Como en los aeropuertos: instalarán escáneres en las cárceles de Santa Fe para evitar que entren celulares, drogas y armas

En tres cárceles de Santa Fe, que agrupan al 80% de los internos, instalarán escáneres como los que hay en los aeropuertos e inhibidores de señales para impedir el ingreso de armas, drogas y teléfonos celulares a las prisiones.

Lo que se busca es cortar el vínculo entre los jefes de las bandas narco más “pesadas” y sus lugartenientes que están libres y son quienes reciben las órdenes para llevar adelante ataques a balazos y asesinatos.

En las investigaciones de crímenes con sello narco se repite un patrón: las órdenes para ejecutar a las víctimas provienen desde las cárceles. Sucedió el 21 y 23 de febrero pasado, cuando sicarios ejecutaron primero a Javier Procoop, a quien presuntamente confundieron con su hermano Marcelo, que fue asesinado tres días después en el sepelio de su hermano en el cementerio San Lorenzo, de Villa Gobernador Gálvez.

La orden para matar a estos dos hombres, según la investigación del fiscal Gastón Ávila, partió desde la cárcel de Piñero, de un lugarteniente de Ariel Cantero, el líder de Los Monos que está detenido en la prisión federal de Marcos Paz. La trama detrás de las muertes se desarrolla en el mercado de cocaína de Villa Gobernador Gálvez, donde aún quedan restos del clan Bassi, enemigos históricos de Los Monos.

El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, anunció –en diálogo con LA NACION- que las tres cárceles más populosas, como Coronda, Piñero y Las Flores, contarán con body scanners para detectar elementos que puedan entrar escondidos a las penitenciarias. También se instalarán inhibidores de señal para bloquear las comunicaciones con celulares.

“El sistema de body scanner es el que se utiliza en algunos aeropuertos. Son aparatos especiales por los cuales pasan las personas y detectan la presencia de objetos. Esto nos brindará muchas posibilidades que hoy no tenemos en las requisas de visitas y de empleados del Servicio Penitenciario. Los celulares, la droga y todo lo demás no caen del cielo. Ingresa por algún lugar y con estos sistemas podremos ir neutralizando esta situación”, afirmó el funcionario. También se comprarán escáneres móviles para utilizarlos en las requisas en los pabellones.

“Este martes tuvimos una reunión con toda la línea gerencial del Invap para que desarrollen los body scanners, que son parecidos a los provistos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria [PSA]. Sin tecnología es imposible combatir el delito dentro de las cárceles”, apuntó Gálvez.

“Si entra un ladrillo de marihuana a la cárcel es porque adentro hay fraccionamiento, distribución y venta. Se mueve mucho dinero en los paneles”, comentó el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de Santa Fe, y agregó que “la droga y los celulares entran en las cárceles, en un 95% de las veces, porque los ingresan las visitas o trabajadores penitenciarios”.

La nueva vía para dar órdenes

Gálvez advirtió que hay connivencia con el delito dentro de los penales, donde internos están sospechados de instigar balaceras, amenazas y asesinatos. Contó que a veces los presos de alto perfil preparan “un WhatsApp” en sus teléfonos y los empleados penitenciarios los llevan a un área con señal para que lleguen a destino.

“Hay un negocio fenomenal detrás de las fallas de los controles. Hay empleados fieles e infieles. De enero a la fecha secuestramos 1600 teléfonos en requisas propias y en otras instruidas por fiscales”, afirmó.

En las cárceles las órdenes se dan a través de smartphones, ya no a través de llamadas, sino por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal, entre otras, por lo cual las intervenciones telefónicas ya no tienen mucho sentido. Las investigaciones se hacen más complejas. Sin el aparato móvil los fiscales no pueden acceder a la información que tiene el teléfono.

El incremento de las requisas y allanamientos en las cárceles tienen como objetivo neutralizar el esquema de comunicación que funciona intramuros de manera aceitada. Lo usan los jefes de las principales bandas de Rosario que están tras las rejas, como Los Monos, los Funes, los Camino, Alvarado o Bay, entre otros. Pero cada vez es más complicado hallar teléfonos que sean importantes para las pesquisas. “Muchas veces los teléfonos que se secuestran están en desuso o son destruidos a propósito”, contó una alta fuente policial.

En julio pasado fue allanado tres veces el pabellón Nº9, donde está alojado el narco peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, que, se sospecha, está detrás del crimen del exconcejal Eduardo Trasante, que fue ejecutado dentro de su casa. Los allanamientos tenían como objetivo secuestrar los teléfonos de Granthon para confirmar si él había dado órdenes para matar a Trasante. Minutos antes que entraran los efectivos policiales el narco peruano destruyó su móvil. Lo hizo dos veces. El aparato debió ser enviado a la Policía Federal en Buenos Aires para que se pudiera recuperar la información.

Crítica superpoblación

La situación de las cárceles de Santa Fe es problemática desde hace tiempo. En solo cinco años la sobrepoblación de presos aumentó de manera drástica. Aunque los delitos más comunes, como los robos, siguen en un promedio similar de 46.000 por año –según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación-, la cantidad de presos se duplicó cuando se puso en funcionamiento el nuevo sistema procesal penal, que le dio mayor rapidez y fluidez al tratamiento de los casos.

En 2014 la capacidad del sistema penitenciario provincial era de 2839 internos y en los penales santafesinos había en diciembre de ese año 2818 reclusos. La población pasó en febrero de 2020, cuando llegó al pico de mayor cantidad de presos, a 6715 internos, según datos oficiales del Servicio Penitenciario.

En solo dos años, entre 2014 y 2016, se sumaron 1626 presos, a un promedio de dos por día. En ese momento la cantidad de detenidos alcanzó los 4465. La espiral de ingresos a las cárceles no se detuvo hasta ahora, con una población carcelaria joven, que en un 80% está en la franja de 18 a 32 años, con un rasgo particular del perfil de recluso: en su mayoría es debutante en materia delictiva, según señaló Gálvez. A estos presos más nóveles se sumaron, desde 2014, los principales jefes de bandas narco, que hoy son los que ordenan con sus teléfonos las ejecuciones.