El falso “subcomisario Gutiérrez” y las estafas hechas por presos desde las cárceles

MAR DEL PLATA.- Delincuentes detenidos en dos cárceles próximas a Mar del Plata y en otra prisión en Olmos, La Plata, quedaron imputados como parte de una asociación ilícita que, desde sus celdas, ejecutaba estafas virtuales y, en algunos casos, también coordinaba robos en domicilios a partir de datos obtenidos de las propias víctimas, siempre mediante engaños hechos con llamadas telefónicas.

El fiscal Mariano Moyano, que llevó adelante la investigación que ató cabos y pudo vincular a estos delincuentes que operaban en conjunto a pesar de estar privados de libertad y a distancia, no solo les imputa la conformación de una asociación ilícita, sino que en su requerimiento remarcó “la urgente necesidad de que las autoridades respectivas dispongan la prohibición del uso de aparatos de telefonía celular por aquellas personas alojadas en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires”.

Los análisis de comunicaciones solicitadas a operadoras de telefonía permitieron confirmar que, entre junio y julio, los sospechosos realizaron 5158 llamadas a distintos puntos del país y entre agosto y octubre, con otro número de abonado, otras 5283. Todas las comunicaciones se hicieron desde la Unidad Penal N° 1 de Olmos, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Un “call center”, lo definió el funcionario judicial.

Los allanamientos ordenados alcanzaron ese establecimiento penitenciario y las unidades penales 15 y 44, ambas de Batán, a 17 kilómetros al sur de Mar del Plata. Los equipos telefónicos secuestrados en Olmos estaban en la celda donde se alojaba a quien fue identificado como Hugo Carlos Miguel. Se lo conoce como “El gitano” y tiene un largo historial tras las rejas: lo condenaron en 2010 a reclusión perpetua por asesinar a una de varias jubiladas a las que las asaltaban para quedarse con lo que cobraban de pensión y ahorros. Llegó a fugarse de la cárcel de Florencio Varela y lo detuvieron poco después en Uruguay, desde donde fue extraditado.

Las medidas ejecutadas en las otras dos alcanzaron a Alejandro David Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Ezequiel Villalba, señalados como cómplices de los delitos de asociación ilícita, estafas y robo agravado.

Los delincuentes utilizaban distintas estrategias de engaño, según se pudo constatar a partir de medidas de registro ordenadas por la Justicia. Ante las víctimas, desde el otro lado de la línea, se hacían pasar por gerentes de banco, autoridades policiales o un familiar víctima de un delito que pide que paguen una suma de dinero para ser liberado.

LA NACION pudo acceder a extractos de algunas de esas grabaciones, utilizadas en la Justicia a modo de prueba.

En la investigación bautizaron a esta organización como “Gutiérrez is mai neim”, en referencia a una reciente serie que se puede ver en una plataforma de streaming. Es que uno de los personajes recurrentes en estas llamadas de engaño es uno que se presenta como el “subcomisario Gutiérrez”, como se llamaba en la ficción el personaje del actor Darío Barassi.

Se comunicaba con las víctimas, las inducía a dar pistas sobre nombres de algún familiar y desde allí avanzaba en la construcción de una historia que llevaba a que les liberaran dinero o admitieran recibir en su domicilio a un enviado. En este último caso, esa visita finalizaba con un robo, a cargo de cómplices que operan extramuros.

Moyano, que está al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 13 del Departamento Judicial Mar del Plata, especializada en delitos contra la propiedad, detalló que esta suerte de call center operaba desde Olmos y tenía ramificaciones en Batán. Así lo pudieron comprobar por los contactos entre las líneas telefónicas de los equipos secuestrados en las celdas de los acusados.

El representante del Ministerio Público concluyó que la red de estafadores funcionaba con grupos que operaban como “células” en distintos puntos del país. El fiscal no consiguió una plena trazabilidad de todos los delitos cometidos, pero sí encontró elementos probatorios para vincularlos con otros que pudieron ser esclarecidos.

Con los engaños conseguían transferencias bancarias o avanzaban con robos en domicilios; en estos últimos casos, mediante el envío de delincuentes que se presentaban como supuestos policías o funcionarios judiciales, guiados por quien previamente había contactado telefónicamente a la víctima.

Había dos formatos recurrentes, según se constató con las escuchas: la llamada desde la cárcel la hacía quien se presentaba como “subcomisario Gutiérrez”, le decía a la víctima que un familiar había atropellado a una mujer embarazada, que estaba detenido y que iba a ir alguien a su domicilio para retirar dinero con el que se pagaría la fianza para la libertad.

El otro, más conocido, era tomar contacto y recurrir a una segunda voz que, con desesperación, pedía ayuda y se hacía pasar por un hijo, sobrino u otro familiar. Mediante el arte del engaño conseguían que varias víctimas tomaran esos gritos como reales y aceptaran realizar pagos, vía virtual o en efectivo, según el caso.

Una tercera historia tenía como punto de partida un contacto desde la supuesta gerencia de una entidad bancaria para pedir que billetes en dólares declarados vencidos y fuera de circulación fueran entregados a un empleado que los iba a retirar para cambiárselos por otros de nueva denominación: falsedad y engaño de punta a punta.

El fiscal Moyano reclamó que la restricción de uso de teléfonos celulares para los internos alojados en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires se materialice con urgencia “en pos de procurar evitar que se sigan planificando y ejecutando hechos ilícitos como estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados” desde esas dependencias penitenciarias.

EstafaServicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

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