Conmocionantes casos de violencia: condenaron a los asesinos de dos niños abusados y golpeados dentro de sus casas

En febrero de este año la sociedad se conmovió al escuchar el relato judicial del sufrimiento diario de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa. Impactó el daño y dolor que durante mucho tiempo provocaron en el menor su madre y la pareja de esta. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua por los diferentes agravantes que tuvo un crimen al que se llegó luego de varias advertencias no tomadas en cuenta por autoridades, médicos o docentes. Esa sucesión de golpes cotidianos que derivaba en forma anormal a Lucio a hospitales no fue advertido en ese caso. Tampoco en otros expedientes de extrema violencia intrafamiliar. El calvario de Lucio no es un hecho aislado en nuestro país. Así lo demuestran condenas definidas en Córdoba y Entre Ríos en los últimos días frente a situaciones similares a las del homicidio del niño pampeano.

En Córdoba se resolvieron las sentencias por el asesinato de Emiliano Messa. Tenía apenas dos años y diez meses. Por esa muerte fueron condenados su madre, Ana Yael Piedra, y su padrastro, Jonathan Fernández, a 10 y 23 años de prisión, respectivamente. El pequeño fue folpeado hasta morir en la localidad de Villa Nueva, a 120 kilómetros de la capital provincial, en diciembre de 2021, apenas un mes después del asesinato de Lucio.

El jurado popular citado en los tribunales de Villa María determinó el pasado viernes que Fernández era culpable de homicidio simple con lesiones gravísimas. Estaba al estaba cuidado a Emiliano cuando le dio la golpiza que derivó en una internación y en la muerte. la madre del menor, en tanto, fue sentenciada por lesiones gravísimas calificadas por el vínculo, pero fue absuelta de la acusación de homicidio.

El fiscal de cámara, Francisco Márquez, había pedido perpetua para el padrastro y nueve años de prisión para la mujer. El abogado querellante, Gonzalo Ferreras, reclamó para ambos la perpetua. Planteó que estaba “probado” que antes de la golpiza del 21 de diciembre, la pareja golpeaba al menor “sistemáticamente”.

El representante del Ministerio Público comentó que todos los peritajes evidenciaba esa situación de maltrato y agregó: “Es lo que determinó el Hospital de Niños de Córdoba cuando encontró la sintomatología compatible con el abuso infantil crónico, psicológico y físico”.

En los alegatos, la defensora de Fernández, Ivana Castoldi, planteó que el hecho que causó la muerte de Emiliano fue “un trágico accidente”, y el letrado de la madre del niño, Jorge Bustos, reiteró que no se la podía acusar por homicidio ya que ella estaba a 40 cuadras del lugar.

Emiliano vivía con su madre y su padrastro en un departamento, donde según probó la investigación, era sometido a sistemáticamente a violencia física y psicológica. A fines de diciembre del 2021 ingresó al Hospital Pasteur de Villa María con graves lesiones en la cabeza; Piedra y Fernández quedaron detenidos y declararon que había sido “un accidente”.

La Cámara del Crimen de Villa María dará a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 18 de agosto; el tribunal dividió en dos la causa: consideró las reiteradas lesiones que Emiliano sufrió en sus dos años y, por otra parte, analizó la golpiza del 21 de diciembre que provocó su muerte. Al igual que lo ocurrido con Lucio en La Pampa, en el caso cordobés también hubo señales de alerta representadas por las reiteradas lesiones.

En Entre Ríos, en tanto, condenaron a prisión perpetua a la mujer que llegó con su hijo de dos años sin vida a la guardia del Hospital de Gualeguaychú. Macarena Ortíz, madre de Tahiel Mossou, fue declarada culpable por un jurado popular y condenada a prisión perpetua.

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y jueza técnica, Alicia Vivian, fue la encargada de presidir la audiencia de cesura en la que estableció pena de prisión perpetua a la mujer de 26 años, madre del pequeño asesinado en mayo de 2022. Fue declarada culpable por un jurado popular por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía.

En la audiencia de cesura, el fiscal Lisandro Beherán pidió la pena de prisión perpetua para Ortiz mientras que su defensor, Pablo Ledesma, planteó su inconstitucionalidad y solicitó morigerar la pena por considerarla “víctima de violencia”. La jueza se expidió en favor de lo solicitado por la fiscalía, mientras que la defensa pública adelantó que apelará la pena .

Tal como pasó en los otros casos consignados, el calvario de Tahiel quedó expuesto durante las jornadas del juicio por una causa que comenzó a las 8 del 2 de mayo de 2022, cuando Ortiz ingresó a la guardia del Hospital Centenario, de Gualeguaychú, con su hijo de dos años en brazos. El menor estaba muerto.

Apenas revisaron el cuerpo, los médicos entendieron la profundidad de la tortura que había precedido al trágico final. Golpes en la cara y en pecho, sangre en la nariz y el oído, y excoriaciones de reciente y vieja data en brazos y piernas. La mujer, impávida, no podía explicar semejante cuadro. Terminó presa, al igual que su pareja, con la que convivía, junto con otros seis menores de entre seis meses y 12 años, en el barrio La Cuchilla.

El padrastro no llegó a juicio. Luis Ferreyra, de 38 años, se suicidó en la celda poco después del arresto.

El cuerpo del niño mostraba claros indicios de haber sufrido violencia doméstica. Inmediatamente, se dio intervención a la Defensoría y al Ministerio Pupilar, como así también al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf). Desde ese organismo negaron haber recibido alguna denuncia que habilitara una intervención para preservar la integridad del niño. La familia, en cambio, denunció en los medios de comunicación que no obtuvieron respuesta ante el incesante pedido de ayuda: “Si me hubieran escuchado, si el Copnaf hubiera actuado, esto no hubiese pasado y no tendría a mi nieto muerto”, dijo conmovida al terminar el juicio la abuela de Tahiel, Fabiana Magallan.

El menor contaba con internaciones previas en el hospital local por infecciones originadas por la presencia de sarna en su organismo, quemaduras por agua caliente y una derivación al servicio social por alto riesgo debido al mal estado de higiene y la carencia de vestimenta y calzado. Señales de peligro que también fueron ignoradas.