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior. Esta modalidad se caracteriza por el ingreso de software malicioso que cifra los archivos de un sistema informático y exige un rescate, usualmente en criptomonedas, para su liberación.
En algunos casos, los atacantes también amenazan con divulgar información sensible, en lo que se conoce como “doble extorsión”. Según la Ufeci, el 57 % de las víctimas pertenecen a sectores críticos como organismos públicos, servicios de salud, energía y comunicaciones. Desde 2022, la unidad ha intervenido en 67 casos, muchos de ellos con cooperación internacional, especialmente con Interpol. Los atacantes suelen apuntar a entidades con capacidad económica, como laboratorios, obras sociales o empresas de gran porte, con la expectativa de obtener pagos significativos a cambio de la recuperación de los datos comprometidos.
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